No hay un solo sector social que se libre de los recortes de Moreno Bonilla. Recorta en sanidad pública, en educación pública, en universidad pública, en dependencia y también lo hace en el sector de la discapacidad. Él solo trabaja para beneficiar el negocio de lo privado y a los millonarios. Todo lo demás no le importa absolutamente nada.
El presidente andaluz del PP solo tiene dinero para lo que quiere. Se ha subido el sueldo dos veces en un año; se lo sube también a sus Altos Cargos, concede una subvención de 600.000 euros a un evento religioso y destina varios millones a “un chiringuito del PP” que inició José Manuel Soto. Si hay dinero para todo esto, ¿por qué no lo hay para el sector de la discapacidad?
Para Moreno Bonilla el sector de la discapacidad no existe. Se ha olvidado y ha dado la espalda a las 700.000 personas con discapacidad reconocida que hay en Andalucía y que forman parte de asociaciones y entidades agrupadas en el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).
Esta semana se ha conmemorado el Día Internacional de la Discapacidad, y el sector en Andalucía lo ha celebrado manifestándose ante el Palacio de San Telmo. Una concentración que ha sido todo un éxito, puesto que ha congregado a 15.000 personas. ¿Y qué reivindican? Pues reclaman una financiación justa y un modelo de sostenibilidad que les garantice poder seguir prestando una atención digna a estas personas.
En pleno S. XXI deberíamos estar hablando de inclusión, pero en Andalucía se lucha por la supervivencia del sector. Sr. Moreno Bonilla, entérese, es intolerable que, en una sociedad avanzada, los cuidados de los más vulnerables se sostengan gracias a carreras solidarias, rifas o venta de mantecados por parte de las familias, como si se tratara de un fin de curso de unos estudiantes. Falta inversión, falta eficacia en la gestión y sobran incumplimientos.
Hay un dato demoledor. Un reciente informe de CC.OO. concluye que la Junta de Andalucía tarda hasta 36 meses en resolver un Grado de Discapacidad. Efectivamente, son 3 años de espera. Esto es una barbaridad. ¿Esto también es culpa de Pedro Sánchez? No, el único responsable se llama Moreno Bonilla.
Moreno Bonilla en 2019 aseguró que iba a priorizar la atención a la discapacidad, prometió aumentar las partidas destinadas al empleo, a la mejora de infraestructuras accesibles y a reforzar los servicios sociales. Todo ha sido mentira. La realidad es que ha recortado el presupuesto un 12% desde 2021, afectado a programas claves como la atención temprana, los servicios de ayuda a domicilio y la financiación de productos de apoyo.
En cuanto a atención temprana, el número de plazas subvencionadas para terapia infantil se ha reducido en un 8% desde 2021, generando listas de espera de hasta un año para niños con necesidades urgentes de intervención. Por su parte, ha recortado en 2023 un 14% las ayudas ortoprotésicas para la adquisición de productos esenciales como audífonos, sillas de ruedas, andadores y otros dispositivos, a pesar de la creciente demanda y a pesar del aumento del precio de estos productos. De hecho, se han disparado las críticas por los retrasos y dificultades en la aprobación y renovación de estas ayudas.
Moreno Bonilla también prometió aumentar los fondos para los Centros Especiales de Empleo y establecer incentivos para la contratación de personas con discapacidad en el empleo ordinario. No ha cumplido nada. Incluso en 2023 recortó 15 millones de euros para los citados centros, provocando el cierre de varios de ellos en Cádiz, Huelva y Almería. Una medida que dejó sin empleo a 400 personas en situación de especial vulnerabilidad.
El recorte de personal de apoyo y la falta de inversiones tecnológicas necesarias, ha dejados a miles de estudiantes sin los recursos necesarios para participar plenamente en el sistema educativo. La segregación en centros de educación especial sigue siendo una realidad, en lugar de avanzar hacia un modelo inclusivo como exige la normativa internacional.
Miles de profesionales, usuarios y familiares llevan semanas movilizándose en todas las capitales de provincias para reclamar una solución urgente ante la grave situación que padecen sus centros y servicios por la falta de una financiación justa, lo que pone en riesgo su supervivencia. Solicitan otro modelo de financiación, para poder sufragar los costes de esa atención, como también reclama el sector de la dependencia.
La carencia de financiación suficiente, su falta de actualización de costes, las subidas salariales y la falta de ejecución de buena parte de las partidas consignadas en los presupuestos de la Junta, han provocado que las entidades de iniciativa social de la discapacidad en Andalucía se encuentren en una situación agónica.
El modelo de financiación que reclama el sector requiere la actualización automática de los recursos económicos en función del IPC y los convenios, de más inversión en infraestructuras y programas de atención directa y garantías para la sostenibilidad y la calidad de los servicios esenciales.
Reclaman también un pacto social y político por la discapacidad, que garantice la estabilidad de las entidades sociales y de los servicios y recursos que prestan. Las personas con discapacidad merecen una atención constante, sin el temor de que los servicios que reciban puedan desaparecer de un día para otro por falta de recursos.
Se precisa más personal para los centros y garantizar el futuro de algunos servicios de atención residencial, de centros día y atención temprana, que se podrían dejar de prestar en el corto plazo por el cierre de las instalaciones. Lo que reclama el sector son condiciones dignas para sus cuidados, para la salud de todas y todos. Estas personas no pueden quedarse desamparadas, relegadas al olvido y sin el apoyo especializado que necesitan.
Frente a los recortes de Moreno Bonilla, el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 2.000 millones desde 2021 a 2024 a través de programas de apoyo a la dependencia y fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, dirigidos fundamentalmente a modernizar los servicios sociales, mejorar la dependencia y reforzar la accesibilidad en infraestructuras y tecnologías.
El sector de la discapacidad aporta al PIB andaluz una importante cifra de negocio, con más de 11.000 empleos directos y 30.000 indirectos. Por ello dejar caer el sector sería un grave problema para las personas con discapacidad y sus familias, pero también para miles trabajadores y empresas auxiliares en todo el territorio andaluz.
Es hora de que Moreno Bonilla cumpla con los andaluces en general y particularmente con los más vulnerables. Por el bien de más de 700.000 andaluces y sus familias, debe incrementar los recursos para poder garantizar los derechos de las personas con discapacidad. No se trata de caridad, son derechos.
