Parece perverso que el Sr. ministro de Justicia pregunte "¿cómo no se van enfadar si les hemos quitado una paga y reducido días de permiso?". Demagogia y provocación, junto a una indigna manera de leer reivindicaciones legítimas. La mayor parte de los jueces queremos una justicia de mayor calidad, teniendo claro que nos pagan para pensar y dar a cada uno lo suyo, no para fagocitar papeles y responder indebida y tardíamente a reclamaciones de justicia.
Un ejemplo: el viernes pasado, un día cualquiera, una persona que trabajaba en el servicio doméstico, con recursos limitados, me abordó en el pasillo. Sin conocer de nada a los reunidos preguntó: "¿Alguien me puede explicar por qué debo esperar un año y medio para tener respuesta a mi reclamación de salarios? Estoy en la calle". Me pregunté desconcertado: ¿eso es posible? Lo confirmé en el juzgado y así era: el juicio está señalado para el mes de abril de 2014. La mujer tiene que seguir viviendo y seguramente detrás de ella alguien más. ¿Cómo podemos transitar de puntillas la realidad sin indignarnos?
El gran reto de los que ostentan el poder, de los gestores y directores de la política del país, es descubrir por qué determinadas instituciones alcanzan tan alto grado de ineficiencia y ofrecer soluciones encadenadas. Resolver el problema no pasa por la imposición de tasas disuasorias, que llevan a prohibir a tanta gente que acuda a la justicia en demanda de tutela eficaz. Ignoro si se han llegado a medir las consecuencias de tales decisiones. Pienso que somos demasiados los colectivos discordantes, de gremios de complejas unanimidades. No se aborda con ellas la clave de la cuestión: tenemos tantas deficiencias que quien tiene recursos puede alargar la solución de sus problemas en perjuicio de otros. Y entre los que tienen recursos cito a la misma Administración, la gran usuaria de la Justicia, que propicia la necesidad de acudir a los tribunales con actuaciones en ocasiones arbitrarias, cuando debería ofrecer soluciones por sistema. La experiencia en la jurisdicción contencioso-administrativa mina toda resistencia.
Otro ejemplo: el Sr. ministro de Justicia ha anunciado la reducida convocatoria de oposiciones a juez. El número de jueces en España es la tercera parte que en Alemania o la mitad que en Portugal, por poner dos referencias. Es verdad que la actividad jurisdiccional está saturada de "impertinencias", o que un número desproporcionado de jueces presta servicios no jurisdiccionales, pero también que con los jueces disponibles no se puede dar una respuesta satisfactoria. La Ley Orgánica que regula el Poder Judicial impone la convocatoria "al menos cada dos años de todas las plazas vacantes más las previsibles que puedan ser necesarias hasta la siguiente convocatoria". En el mes de enero próximo se cumplirá el segundo año sin convocar. ¿Con qué autoridad puede exigir el ministro (enviado y suministrador) de la justicia el cumplimiento de la ley si se convierte en infractor advertido? Como notario mayor del reino podrá certificar la vigencia del Estado de transgresión.
El Consejo General del Poder Judicial oficia de cómplice de esta ceremonia, con el apoyo vicariante de algunas asociaciones profesionales de jueces. No olvidemos que alguien tiene que liderar y gestionar el cambio hacia una justicia independiente para todos. El Consejo del poder judicial perdió la credibilidad hace tiempo al convertirse en un órgano interesado, incapaz, indefinido, artificialmente engordado, en el que cada cual colocó sus peones, que representa a minorías, sin autonomía económica y cuyo desprestigio confunde a los ciudadanos y a las instituciones de la justicia. Esa confianza perdida es especialmente grave en cuanto genera en los ciudadanos desprecio hacia todo poder y desmoralización entre los profesionales. El agotamiento de la resistencia de los jueces está llevando al inmovilismo, cuando no a la rebelión, lo que debe servir para despertar conciencias, para abrir un debate que genere compromisos y a mostrar la sensibilidad que la sociedad nos demanda. El desprestigio del Consejo arrastra pues a las instituciones y a los ciudadanos y los jueces deberíamos ser capaces, incluso para hacer frente a la crisis de legitimidad, de dar respuestas satisfactorias en tiempos y contenidos a las peticiones de los ciudadanos.
Debemos ser conscientes de los costes que asumimos y producimos si no reaccionamos ante la situación: encarecimiento para la justicia y para el usuario; retrasos en los asuntos iniciados, en trámite, en las resoluciones… con perjuicio económico para empresas y trabajadores; coste innecesario del trabajo que se desarrolla por los que intervienen en los procesos, bien sean de prevención policial, de la agencia tributaria, de afectación al medio ambiente o de impunidad en los delitos económicos… que justifica la pérdida de credibilidad, por la ineficiencia y la incertidumbre que se genera.
La reforma de la justicia tiene que empezar por el principio, sabiendo qué es lo que se quiere y siendo conscientes que el desorden y la falta de evaluación abonan corruptelas y amparan la burocracia.
Se convierte en prioritario trabajar por simplificar el derecho, por desjudicializar lo vulgar o intrascendente, por aprovechar las capacidades organizativas, por modernizar las infraestructuras, por coordinarse y realizar una “cirugía” reparadora a la justicia, reduciendo a lo necesario el gobierno del Poder Judicial, haciendo lo posible por reglamentar por ley la carrera, por preparar mecanismos automáticos de resolución de los procesos y distribuir el poder residuo sin tanto protagonista, como sostenía el magistrado del Tribunal Supremo italiano, Lococo.
Tenemos que ser capaces de mirar más, de escuchar todo, de hablar claro, de escribir lo imprescindible y de acariciar. La resiliencia se convierte en clave: Ser capaces de afrontar la adversidad y fortalecernos frente a las resistencias de retaguardia para lograr un estado de excelencia profesional y personal. Los jueces debemos ejercer en esta rebelión las cualidades de perseverancia, tenacidad, actitud positiva y actuar contra corriente, superando las situaciones negativas. Solo así esta rebelión será útil, porque será creíble y muestra del compromiso que asumimos.
José María Tomás y Tío es presidente de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia
