Política
Enfermeras en la puerta de la Ciudad de la Justicia
Enfermeras en la puerta de la Ciudad de la Justicia
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Fuente
:
EFE

El TSJCV cierra la Ciudad de la Justicia valenciana por problemas médicos

Dos informes técnicos aseguraron que no había riesgo de salud y tras la reapertura una veintena de funcionarios han padecido conjuntivitis y problemas respiratorios

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Mié, 13 Sep 2017

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha anunciado esta mañana que suspende la actividad de todos los órganos judiciales ubicados en Ciudad de la Justicia por problemas médicos de funcionarios, lo que supondrá la inhabilidad de plazos y actos judiciales hasta las 24.00 horas del próximo lunes.

Según fuentes de la Conselleria consultadas por el diario Las Provincias, una veintena de empleados públicos han tenido que ser tratados por conjuntivitis y problemas respiratorios durante la jornada de este jueves. Por ello, el alto tribunal ha paralizado su actividad hasta que se garanticen la seguridad de funcionarios y usuarios del edificio.

La Ciudad de la Justicia no celebrará juicios, ni comparecencias ni otros actos judiciales hasta su reanudación. Sin embargo, los letrados si podrán presentar escritos en el registro de entrada o en los juzgados.Las consecuencias del siniestro seguirán afectando a otros 20 juzgados. Se trata de los órganos ubicados en la parte de las instalaciones siniestrada. Los de Primera Instancia y dos de Contencioso.

Las dependencias de la primera, segunda y tercera parte están afectadas por inundaciones y gases tóxicos. Lo cual crea una incógnita de cómo responderán los equipos informáticos de esas dependencias el día de su reapertura, pudiendo provocar un alargamiento de la suspensión. Tampoco se descarta que haya que buscar otro emplazamiento a más sedes de la Ciudad de la Justicia

Informes técnicos aprobaron la reapertura

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anuncio ayer la reanudación de la actividad en la Ciudad de la Justicia tras recibir los informes técnicos del INVASSAT (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo), que aseguraban que no había riesgos para la salud. La conselleria de Justicia también pidió a una empresa externa un informe, cuyo resultado también fue favorable