Si en Europa son muchas las razones para la respuesta sindical, en España hemos superado todos los límites. El Gobierno del Partido Popular, quizás compitiendo por liderar los programas más demoledores contra el Estado de bienestar de toda Europa, ha presentado varios paquetes de recortes que lesionan los derechos de la inmensa mayoría de la sociedad. Únicamente se libran las élites económicas y financieras, que incluso mejoran sus resultados con las medidas del Gobierno.

En España, los sindicatos con el respaldo de cerca de dos centenares de organizaciones sociales, culturales y profesionales que integran la Cumbre Social, conseguirán con la huelga del 14N paralizar la producción y los servicios, y protagonizar por la tarde multitudinarias manifestaciones en 111 ciudades de todo el país. Una jornada de huelga general para cambiar las políticas europeas que solo atienden la voz de los poderosos; contra una reforma laboral y una política de reducción dogmática del déficit que nos acercan a los 6 millones de desempleados y 1.730.000 familias con todos sus miembros en paro; porque mientras crece el paro se recortan las prestaciones por desempleo; porque la tasa de desempleo juvenil supera el 50% lo que condena a nuestros jóvenes a la exclusión social o a la emigración; porque los recortes en educación y en sanidad privan a muchos jóvenes de acceder a estudios superiores y condenan a que los sectores más desfavorecidos queden fuera del sistema nacional de salud; porque la falta de presupuesto de la Ley de Dependencia deja a decenas de miles de personas sin la atención adecuada y a miles de trabajadores/as sin empleo; porque se está empobreciendo a la mayoría de la sociedad y empujando a la exclusión social a miles de familias –según el indicador AROPE de la UE, la tasa de riesgo de pobreza en España podría ser del 27% en 2012-; porque están en riesgo las pensiones públicas; porque así no se sale de la crisis. Cuatro años después de iniciadas estas políticas estamos peor que antes; porque el sacrificio no es compartido por toda la sociedad. Las élites económico-financieras se salvan de la crisis; porque el Gobierno está haciendo lo contrario de lo que prometió en la campaña electoral, cometiendo un fraude democrático en toda regla.

Así no podemos seguir. El Gobierno debe cambiar el rumbo de la política económica. Debe reactivar la economía y crear empleo. Debe reformar el sistema financiero para que vuelva a fluir el crédito. Debe impulsar una ambiciosa reforma fiscal para que el Estado disponga de los recursos necesarios orientados a garantizar las políticas públicas. Debe diseñar una base industrial más sólida que invierta en I+D+i. Debe mejorar el sistema educativo y vincularlo más y mejor al sistema productivo. Debe consolidar y ampliar la protección social. Si se empeña en mantener el control dogmático del déficit y acabar con la arquitectura social y laboral de la democracia, el conflicto seguirá abierto, cada vez más abierto.

Ignacio Fernández Toxo es secretario general de CCOO