En Andalucía, los dos grados más estratégicos para el presente y el futuro —Ingeniería Biomédica e Inteligencia Artificial— han sido vetados por Moreno Bonilla a las universidades públicas de Jaén y Granada. Al mismo tiempo, esas mismas titulaciones han sido concedidas, sin pudor, a universidades privadas como Loyola o Alfonso X el Sabio.
La decisión no solo es profundamente injusta. Es un escándalo político, social y moral. Con este golpe, Moreno Bonilla lanza un nuevo ataque contra el sistema público de enseñanza superior. Una vez más, queda claro que su apuesta no es por la excelencia académica ni por la igualdad de oportunidades, sino por un modelo de negocio educativo al más puro estilo Ayuso: elitista, privatizado y excluyente.
Moreno Bonilla se ha convertido en el alumno aventajado de la política de privatización universitaria que lleva años ejecutándose en Madrid. Mientras en Andalucía se les cierran puertas a miles de estudiantes de familias de clase media trabajadora que ha aprobado la EBAU y sueñan con acceder a titulaciones punteras, se abren de par en par para centros privados donde estudiar cuesta entre 8.000 y 14.000 euros al año. El mensaje es claro y cruel: si no tienes dinero, no puedes estudiar Biomedicina ni Inteligencia Artificial.
La Junta, a través de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), ha bloqueado la implantación de estos grados en universidades públicas con prestigio y larga trayectoria. Granada y Jaén -que sumaban más de 800 estudiantes preinscritos para Ingeniería Biomédica- recibieron la negativa apenas unos días antes del inicio del periodo de matrícula.
En el caso del grado en Inteligencia Artificial, el veto ha sido aún más sangrante: se ha impedido que la Universidad de Granada -líder nacional en investigación en esta área- lo oferte. ¿Y a qué se le han concedido estas titulaciones? A las universidades privadas recién llegadas, sin arraigo ni solvencia académica contrastada, pero con el respaldo político del PP andaluz.
El PSOE ha denunciado con contundencia que no se trata de una decisión técnica, sino puramente política. Forma parte de una estrategia calculada para debilitar lo público y allanar el camino al negocio privado: primero se recorta el presupuesto a las universidades públicas, luego se les imponen trabas burocráticas y, finalmente, se les arrebatan los grados más atractivos para entregárselos a empresas disfrazadas de instituciones académicas.
Moreno Bonilla y su consejero de Universidades insisten en que no intervienen en las decisiones de la ACCUA. Mienten. La propia agencia lleva meses sin dirección desde que su anterior responsable dimitió dejando constancia por escrito, de la presión política y la falta de independencia del organismo. Sin liderazgo ni personal suficiente, y bajo el control directo de la Consejería, es imposible que la ACCUA actúe con autonomía ni con credibilidad.
La evaluación que desestimó los grados de Jaén y Granada llegó tarde, mal argumentada y cuando ya había estudiantes preinscritos. ¿Por qué esa misma evaluación no impidió que Loyola y Alfonso X obtuvieran las mismas titulaciones? ¿Por qué se examinan con lupa las propuestas públicas mientras las privadas se aprueban sin dificultad? La respuesta es evidente: hay una hoja de ruta diseñada desde San Telmo para impulsar la privatización del sistema universitario.
Moreno Bonilla ignora, o prefiere ignorar, que por cada euro invertido en la universidad pública, se generan entre cinco y siete euros de retorno para la sociedad. Las universidades públicas andaluzas no solo forman talento; son motores de empleo, innovación, cohesión territorial y crecimiento económico. Representan el 2,4% del PIB regional y sostienen miles de empleos directos e indirectos.
Pero más allá de los datos está su función social: permitir que cualquier persona, sin importar su origen, pueda acceder al conocimiento y prosperar. La universidad pública es el principal ascensor social de nuestra tierra. Y es precisamente ese modelo el que el PP está saboteando. No buscan mejorar la educación; quieren convertirla en un producto exclusivo para quienes pueden pagarlo, subordinando el mérito académico al nivel de renta.
¿Y quién puede pagar una universidad privada? Hablemos de cifras. Una carrera completa puede costar más de 50.000 euros entre matrícula, alojamiento y manutención. ¿Cuántas familias andaluzas pueden asumir ese gasto? Muy pocas. Y, sin embargo, ese es el único camino que deja abierto la Junta para acceder a titulaciones estratégicas que ella misma veta en la pública.
No se trata solo de mercantilización educativa. Es una forma estructural y descarada de segregación social. Se condena a estudiantes brillantes, pero sin recursos, a resignarse con grados menos competitivos o abandonar su vocación. Se vulnera el principio de igualdad de oportunidades, se margina el talento y se hipoteca el futuro de Andalucía.
El veto a Ingeniería Biomédica e Inteligencia Artificial es solo la punta del iceberg. Detrás hay un proceso sistémico de desprestigio, infrafinanciación y bloqueo de la universidad pública. Moreno Bonilla ha convertido la gestión universitaria en un campo de batalla ideológico donde lo privado se premia y lo público se asfixia. Todo bajo el disfraz de una supuesta libertad de elección que, en realidad, es libertad de mercado: estudia quien pueda pagarlo, quien no, que mire desde fuera.
La universidad pública es una de las pocas herramientas reales para reducir desigualdades, fijar población al territorio y construir una sociedad más justa. Sin embargo, Moreno Bonilla la ahoga, limita su capacidad de crecimiento y allana el terreno a universidades privadas con fines de lucro, que se expanden como negocio mientras lo público se relega.
Desde el PSOE se ha exigido una rectificación inmediata. Este caso llegará al Parlamento andaluz. Se pedirán explicaciones al consejero del ramo y se reclamará una revisión a fondo del funcionamiento de la ACCUA. No es aceptable que un organismo sin dirección, sin transparencia y cuestionado en su independencia decida qué grados puede o no puede ofrecer una universidad pública con siglos de historia como la de Granada.
Moreno Bonilla ha dejado claro que su proyecto no es una universidad pública fuerte, competitiva y accesible. Su proyecto es un sistema elitista, privatizado y profundamente desigual, donde estudiar carreras con futuro depende del dinero en el bolsillo. Pero la universidad no puede ser un privilegio reservado a las rentas altas. Es —y debe seguir siendo— un derecho universal, garantizado por los poderes públicos, al margen del origen social o del código postal.
Sr. Moreno Bonilla, entérese: la educación no se vende, se defiende. No es decente que el PP abra la puerta al negocio en universidades. Es intolerable que el PP no apueste por una universidad pública que no deje a nadie atrás. Porque sin universidad pública no hay futuro. Ni justicia social. Ni Andalucía posible.
