Los discretos resultados de la reunión de la comisión mixta Estado-Generalitat sitúan de nuevo al presidente de la Generalitat ante las limitaciones de su discurso naif sobre las potencialidades de la negociación como vía para avanzar hacia el estado propio. A estas alturas, lo que está en juego no es para cuando se podrá celebrar un referéndum, si no hasta cuando Pere Aragonés podrá mantener su estrategia, reafirmada hace unos días en su conferencia de celebración del 14-F. En cambio, parecen ir viento en popa los planes del gobierno central de normalización de las relaciones con las instituciones catalanas y el apaciguamiento ambiental de las prisas independentistas.
La comisión mixta de este viernes fue poco más que un trámite. En menos de una hora se ventilaron media docena de traspasos que incluían desde la gestión de becas y los seguros escolares a la propiedad de diferentes equipamientos, fincas y de una autovía de 5 quilómetros. Justo para que la ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Beatriz Rodríguez, se felicitara por este “avance histórico”, atendiendo al hecho de que no había novedades competenciales desde hacía 10 años. En cambio, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, expresaron su más profunda decepción por la escasez del resultado, por otra parte conocido con anterioridad.
El gobierno de Pedro Sánchez ha creado una telaraña de gestos dialogantes permanentes y movimientos autonómicos desarrollados a un ritmo cansino (con pausa formal a las reuniones de la Mesa hasta que existan acuerdos previos) que tiene aprisionado a Pere Aragonés. El presidente de la Generalitat no parece tener un plan b, más allá de pronunciar advertencias genéricas de un replanteamiento de su estrategia de seguir Sánchez con su ritmo. De entrada, cualquier cambio implicaría el reconocimiento de la falacia de su discurso actual y daría la razón a sus socios de Junts, que nunca se lo han creído. Tampoco las amenazas de retirar el apoyo de ERC en el Congreso parecen hacer mella en el PSOE que va superando atrancas y barrancas los desencuentros parlamentarios.
Aragonés está en manos de la graduación que vaya a aplicar Sánchez a los avances competenciales exigidos. Los más goloso son el traspaso de Cercanías y la gestión del aeropuerto, así como el cumplimiento voluntario de la disposición adicional tercera del Estatuto que prevé inversiones complementarias en Cataluña para recuperar el déficit histórico. De todas maneras, para ser fiel a su mensaje, Aragonés no podrá siquiera celebrar como se merecería este botín (de obtenerse) por ser estrictamente autonómico porqué tanto ERC como Junts han abjurado de esta realidad. Para Aragonés, sólo un avance substantivo en la Mesa de Negociación resultaría un éxito que justificaría su presidencia, aunque nada hace pensar que de ese diálogo político vaya a materializarse ninguna de las “exigencias inevitables” (amnistía y referéndum) que defiende todavía en público como posibles.
El presidente Aragonés pasa seguramente por sus horas más bajas. Sin noticias de cesiones históricas por parte del estado y con su socio de Waterloo conformando un gobierno alternativo para situar a la Generalitat ante sus fracasos y limitaciones. Carles Puigdemont anunció hace unos días la creación de un ministerio de Exteriores Libre y ha desautorizado al conseller de Interior por haber acabado con los cortes permanentes en la Meridiana, protagonizados por independentistas desafiantes de la estrategia de ERC. Puigdemont ha explicado que él no se siente implicado por la política dialogante de Aragonés y pretende actuar en todo aquello en que la Generalitat renuncie. En Bruselas ya tienen su propia cámara de representantes, su consejo para la república e incluso un boletín oficial.
Esta tensión permanente entre los socios va a subir de tono en las próximas semanas con el conflicto escolar al que se enfrenta el conseller de Educación, el republicano Josep González Cambray, ante la insolidaridad manifiesta de Junts. Hace unas semanas, el propio presidente de la Generalitat anunció el cambio de fecha del inicio del curso escolar en una comparecencia solemne e imprevista. Las clases deberían comenzar en la primera semana de septiembre y habría jornada intensiva el resto del mes. Maestros y padres se han expresado en contra de la medida no negociada con ellos y los sindicatos del sector han convocado una huelga de cinco días para marzo.
El malestar entre la comunidad escolar y la Conselleria responde a diversos desencuentros al margen del nuevo calendario escolar. El anuncio de la exigencia a los profesores de un nivel superior de catalán a partir de 2024 ya puso en pie de guerra a los afectados. El nivel C-2 era hasta ahora un mérito, al ser un requisito les obligará a presentarse a las correspondientes pruebas lingüísticas a las que muchos de ellos no pueden acceder sin una preparación previa. También la pretensión del departamento de ceder a los centros la gestión de la aplicación de la sentencia del 25% del castellano en las aulas preocupa por lo que supone de traspaso de riesgo de la desobediencia proclamada por el gobierno catalán.
