La marea de detenidos e imputados en la Operación Lezo no cesa desde que hace una semana fuera detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Pero todas las bajadas y subidas de mareas suelen dejar varados en la orilla objetos a veces poco reconocibles, modificados por la erosión marina, a los que hay que acercarse para descubrir su identidad. Y en la orilla, cada vez más descubierto de arena, está desde hace días el presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda.

Canalda tiene el dudoso mérito de estar vinculado al mismo tiempo con las contrataciones de la Comunidad de Madrid con la trama Gürtel, la etapa investigada del Canal de Isabel II y la dejadez del Gobierno regional para investigar estos asuntos.

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La carrera de Canalda arranca en 1997, cuando José María Aznar nombra a Esperanza Aguirre como ministra de Educación y ella le coloca como asesor suyo. Asesor pasó a ser, años después, de Mariano Rajoy como vicepresidente y ministro de Presidencia, y con él se le llevó al Ministerio del Interior.

En 2001, Canalda deja de asesorar a ministros y se convierte en director gerente del Canal de Isabel II, donde reside dos años y cuatro meses, hasta mayo de 2003. Esta época es relevante porque es durante su mandato cuando se crea, en diciembre de 2001, Canal Extensia, la sociedad mercantil con la que la empresa pública de aguas de Madrid empezó a comprar empresas en el extranjero. La primera, Inassa, una empresa colombiana con participación en otras compañías de Sudamérica que están en quiebra o tienen un funcionamiento desconocido.

Este frenesí de compras internacionales, que arrancó con Arturo Canalda al frente del Canal de Isabel II, está ahora en el centro de la investigación de la Operación Lezo. De hecho, en una de las grabaciones de la Guardia Civil, se escucha a Ignacio González referirse a la compra de Inassa en estos términos: “Eso sí que fue un pelotazo…”. Es la misma grabación en la que critica a Cristina Cifuentes y desvela que él tapó aquel pufo: "La gilipollas esta no tapa nada, mientras que yo tuve que arreglar lo de 2001".

Quizás por culpa de este entramado de empresas, lo cierto es que la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid jamás ha realizado un informe sobre el Canal de Isabel II, como revela Bez. Aunque también hay espacio para la sospecha, puesto que el presidente de la Cámara de Cuentas, desde el año 2012, es Canalda, el mismo director gerente de la empresa de aguas en la época en que empezó todo.

Pero los vínculos no acaban ahí. Tras la salida de Canalda, quien le sustituyó como director gerente fue Ildefonso de Miguel, que ha sido detenido este martes en la Operación Lezo. Y, casualidad o no, la esposa de De Miguel, Concepción ‘Concha’ Ruano es consejera y fiscalizadora en… la Cámara de Cuentas de Madrid, mano a mano con Canalda.

De hecho, el Partido Socialista de Madrid intentó frenar el nombramiento de Ruano por considerarla que no tenía “objetividad, independencia y rigor en el desempeño de su función”. Y es que las sospechas de que las aguas del Canal estaban turbias ya venía desde hace años. Y los hechos están demostrando que no se erró el tiro.

En el historial de Canalda existe otra mancha que se resolverá en breve. A petición del PSM, Canalda forma parte de los 10 testigos que el tribunal de la Gürtel ha citado a declarar, al igual que Esperanza Aguirre o Mariano Rajoy, para que aclaren el fraccionamiento de facturas a favor de la presunta trama corrupta.

En concreto, hablamos de la factura que firmó en 2004 como viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid por el que otrogaba un contratado titulado “jornada de trabajo sobre la colaboración en materia sanitaria con el Hospital Gómez Ulla” a la empresa Down Town Consulting, de la trama Gürtel, por 11.153,07 euros, muy cerca del límite de 12.000 euros que marca la ley para sacar el contrato concurso público.

Y es que Canalda siempre ha estado rodeado de polémica. Como defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, decidió actuar de oficio contra los manifestantes que se enfrentaron a los peregrinos –“chavales sanotes”, dijo él- de la Jornada Mundial de la Juventud que acogió la visita del Papa en 2011. Unos meses antes ya utilizó este cargo público para atacar una campaña del PSOE en defensa de la educación pública que él tachó de “muy mal gusto”.

Una polémica que le acompañó cuando dejó de ser Defensor del Menor, al cerrar Aguirre este organismo con la excusa de ahorrar “mamandurrias”. Eso sí, acto seguido le premió con su cargo en la Cámara de Cuentas con el sueldo de un consejero -entre 92.000 y 98.000 euros al año-.

Un nombramiento que el PSOE también intentó parar, con el mismo poco éxito. Esta vez, los argumentos de los socialistas eran de peso, porque la ley de creación de la Cámara de Cuentas exige que sus miembros deben ser funcionarios públicos con estudios superiores o, en su defecto, “abogados y economistas, todos de reconocida competencia en relación con las funciones de la Cámara y en los dos últimos casos con más de diez años de ejercicio profesional".

Canalda sí es licenciado en Derecho, pero en los últimos diez años nunca había ejercido como abogado, tal y como exige la ley para entrar a la Cámara de Cuentas. Quizás por esa falta de requisitos es por lo que nunca se enteró, o nunca investigó, lo que pasaba en el Canal de Isabel II. Seguro que es por eso.