A la espera de si se produce alguna sorpresa en la conferencia que dará este miércoles el presidente Quim Torra en el Teatre Nacional de Catalunya para fijar la nueva hoja de ruta del Gobierno de la Generalitat, algo nada previsible, la política catalana entra en este nuevo curso apenas sin novedades.

Hace ya un año del irresponsable salto al vacío protagonizado por el conjunto del secesionismo en el Parlamento autonómico, los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2017, con los votos de JxSí -la coalición formada por el exconvergente PDECat y ERC, entonces gobernante con Carles Puigdemont como presidente-, y de las CUP. Todo lo sucedido después arranca de aquellas jornadas funestas, en las que las fuerzas independentistas pretendieron abolir la Constitución española de 1978 y el Estatuto de Autonomía catalán, así como aprobar unas supuestas leyes de desconexión como antesala de la celebración de un ilegal referéndum de autodeterminación el 1 de octubre y la proclamación, está claro que también ilegal, de la independencia de Cataluña en forma de República, que se produjo el 27 de octubre, aunque pocos segundos después quedó en suspenso, sin que se produjera ni el más mínimo gesto secesionista. Todo lo que vino después no fue más que la consecuencia directa de aquellas aciagas sesiones parlamentarias de hace ya un año: la vergonzosa fuga al extranjero del entonces presidente Puigdemont y algunos de sus consejeros, mientras que los restantes miembros de su Gobierno, con el vicepresidente Oriol Junqueras a la cabeza, ignorantes de aquella huida, eran acusados de graves delitos por los que llevan ya cerca de un año en una incomprensible situación de prisión provisional; la aplicación del artículo 155 de la Constitución por la que quedó en suspenso la autonomía en Cataluña y la Generalitat pasó a ser gestionada por el Gobierno español, presidido entonces todavía por Mariano Rajoy, y unas nuevas elecciones autonómicas, las del 21 de diciembre, que constataron una vez más la profunda división de la sociedad catalana, con una nueva mayoría parlamentaria absoluta del independentismo a pesar que la suma de las tres formaciones secesionistas -JxCat, ERC y CUP- fue solo el 47% de los votos, y el partido que obtuvo más sufragios fue C’s.

Pasado ya un año, en Cataluña se acrecenta la división, la fractura interna. Los dos extremos están cada vez más radicalizadas y enfrentadas, incluso con algún que otro encontronazo físico, por suerte hasta ahora poco relevante. Con un nuevo Gobierno de España presidido por el socialista Pedro Sánchez, que fue investido con los votos de una mayoría de diputados muy variopinta de la que formaron parte los parlamentarios del PDECat y ERC, algo ha cambiado ya. Sánchez, y con él todo su Gobierno, se ha manifestado una y otra vez abierto al diálogo institucional y político con el Gobierno de la Generalitat, presidido ahora por Quim Torra. Pero el sucesor, sustituto, suplente y vicario del fugado Puigdemont no parece estar por la labor. Insiste repetidamente en que no hay nada que negociar, excepto si son puestos en libertad los dirigentes políticos y sociales independentistas encarcelados ahora en prisiones catalanas, se permite el libre regreso al país de los otros dirigentes huidos, no se dicta ninguna sentencia judicial contra ninguno de ellos y se acepta la celebración de un referéndum de autodeterminación de Cataluña.

Es evidente el despropósito jurídico y constitucional de estas exigencias del presidente Torra, que con toda probabilidad serán reiteradas hoy en su conferencia pública. Ni Pedro Sánchez ni ningún otro presidente del Gobierno de España podrá aceptarlas nunca. Pero Sáchez ha hecho una propuesta clara y posible: la convocatoria en Cataluña de un referéndum sobre la mejora de su autogobierno, mediante la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía que blinde y aumente las competencias de la Generalitat. Pero esto no basta a los independentistas, o al menos a Quim Torra, Carles Puigdemont y quienes siguen apoyándoles sin vacilaciones ni reservas de ningún tipo. A todos ellos les sería muy útil y conveniente la lectura del libro publicado recientemente por la periodista catalana Lola García, directora adjunta de La Vanguardia, “El naufragio. La deconstrucción del sueño indepentista”.