A medida que se acerca el viernes 21, la mayoría de pirómanos se transforman en bomberos para evitar una catástrofe política de gran magnitud en las calles de Barcelona. No todos, Carles Puigdemont, Pablo Casado y Albert Rivera, cada uno a su manera y con objetivos enfrentados, siguen con las cerillas del 155 en la mano. El resto, buscan la manera de no salir excesivamente malparados de una jornada en la que no hay nada por negociar ni por decidir (excepto los acuerdos del consejo de ministros) y mucho por retroceder. En el retrovisor están las imágenes del 1-O y las más recientes del primer aniversario de aquella jornada.

Bomberos y Mossos fueron hace un año los héroes de la revuelta de las sonrisas. Muchos independentistas creyeron ver en ellos a sus aliados en la calle frente a policías y guardias civiles. Ahora, ambos cuerpos están enfrentados al gobierno de Torra por cuestiones salariales. Los bomberos amenazan con una huelga de horas extra tras años de reclamar el colapso estructural del cuerpo, justamente cuando la policía catalana exige la equiparación salarial con los bomberos. Algunos sindicalistas de la policía temen que su conseller, Miquel Buch, no esté a la altura de las circunstancias ante el reto del próximo viernes y les empuje al fracaso.

Los mensaje, en general, son contemporizadores. Por primera vez, los operativos de Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil serán dirigidos desde un mismo centro de control para evitar los recelos y las desavenencias del 1-O; el gobierno central y el autonómico apuntan diferentes modalidades de reuniones entre ministros y  consejeros de forma paralela al encuentro entre Sánchez y Torra para desairar lo menos posible la aspiración inicial de la Generalitat de una sesión conjunta de los dos ejecutivos que no va a poder ser, según han expresado por activa y pasiva los portavoces del gobierno Sánchez; los organizadores de la manifestaciones de ANC y Òmnium se esfuerzan en subrayar la voluntad pacífica que les mueve a convocar las protestas contra lo que consideran una provocación del estado por pretender reunirse en Barcelona como si la capital de Cataluña ya solo fuera territorio virtual de la república.

Los ministros de Sánchez escriben artículos y hacen declaraciones como si nunca hubieran existido las amenazas más o menos veladas de intervenir la policía catalana de no cumplir ésta con sus obligaciones de seguridad. Los procesados encarcelados llaman a Torra a no dejar pasar la oportunidad de reunirse con Sánchez. Sin embargo, Torra sigue dudando porque Puigdemont no cree oportuno ningún gesto que pueda alimentar la idea de un diálogo ni a corto ni a largo plazo. A pesar de las evidentes limitaciones de dicho diálogo. A corto no pueden darse grandes novedades; el margen de maniobra de Sánchez es minúsculo dada su debilidad parlamentaria y las aspiraciones de Torra son excesivas para cualquier gobierno constitucional. Las expectativas a largo plazo, descansan en la buena voluntad de las partes y en las sentencias del juicio.

Pero ni así, no cede Puigdemont, más interesado en mantener la “excepcionalidad” que da fuerza a su situación en Waterloo que en propiciar la normalización de la vida política que a la larga juega en su contra. A su favor, juega la inminencia del juicio, ensayado por defensas y Fiscalía en la sesión de cuestiones preliminares sobre la idoneidad del Tribunal Supremo para celebrar la vista. También cuenta el ex presidente para hacerse ver por el mundo como el inspirador de la revuelta contra la provocación del Estado de celebrar un consejo de ministros en la Llotja de Mar con la colaboración de Arran, la organización de independentistas juveniles que ayer pintó catorce sedes del PSC en el Baix Llobregat para calentar las movilizaciones anunciadas, con la de la CUP y los CDR.

Ada Colau no ha querido sumarse a la creación de un ambiente excepcional y ha mantenido la sesión plenaria del consistorio convocada para el viernes. La consejera de Empresa de la Generalitat, Àngels Chacón, en cambio, ya ha anunciado que no va a quedarse a cenar con la patronal del Foment del Treball y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y algunos ministros más, el jueves por la noche, en solidaridad con los presos en huelga de hambre.