Carmen Calvo, quien fuera vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez, deja su acta de diputada del PSOE en el Congreso debido a que será próximamente nombrada nueva presidenta del Consejo de Estado, en sustitución así de Magdalena Valerio.
Según publica este lunes el diario ‘El País’, Valerio será cesada en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló su designación al señalar que no cumple el requisito de contar con acreditado prestigio como jurista. Ahora, el Ejecutivo de Sánchez apuesta por Calvo, que debido a su experiencia y trayectoria como doctora en Derecho Constitucional, sí que acredita mayores conocimientos en el área que Valerio, que solo ejerció de secretaria judicial, para a partir de estos momentos hacerse cargo del Consejo de Estado.
Cabe remarcar que este órgano cumple unas funciones clave para el Estado, ya que es el encargado de pronunciarse sobre aquellos proyectos de ley del Ejecutivo central y, por ende, emitir informes favorables o desfavorables a su aprobación.
Calvo fue vicepresidenta durante la primera legislatura del Ejecutivo de coalición, concretamente, entre junio de 2018 y julio de 2021. Hasta la fecha, y teniendo en cuenta estos cambios sustanciales, además de diputada socialista por Granada, era presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso desde 2021. Carmen Calvo, natural de Cabra (Córdoba) y catedrática de Derecho Constitucional, ha sido diputada del Congreso durante tres etapas distintas: primero, por su Córdoba natal, entre 2004 y 2011; después volvió por Madrid junto a Pedro Sánchez entre 2019 y 2023, y en las últimas elecciones de este 23J renovó escaño, pero, ahora, por Granada.
Su trayectoria en la Administración arrancó en la Junta de Andalucía como consejera de Cultura en el Gobierno andaluz de Manuel Chaves durante ocho años, pero fue en 2004 cuando dio el salto a la política nacional al recibir la llamada del entonces presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, para ser designada como ministra de Cultura.
Posteriormente, fue Pedro Sánchez quien la repesca en 2018 como vicepresidenta en su gobierno monocolor del PSOE y, después, en la primera etapa del Ejecutivo de coalición junto con Unidas Podemos. Como vicepresidenta y después como presidenta de la Comisión de Igualdad, Carmen Calvo no ocultó sus discrepancias con el feminismo 'morado' liderado por Irene Montero, llegando a confrontar y criticar abiertamente la Ley Trans, hasta el punto de romper la disciplina de voto y abstenerse cuando el PSOE votó a favor, motivo por el cual fue sancionada a pagar una multa de 600 euros por romper la disciplina de voto.
El Supremo anula el nombramiento de Magdalena Valerio
Fue el pasado 2 de febrero cuando el Alto Tribunal anuló el nombramiento de la exministra socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no cumplir el requisito de ser una jurista de reconocido prestigio, al considerar que durante el procedimiento judicial no se violó ninguno de sus derechos fundamentales.
Así constó en un auto en el que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS reprochó a la Abogacía del Estado que "no diga absolutamente nada sobre la cuestión de fondo", centrándose únicamente en si la Fundación Hay Derecho -que fue quien recurrió la designación de Valerio- tenía legitimación para impugnar dicho nombramiento. El Supremo ya rechazó anteriormente, en enero, el incidente de nulidad que presentó Valerio, pero los magistrados explciaron que ya renunció a formar parte del caso, dejando en manos de la Abogacía del Estado la cuestión.
Los incidentes de nulidad son acciones excepcionales basadas en la vulneración de derechos fundamentales durante el procedimiento judicial que rara vez prosperan. Además, constituyen el paso previo para acudir en amparo al Tribunal Constitucional (TC).
Cabe recordar que fue el pasado 30 de noviembre cuando el Supremo anuló el nombramiento de Valerio estimando un recurso presentado por Hay Derecho al considerar que no cumple uno de los dos requisitos legales: el de ser "jurista de reconocido prestigio". Los magistrados indicaron que la ley fija que quien ocupa este puesto debe ser "jurista de reconocido prestigio" y tener experiencia en asuntos de Estado, siendo necesarios ambos requisitos.
No dudaron en señalar su "notoria y sobresaliente trayectoria" como ministra, diputada, consejera, teniente de alcalde y concejal, entre otras responsabilidades públicas; pero, al tiempo, aquella "carrera funcionarial meritoria" no es suficiente para considerarla jurista de reconocido prestigio, algo que "solamente se gana con el tiempo, con una práctica prolongada gracias a la cual se mantiene y acrecienta el crédito obtenido".
