No toda política transformadora se mide en grandes cifras ni en titulares grandilocuentes. A veces, el verdadero avance social se produce en silencio, en decisiones concretas que mejoran la vida diaria de millones de personas sin hacer ruido. En 2025, el Gobierno de Pedro Sánchez demuestra que gobernar también consiste en atender esas necesidades olvidadas: que un niño vea bien en clase o que una persona mayor pueda sonreír sin dolor.
El recién estrenado Plan Veo y la ampliación del Plan de Salud Bucodental son un buen ejemplo de esta política útil que no siempre ocupa los titulares, pero que se siente de inmediato en casa. No son ayudas espectaculares ni cantidades desorbitadas, pero sí medidas profundamente justas que corrigen desigualdades cotidianas. Son la esencia de un Estado del Bienestar que prioriza la igualdad real, la prevención y la dignidad frente a la lógica de los recortes y la privatización que sigue marcando la agenda de la derecha.
Durante años, problemas como la salud visual y bucodental fueron tratados como cuestiones secundarias, casi privadas. Tener gafas adecuadas o acudir al dentista dependía más del nivel de renta que de la necesidad médica. Esta normalización de la desigualdad ha tenido consecuencias educativas, sanitarias y sociales que, por fin, se abordan desde lo público.
El Plan Veo nace precisamente para romper una de esas barreras invisibles. La medida concede hasta 100 euros anuales a menores de 16 años para la compra de gafas o lentes de contacto. Puede parecer una ayuda modesta, pero para muchas familias cubre prácticamente todo el coste de la corrección visual. En hogares con ingresos ajustados, esa diferencia es clave.
Los problemas de refracción —miopía, hipermetropía o astigmatismo— afectan a un porcentaje significativo de la población infantil. Cuando no se corrigen a tiempo, impactan directamente en el rendimiento escolar, la concentración y la autoestima. Un niño que no ve bien no aprende igual, y esa desventaja puede acompañarlo durante años. Convertir la salud visual infantil en una cuestión de equidad social es una decisión política de primer orden.
El diseño del Plan Veo refuerza su vocación igualitaria. Con una dotación de 47,7 millones de euros hasta finales de 2026, la ayuda se aplica directamente en las ópticas adheridas, sin trámites burocráticos complejos para las familias. No hay cupos cerrados por comunidades autónomas: el presupuesto se va utilizando según la demanda real, garantizando que cualquier niño o niña, viva donde viva, tenga el mismo derecho efectivo a ver bien.
Algo muy parecido ocurre con el Plan de Salud Bucodental, una de las reformas más relevantes —y menos reconocidas— del sistema sanitario en las últimas décadas. Durante demasiado tiempo, la odontología fue la gran ausente de la sanidad pública. Más allá de las urgencias, millones de personas quedaron abandonadas al mercado privado, generando una brecha social profunda.
Desde 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido ampliando progresivamente la cartera pública de servicios bucodentales, con una inversión acumulada que alcanza los 248 millones de euros hasta 2025. No se trata de una medida puntual, sino de una estrategia sostenida que avanza por fases y prioriza a los colectivos con mayores dificultades de acceso. Primero fueron los niños y niñas, luego las mujeres embarazadas, y, más recientemente, las personas con discapacidad y los pacientes oncológicos. Pero la gran novedad de 2025 ha sido la inclusión progresiva de las personas mayores de 65 años, quienes han sido históricamente los grandes olvidados de la atención bucodental.
Recuperar la capacidad de masticar bien, prevenir infecciones o sonreír sin complejos no es una cuestión estética: es salud, dignidad y calidad de vida. En un país con una población envejecida, esta ampliación es un avance histórico. Este año, el Consejo de Ministros aprobó la distribución de 68 millones de euros para seguir desarrollando el Plan Bucodental, ajustando los fondos a las necesidades de cada colectivo, y garantizando que la atención bucodental deje de depender del lugar de residencia o del nivel de renta.
Estas políticas no solo mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también tienen un impacto económico positivo. Invertir en prevención reduce complicaciones futuras, evita tratamientos más costosos y mejora la salud general de la población. Frente al discurso del “derroche” que algunos repiten, la realidad es que cada euro invertido en salud pública genera un ahorro a largo plazo y mejora el bienestar inmediato de las personas.
Ni el Plan Veo ni el Plan Bucodental van a resolver todos los problemas de las familias. No son soluciones mágicas ni promesas vacías. Pero sí representan una forma de gobernar que pone el foco en lo cotidiano, en lo que marca la diferencia entre vivir con dignidad o resignarse, entre llegar o no llegar.
En un contexto político donde el ruido, la confrontación y la nostalgia de los recortes siguen dominando, estas medidas demuestran que otra política es posible. Una política que no convierte los derechos en mercancía ni deja a la gente a su suerte. En 2025, el Gobierno sigue avanzando, paso a paso, en la ampliación del Estado del Bienestar.
Ver bien y sonreír sin dolor no deberían depender nunca del nivel de renta. Con estas decisiones, España avanza un poco más hacia esa idea básica de justicia social. No es épica, pero es política útil. Y en tiempos de desafección y cinismo, eso es mucho más transformador de lo que algunos están dispuestos a admitir.
