Moreno Bonilla frena la formación profesional pública y favorece la privada: estudiar ya no es accesible para todos

En Andalucía, estudiar ya no es un derecho garantizado. Bajo el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, la Formación Profesional (FP) ha dejado de ser una vía pública de acceso al empleo para convertirse en un negocio reservado a quienes pueden permitirse pagar miles de euros por curso. La misma lógica que ha aplicado en sanidad y universidad se impone ahora también en la FP: menos servicios públicos, más espacio para lo privado.

La consecuencia es directa. La educación, que debería garantizar igualdad de oportunidades, se convierte en un filtro económico. Solo estudia quien puede pagarlo. El resto, queda fuera. Moreno Bonilla ha convertido el sistema educativo en un mercado, y la FP en un bien de lujo. En lugar de fortalecer lo público, permite que se debilite mientras lo privado crece con respaldo institucional.

Los datos oficiales lo confirman. Este curso 2024-2025, la Junta ha autorizado 9.450 nuevas plazas en centros privados frente a solo 2.588 en la red pública. Es decir, la oferta privada triplica a la pública. No se trata de una anomalía puntual, sino de una tendencia consolidada. Desde 2019, las plazas en la FP privada han aumentado más de un 100%, mientras que en la pública apenas un 23%.

La Junta está apostando de forma clara por trasladar el peso del sistema hacia el sector privado. Un modelo inspirado en el de Madrid, donde la educación se gestiona con criterios empresariales y donde los derechos se supeditan a la capacidad económica de cada familia.

Las plazas que crecen no son cualquiera. Se concentran en los grados superiores más rentables: Sanidad, Informática, Deporte o Administración. Ciclos muy demandados por su alta empleabilidad. Pero también con matrículas que oscilan entre los 4.000 y 9.000 euros anuales. Un coste totalmente inaccesible para buena parte de la población andaluza.

Hoy, uno de cada tres estudiantes de FP en Andalucía paga por algo que debería ser público y gratuito. No es un fenómeno anecdótico. Es el resultado de una política premeditada. Fondos de inversión, grandes grupos empresariales y academias privadas han encontrado en la FP una mina de oro. Y mientras el negocio crece, las familias se ven obligadas a endeudarse o a renunciar.

En paralelo, los institutos públicos de FP se enfrentan a una situación crítica. Faltan plazas, faltan profesores, faltan recursos. Aulas masificadas, materiales obsoletos, instalaciones deterioradas. En algunos casos, ni siquiera se garantiza personal administrativo suficiente para gestionar matrículas o resolver dudas.

La consecuencia más directa es que miles de jóvenes quedan fuera. Solo en la primera adjudicación de este curso, más de 30.000 personas no obtuvieron plaza en la FP pública andaluza. En provincias como Sevilla, Málaga o Cádiz, hay ciclos con más de 5.000 solicitudes para menos de 300 plazas. Las listas de espera se disparan, pero la Junta no amplía la oferta.

Peor aún: en lugar de abrir más grupos, se cierran aulas y se eliminan ciclos, especialmente en la modalidad a distancia, que es clave para quienes estudian y trabajan al mismo tiempo. Todo esto mientras el sector privado amplía su red con apoyo institucional, licencias rápidas y sin exigencias claras de calidad.

Los inspectores educativos ya han advertido de que este crecimiento del sector privado se produce “a costa del vaciado de la pública”. Alertan de un futuro descontrolado si no se reequilibra el sistema. Pero la Junta no parece dispuesta a corregir la deriva.

El acceso a la FP está dejando de depender del esfuerzo o la vocación. Cada vez depende más de la capacidad de pago. Quien tiene recursos, encuentra plaza. Quien no, se queda fuera. Es una fractura social que rompe el principio de igualdad de oportunidades sobre el que debería construirse la educación pública.

Las redes sociales se han llenado de testimonios de padres y madres desesperados. “No hay plaza en mi pueblo, ¿qué hago?”, preguntan. La única opción es recurrir a la FP privada, si se puede pagar. Si no, tocará esperar otro año, cambiar de provincia o directamente renunciar.

Los sindicatos USTEA, CCOO, UGT y CSIF denuncian una estrategia deliberada de desmantelamiento. Aseguran que Moreno Bonilla está empujando a las familias a pedir préstamos para pagar unos estudios que, en teoría, deberían estar garantizados por el Estado.

Este modelo tiene consecuencias graves. La primera, la desigualdad en el acceso. La propia patronal de la FP privada lo reconoce: “Acceden quienes pueden pagarlo”. Es decir, quien tiene dinero estudia. Quien no, no. Así de claro.

La segunda consecuencia es la desigualdad académica. Las notas en centros privados suelen ser más altas que en los públicos. Esto tiene un efecto directo: más facilidad para acceder a la universidad desde la FP privada. No se premia el mérito, sino la capacidad de pago.

La tercera consecuencia afecta al núcleo del sistema: las prácticas en empresas. Los centros privados concentran la mayoría de los convenios. Mientras tanto, muchos estudiantes de la FP pública no encuentran empresa donde hacer prácticas, lo que en ocasiones les impide titularse.

A todo esto se suma el deterioro progresivo de las condiciones laborales del profesorado técnico. Contratos inestables, planificación caótica y una carga burocrática que impide dedicar tiempo a la enseñanza real. CSIF ha denunciado públicamente la falta de coordinación de la Consejería y la improvisación constante que domina la gestión de la FP.

Mientras tanto, el Gobierno de España ha destinado más recursos que nunca a esta etapa educativa. Desde 2018, la inversión estatal supera los 7.000 millones de euros. Solo en Andalucía, se han transferido 224 millones para ampliar plazas, modernizar instalaciones y mejorar la digitalización. Pero la Junta no ha aprovechado ese impulso. Al contrario, ha boicoteado la nueva Ley de FP y ha orientado el crecimiento hacia lo privado.

El contraste es claro. Mientras el Estado apuesta por una FP moderna, pública y gratuita, Moreno Bonilla impone un modelo elitista. Un sistema educativo de dos velocidades: el de quienes pueden pagar y el de quienes no pueden estudiar.

Andalucía está en una encrucijada. O se refuerza la FP pública, ampliando la oferta y garantizando la calidad, o se consolida un sistema que cronifica la desigualdad. Porque cuando estudiar depende del dinero, no solo se vulnera un derecho. Se hipoteca el futuro de toda una generación.

Moreno Bonilla ha hecho de la privatización su marca política. Lo ha hecho con la sanidad, con la universidad, y ahora con la formación profesional. El resultado es una Andalucía más desigual, donde el esfuerzo cuenta menos que el saldo en la cuenta bancaria.

Y esa es la pregunta que debe hacerse la sociedad andaluza: ¿queremos una educación que emancipa o una que segrega? Porque cuando la educación pública se debilita, no solo pierde el alumnado. Pierde toda la ciudadanía.