Cada día los destrozos en la sanidad pública andaluza van a más. La historia de Luisa Peinado es un doloroso símbolo de esa realidad. Su caso no es una anomalía aislada, sino el reflejo de un ciclo de abandono, recortes presupuestarios y el deterioro de la sanidad pública andaluza bajo la administración de Juanma Moreno Bonilla. Aunque el PP intente cerrar el capítulo del escándalo de los cribados de cáncer de mama, los costos en salud que ese colapso generó no se pueden borrar. Y la ciudadanía, como Luisa, lo sigue sufriendo.
Su historia documentada en La Voz del Sur es estremecedora: una noche, Luisa sintió un dolor insoportable bajo la axila: acudió al centro de salud y allí descubrió algo que nadie debería vivir. Un año antes, una mamografía había detectado un tumor “probablemente maligno”, pero nadie la avisó. Un año perdido. Un año decisivo. Un año en el que un cáncer tratable se convirtió en un cáncer metastásico. Nadie la llamó. Nadie activó un protocolo. Un sistema sanitario debilitado, recortado y saturado la dejó a la deriva. Y su vida cambió para siempre.
El Gobierno de Moreno Bonilla ha calificado estos sucesos de meros “errores”. Sin embargo, no se trata de errores operativos; son, en esencia, consecuencias políticas. Consecuencias de reducir plantillas, de no cubrir bajas de personal, de normalizar listas de espera inasumibles y de desviar miles de pruebas diagnósticas a la sanidad privada mientras lo público se descapitaliza. Son las consecuencias de unas políticas del PP que administra la sanidad pública con mentalidad de gasto, y no como el derecho fundamental que es.
La historia de Luisa va más allá de su drama personal: es el testimonio vivo del precio que paga la ciudadanía por la destrucción deliberada de la sanidad pública. Por eso, el PP se esfuerza en silenciar este escándalo: saben que este coste humano les perseguirá. No es posible mirar a los ojos a quienes han sufrido esta negligencia y afirmar que “todo está solucionado”.
Sin embargo, la lucha de los andaluces persiste. No olvidan a las mujeres que confiaron en un sistema que las dejó solas frente a la enfermedad. No olvidan a las familias atrapadas en la incertidumbre. No olvidan a los profesionales que llevan años alertando sobre el colapso inminente. Hay dolores que permanecen, y este es uno de ellos.
Los fallos en los cribados de cáncer de mama son, trágicamente, solo una manifestación de la negligente gestión sanitaria del Gobierno de Moreno Bonilla. Cada día emergen nuevas grietas estructurales que ponen en riesgo la salud de los andaluces.
Recientemente, La Ser se hizo eco del colapso asistencial en el Hospital Materno Infantil de Málaga. El sindicato CSIF puso cifras al sufrimiento de los pacientes: más de 400 personas en espera de pruebas cruciales como mamografías, biopsias o resonancias. ¿La causa? Una escasez crónica de Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico. Esto se traduce en demoras de hasta cuatro meses, agendas bloqueadas y consultas canceladas.
El colapso va más allá del diagnóstico. La falta de resultados ha llevado incluso a la suspensión de comités de tumores, paralizando decisiones terapéuticas que son vitales. Este no es un pequeño contratiempo; es un fallo estructural que pone en peligro la vida de los pacientes. Málaga no es una excepción, es el testimonio de lo que ocurre cuando se abandona a los profesionales sanitarios y se gobierna ignorando la realidad.
Mientras tanto, Moreno Bonilla canaliza recursos de la sanidad pública para que la privada haga negocio con la excusa de reducir las listas de espera. ¿Y cuál es el resultado? Que la atención privada se realiza en horarios límite. Eldiario.es documentó cómo a una paciente se le confirmó un examen con Radiodiagnóstico a la 01:45 de la madrugada en el HLA Hospital Universitario Inmaculada en Granada.
Una vez más, desde el Gobierno de Moreno Bonilla se habla de “incidencias”. Pero la realidad es categórica. Estamos ante la consecuencia directa de un modelo ideológico del PP: un modelo que estrangula lo público para justificar la derivación de pruebas y tratamientos, creando un problema cuya solución se vende en forma de conciertos sanitarios.
A todo lo anterior se suma una decisión de extrema gravedad: la opacidad informativa. Andalucía lleva siete años sin publicar los tiempos de espera de pruebas diagnósticas. Siete años de silencio. Siete años sin saber cuántas personas aguardan por una mamografía, una resonancia, un TAC o una colonoscopia. Siete años sin conocer el tiempo real que transcurre desde que un médico prescribe una prueba hasta que el paciente recibe el resultado. No es casualidad. Si esos tiempos fuesen públicos, comprenderíamos que detrás de cada retraso puede ocultarse otra historia como la de Luisa.
Hace apenas unos días el PP vetó en el Parlamento andaluz la publicación de esos tiempos tras el escándalo de los cribados. No quieren que la ciudadanía sepa. Porque saber implica exigir responsabilidades. La transparencia desmantelaría el relato oficial. Cada cifra oculta es una vida en pausa, una familia en la incertidumbre y una persona forzada a costearse una prueba privada por pura desesperación.
La opacidad es una decisión política, no un acto neutral. Ocultar la información no mejora nada: agrava el problema. Convierte al ciudadano en rehén de un sistema que no rinde cuentas, donde los retrasos crecen, la gente se desespera y la Junta opta por mirar hacia otro lado.
Este desinterés por la sanidad pública se evidenció aún más con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por miles de ciudadanos y las Mareas Blancas. Esta iniciativa solicitaba medidas básicas: reforzar el sistema público, detener la privatización y evitar que se repitan casos tan dolorosos como el de los cribados. El PP la admitió a trámite solo para esquivar el coste político del “no”. Pero una semana después, cuando presentó sus prioridades legislativas, la sanidad pública desapareció de la lista. Quince leyes urgentes. Ninguna para salvar el sistema sanitario.
En política, las prioridades se demuestran en la agenda. Y la agenda del PP no incluye la sanidad pública como una urgencia ni como una prioridad digna de protección. Esto se debe a que, ideológicamente, no creen en ella.
Mientras tanto, miles de personas sufren cada día las consecuencias. Pacientes que esperan meses para una prueba. Familias que viven atrapadas en la incertidumbre. Personas que recurren a la sanidad privada porque la pública ya no responde. Mujeres como Luisa que lucha contra las graves consecuencias de la negligencia del sistema. Esta es la realidad que Moreno Bonilla intenta maquillar, pero que la gente conoce, siente y sufre.
La salud es lo más valioso que tenemos. Cuando el sistema sanitario falla, todo lo demás se desmorona. El caso de Luisa Peinado no es solo un caso aislado, es una advertencia. Es una prueba fehaciente de que los recortes matan, la opacidad hiere y la indiferencia política destruye. Basta ya de engaños. El Gobierno de Moreno Bonilla es políticamente responsable del deterioro de la sanidad pública andaluza y de la precariedad laboral que sufren sus profesionales.
