La opción política estratégica adoptada por CiU estos últimos meses, desde su vuelta al Gobierno de la Generalitat, parece ya muy clara: mientras en Cataluña intenta mantener la opción de esta “geometría variable”, que le permite fotografiarse de forma también variable, unas veces con la presidenta del PP catalán, Alícia Sánchez-Camacho, y en otras ocasiones con el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquim Nadal, la federación nacionalista ya tiene absolutamente decidido apoyar al PP tras las próximas elecciones generales. Para ello es necesario, obviamente, que el PP gane aquellos comicios, pero que lo haga sin alcanzar la mayoría absoluta que le vaticinan algunas encuestas, ya que ello haría innecesario el apoyo parlamentario de CiU tanto para la investidura presidencial de Mariano Rajoy como para garantizar la necesaria estabilidad de su gobierno.

CiU parece no hacer ascos ahora incluso a una posible participación de alguno o algunos de sus dirigentes en un hipotético futuro Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy. Para ello establece, no obstante, una sola gran condición: que Cataluña alcance un “pacto fiscal”, fórmula con la que CiU se refiere a un concierto económico similar al constitucionalmente establecido para el País Vasco y Navarra. Este “pacto fiscal” sería, en opinión de los dirigentes nacionalistas catalanes, una estación más en este proceso de “transición nacional” anunciado ahora por Artur Mas, cuyo destino final evidentemente es la convocatoria y celebración de un referéndum oficial sobre la autodeterminación de Cataluña, un referéndum en el que el propio president Mas y otros destacados dirigentes de CiU han dicho ya que votarían y harían campaña a favor de la opción independentista.

Resulta como mínimo sorprendente que CiU plantee de forma tan rotunda este discurso soberanista precisamente cuando su alianza política con el PP es cada vez más evidente. Porque si el PP fue el partido que recurrió el Estatuto de Autonomía de Cataluña ante el Tribunal Constitucional y éste lo declaró inconstitucional en gran parte de su articulado, parece imposible que el PP pueda ahora aceptar no ya este proceso de “transición nacional” que Artur Mas anuncia ahora para Cataluña sino este “pacto fiscal”, que sin duda alguna va mucho más allá de lo que en esta materia establecía el Estatuto de Autonomía que el PP consiguió que fuese declarado inconstitucional.

Más allá de lo que CiU diga ahora y durante los próximos meses, sería interesante conocer también cuál es la respuesta del PP a estas propuestas nacionalistas. Aunque parece claro que también en esta cuestión, como en tantas otras, Mariano Rajoy optará por dar la callada por respuesta.

Jordi García-Soler es periodista y analista político