Llega la hora de matricularse, y, un año más, la Formación Profesional (FP) se ha convertido en una fuente de angustia para miles de familias andaluzas. Hay madres y padres que no pueden dormir, preguntándose que harán si sus hijos e hijas no obtienen plaza en la FP pública. En redes sociales, la desesperación se repite: “Mi hijo, mi hija quiere estudiar una Formación Profesional, pero no hay plazas en mi pueblo, no hay plazas en mi ciudad. ¿Qué hago?”
Moreno Bonilla lo tiene claro: que se vayan a la privada. Que sus familias pidan un crédito, que se endeuden, que recorten de sus necesidades básicas y lo paguen. Porque en la FP privada sí hay plazas, pero a precio de oro. Estudiar en ella cuesta entre 3.000 y 6.000 euros por curso. Una estrategia perfectamente diseñada por el PP. Estudiar en Andalucía ya no depende del esfuerzo, del mérito o de la vocación, sino del dinero que haya en casa. Del nivel de endeudamiento al que estén dispuestas a llegar las familias. Es absolutamente indecente.
Porque la realidad es esta: la mayoría de las solicitudes de FP pública en Andalucía no se pueden atender por falta de plazas. El curso pasado, más de 30.000 estudiantes no lograron matricularse en la opción que deseaban. No porque no existiera demanda, sino porque la Junta se niega a ampliar la oferta. Es más, se cierran ciclos, se suprimen enseñanzas a distancia, se deja de contratar personal. Y todo apunta a que en este próximo curso 2025-2026 esta cifra no disminuirá, porque la oferta crece muy por debajo del ritmo que exige la realidad social.
Y mientras tanto, la FP privada crece a un ritmo vertiginoso. Desde que Moreno Bonilla gobierna, el número de plazas en FP privada ha aumentado un 100%, mientras que en la pública solo un 23%. Cinco veces menos.
Uno de cada tres estudiantes de FP en Andalucía ya está pagando por algo que debería ser público y garantizado. No es una cifra menor. Es el resultado de un modelo profundamente injusto y excluyente, donde quien tiene dinero estudia y quien no, se queda fuera. Fondos de inversión y empresas privadas han encontrado en la FP una mina de oro. Y mientras ellos hacen caja, las familias andaluzas se empobrecen.
La desigualdad es tan clara como escandalosa: los centros públicos de FP sufren recortes, falta de personal, materiales obsoletos, ausencia de limpieza o de equipos informáticos. Mientras tanto, los centros privados crecen, captan alumnado con plazas garantizadas, convenios con empresas y mejores instalaciones.
No es casualidad. Es una apuesta ideológica del Partido Popular, que copia el modelo de Ayuso en Madrid: becas públicas para FP privadas incluso a familias con ingresos de hasta 100.000 euros, mientras se degradan los centros públicos y se niega plaza a miles de jóvenes andaluces. Así funciona la derecha.
Y no se trata solo de las plazas. Otro gran obstáculo que impone la Junta de Andalucía son las prácticas profesionales. Moreno Bonilla alega que existen “dificultades” para encontrar empresas donde el alumnado de la FP pública pueda realizarlas. Pero esas prácticas son obligatorias para obtener el título. ¿Qué pasa entonces? Que, si no se garantiza desde lo público, la única opción es -otra vez- acudir a la privada.
Y la privada juega con ventaja. Tiene recursos para firmar convenios con empresas, ofrece plazas aseguradas y vende tranquilidad. Las familias lo saben: si quieren que sus hijos hagan prácticas y no pierdan un año, más vale que se preparen para pagar. Este juego sucio coloca a miles de jóvenes en una situación de desigualdad intolerable. ¿Es justo que el futuro de nuestros hijos e hijas dependa de tener hasta 6.000 euros en el bolsillo?
Pero la ofensiva contra la FP pública no se detiene ahí. La Junta ha eliminado numerosos ciclos formativos a distancia que se impartían en institutos públicos de toda Andalucía, bajo la excusa de “centralizarlos”. En realidad, esto ha supuesto la supresión de cientos de plazas que permitían a muchas personas estudiar mientras trabajaban o cuidaban de su familia. Una vez más, se castiga a los que más lo necesitan, se cierra la puerta a quienes no encajan en el molde del alumno a tiempo completo y con recursos.
Y mientras todo esto ocurre, la FP en Andalucía se convierte en un terreno fértil para la especulación. Lo denuncian UGT y USTEA, que advierten del desmantelamiento sistemático del sistema público en beneficio de intereses privados. La educación no puede ser un negocio, no puede ser una mercancía. La educación es un derecho, y como tal debe ser garantizado por los poderes públicos.
El modelo del PP es profundamente clasista. Un modelo donde la educación se compra y se vende, como si fuera un bien de lujo. Un modelo que segrega por clase social y margina a quienes no pueden pagar. Moreno Bonilla quiere devolver a Andalucía a los tiempos en que solo estudiaban quienes tenía recursos. Es un retroceso brutal, una renuncia al progreso, a la igualdad y a la justicia social.
Frente a esta deriva mercantilista, el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado que hay otra forma de hacer política. Ha invertido más de 6.500 millones de euros en Formación Profesional en todo el país, un 550% más que con Rajoy. Solo en Andalucía, el Ejecutivo central ha destinado 224 millones para ampliar la oferta pública y modernizar la FP. Se han creado nuevos ciclos, se han impulsado sectores estratégicos como el aeroespacial, el digital o el energético. Porque Sánchez entiende que la FP es clave para el empleo del futuro, y que debe estar al alcance de todos.
Pero mientras el Gobierno progresista apuesta por una FP pública, gratuita y de calidad, Moreno Bonilla desprecia la nueva Ley de FP, recorta, boicotea, y abre las puertas a la privatización. Su modelo no busca formar a los jóvenes andaluces para liderar el futuro, sino alimentar un mercado educativo cada más excluyente y desigual.
Sr. Moreno Bonilla, Andalucía necesita con urgencia más plazas públicas de FP, más inversión en centros, más profesorado, más prácticas garantizadas. No podemos permitir que nuestra juventud se quede sin formación por no poder pagarla. No podemos permitir que el acceso a una titulación dependa del endeudamiento de una familia. Con la educación no se negocia.
