La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha citado a declarar como investigada, anteriormente imputada, a la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes, por las irregularidades en torno a máster que supuéstamente realizó en la Universidad Rey Juan Carlos.

A la expolítica se le imputan supuestos delitos de falsedad en documento público y cohecho, es decir, un soborno, que puede estar penado con hasta 6 años de carcel y una inhabilitación para empleo público de hasta 12 años. Cifuentes tendrá que acudir a declarar el próximo 26 de junio.

El delito de cohecho, de ser condenada por él, afectaría diréctamente a la vida laboral de Cristina Cifuentes ya que, tras dejar la política, ha pedido ya su reincorporación como funcionaria a la Universidad Complutense de Madrid, el cual debería dejar si la inhabilitan a cargo público.

Tras dimitir como presidenta de la Comunidad de Madrid, llegó su renuncia a seguir liderando el PP madrileño y, esta semana, entregaba su acta como diputada. Se quedaba sin aforamiento, fuera de la política y sin su único sueldo como diputada. Su salida más segura era hacer lo que ha hecho, pedir su reincorporación a la universidad en la que tiene plaza como funcionaria: la UCM, siendo paradójico que tenga que volver a este centro después de dimitir por la polémica de su máster en otro, en la Universidad Rey Juan Carlos.

Los otros imputados 

Hasta ahora estaban imputadas en las investigaciones por las irregularidades del máster de Cifuentes las tres profesoras que firmaron el acta falsa en la que se aseguraba que la expresidenta defendió ante ellas su Trabajo Fin de Máster (TFM), cuya nota fue cambiada varios años después de un "no presentado" a un 7,5 por una funcionaria amiga de la expresidenta.

En la investigación interna que abrió la Rey juan Carlos y ante la Policía, la profesora Alicia López de los Mozos aseguró que el acta estaba falsificada. Aseguró que su firma en el acta de defensa del TFM de Cifuentes se colocó en el documento sin su consentimiento. Ni si quiera sabía de su existencia.

Anteriormente se había imputado al ya exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, del que dependía el máster de Cifuentes, Enrique Álvarez Conde.