Política
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo.
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo.

Méndez de Vigo dice que no se enteró de la petición de su 'consellería' para devolver las obras de Sijena a Lleida

Como conseller de Cultura aprueba un recurso contra el "uso de la fuerza" que se hizo para recuperar las 43 piezas

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Vie, 15 Dic 2017

El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha desmentido que él hubiera pedido que las obras de Sijena vuelvan al Museo de Lleida. Méndez de Vigo es de facto 'conseller' de cultura de la Generalitat tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sin embargo desde la Consellería se ha presentando un segundo recurso contra la orden judicial para trasladar las 43 obras a Aragón, “por haber salido sin haberse respetado el procedimiento legalmente establecido”. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros desmintió que él tuviera conocimiento de esa orden.

Descontrol del Gobierno

El hecho de que se haya presentado un recurso desde la Generalitat contra la devolución de las obras de arte a Aragón, demuestra que el Gobierno de Rajoy no tiene el control sobre el funcionamiento de las consellerias de la generalitat. El recurso lo firma el letrado de la Generalitat de Cataluña, que está controlado por el Gobierno catalán que, a su vez, controla el Gobierno de España. Y se pide anular las decisiones del juzgado número 1 de Huesca, que ostenta el magistrado Antonio Martín González, porque las medidas que se tomaron en el rescate de las obras fueron “injustas y desproporcionadas”.

En el recurso, que ha aprobado Méndez de Vigo sin que se enterara, se señala que se autorizó la entrada en el Museo de Lleida este lunes con el uso de la fuerza: “Nada justifica esta extraordinaria actuación fuera de los horarios habituales de intervención de los juzgados civiles de primera instancia”.

Dice el recurso que ni el museo ni sus trabajadores se merecen ese trato “Acordar la utilización de la fuerza contra dicho museo público y sus funcionarios resulta incomprensible”, y “sin haber antecedentes que pudieran haber suponer una actitud hostil” de los trabajadores y responsables de la institución catalana.

La presentación del recurso provocó duras críticas del Gobierno de Aragón y sin duda el ministro ha quedado en una mala posición.