Desde que se confirmó que Pedro Sánchez iba a celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona coincidiendo con el primer aniversario de las elecciones impuestas por el 155, han sido varias las organizaciones independentistas que han llamado a boicotear la reunión, colapsar Barcelona y hasta a dar la “batalla” para que este 21D sea "un punto de inflexión hacia la república catalana".
La tensión y los nervios se palpan en el ambiente y, por ello, los Mossos d’Escuadra han querido recordar que las personas que impidan que se desarrolle con normalidad este Consejo de Ministros se estarían enfrentando a un delito grave penado con hasta cinco años de cárcel.
Los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), ANC y Òmnium no han cesado en sus llamamientos al boicot en una ciudad Condal que, desde este jueves, cuando llegue Sánchez para reunirse con Quim Torra, estará casi blindada con un ambicioso plan policial de los Mossos y reforzados por la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Y uno de los puntos de este plan pasa por la información, por que los ciudadanos sepan que, si participan en la comisión de un delito grave, la consecuencia pasa por penas de prisión por atentar contra las Instituciones del Estado.
Los artículos 503 y 504 del Código Penal regulan los delitos contra las Instituciones del Estado. Siempre y cuando no sea un acto englobado dentro del derecho de protesta o manifestación.
Entrar en la Llotja, impedir la llegada o impedir la reunión
Concretamente, el artículo 503 establece que se podrá implantar una pena de prisión de dos a cuatro años a aquellos que " invadan violentamente o con intimidación el local donde esté constituido el Consejo de Ministros", la Llotja de Mar. También a las personas que "coarten o por cualquier medio pongan obstáculos a la libertad del gobierno reunido en Consejo".
Por su parte, el artículo 504 reza que "se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años a los que empleen fuerza, violencia o intimidación para impedir a los miembros de dichos Organismos asistir a sus respectivas reuniones". Además, la pena por "calumniar, injuriar o amenazar gravemente" al Gobierno o a los cuerpos de seguridad puede suponer una multa de 12 a 18 meses.
¿Y cuando acabe el Consejo de Ministros?
Al tratarse de una reunión de los principales representantes de Gobierno central, cualquier incidente conlleva una mayor gravedad. Pero, según aclaran los Mossos, sólo si el altercado se produce durante la reunión, mientras los ministros y el presidente estén celebrando el Consejo.
Los incidentes que se puedan producir durante la manifestación convocada por los grupos independentistas para la tarde del 21D, no se regularían por estos artículos del Código Penal como un delito contra las Instituciones del Estado. En este caso, podríamos estar hablando desórdenes públicos o, a un nivel más elevado, de atentado a la autoridad.
