Una sentencia del Tribunal Supremo de 2013 denunció que hay más funcionarios en la Justicia nombrados por los partidos políticos que de carrera, lo que se evidencia, también, en el Tribunal de Cuentas, muy de actualidad estos días por la fianza que ha impuesto al expresidente de la Generalitat Artur Mas.
El Tribunal de Cuentas dictó una fianza de 5.251.948 euros para Artur Mas como responsable máximo del referéndum del 9-N de 2014. Según recuerda este martes El Periódico de Catalunya, uno de los 12 consejeros del tribunal es Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno.
Una exministra de Aznar, encargada de la instrucción
La politización del tribunal pone en tela de juicio su independencia, y es que en su mayoría los consejeros han sido designados por el PP. Está presidido por Ramón María Álvarez de Miranda García (exdiputado de la UCD e hijo del expresidente del Congreso),y lo integra, además, Margarita Mariscal de Gante, exministra de José María Aznar.
Margarita Mariscal de Gante fue la encanrgada de revisar en primera instancia si Artur Mas, Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega cometieron malversación contable en la consulta soberanista de 2014.
La politización del tribunal dio pie para que el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, calificara de “indecente” la decisión de este órgano de abrir un procedimiento por el referéndum del 9 de noviembre de 2014.
Los partidos controlan el órgano que le fiscaliza
El Tribunal de Cuentas tiene la función de controlar la financiación de los partidos y, sin embargo, está dirigido por los grandes partidos, ya que sus miembros son elegidos a propuesta del Congreso y del Senado.
Desde 2012 cuenta con siete integrantes propuestos por el PP y cinco por el PSOE. El hermano mayor de Aznar y el resto de consejeros cobran 112.574 euros anuales, 33.000 más que el sueldo, sin dietas ni complementos, del presidente del Gobierno (78.967).
La exmujer de Trillo
El Tribunal Supremo denunció en una sentencia en el 2013 que ya había más funcionarios nombrados por los partidos que de carrera. Uno de los escándalos más sonados fue la designación, en 1993, de María José Molinuevo para codirigir la fiscalización de las cuentas de las autonomías. Molinuevo era mujer de Federico Trillo, en aquel entonces vicepresidente del Congreso.
