La posibilidad de ordenar escuchas de las conversaciones entre el reo y su letrado está autorizada solo en caso de delitos de terrorismo. La Fiscalía anticorrupción temió que los abogados ayudarán a los inculpados,  Correa y demás,  a colocar fuera del alcance de la justicia millones de euros que se habían obtenido a través de comisiones ilegales y sacados de España.

Pese a la oposición de la fiscalía del Tribunal Supremo, el magistrado Alberto Jorge Barreiro ha seguido con la instrucción de la querella presentada por dos de los acusados de la trama Gürtel, el cabecilla Francisco Correa (¿Recuerdan   su foto en la magna boda de la hija de Aznar en El Escorial?) y el constructor José Luís Ulibarri.

Se da así la paradoja de que ninguno de los imputados ha comparecido todavía ante el juez,  mientras que  Baltasar Garzón está a punto de sentarse en el banquillo,  acusado de prevaricación judicial,  y el portavoz del PSOE en las Cortes Valencianas, Ángel Luna,  ya ha comparecido a juicio.

Lo más curioso es que el magistrado Jorge Barreiro,  que con tanta celeridad ha instruido las diligencias contra Garzón, viene a decir en su auto que las motivaciones que le llevaron a ordenar las escuchas no eran otras que la gran repercusión mediática del caso Gürtel. O sea, que Garzón se perdió por su irrefrenable afición a salir en los papeles. Y es verdad que el exjuez de la Audiencia Nacional tenía apego al estrellato, pero como argumento jurídico es bastante pobre.

En cuanto a Ángel Luna, parece que a la  Justicia le interesa mucho más conocer como obtuvo el documento que mostró en una sesión parlamentaria, según el cual se habían  desviado fondos públicos de los actos programados para la visita del Papa,  para pagar a la red de Correa, que sentar en el banquillo a los responsables y descubrir,  con testigos, si es cierto o no, que se desviaron fondos de los impuestos de los ciudadanos para engordar las cuentas corrientes de los amigos del PP en paraísos fiscales.

Al final entre recursos y  querellas, puede que los dirigentes populares implicados en la trama, y que han sido todos incluidos en las listas electorales de los partidos en la Comunidad Valenciana, les ocurra lo que a Fabra,  que sus  delitos prescriban. O como a Naseiro que se anule la causa porque no se aceptaron las escuchas. Esa es, en el fondo, la esperanza de todos ellos, que solo resulten condenados Garzón y Luna. Muy edificante.

Victoria Lafora es periodista y analista política