En primer lugar definimos la política fiscal restrictiva como aquella que disminuyendo el gasto público o elevando los impuestos, consigue los objetivos de disminución de déficit público, menor emisión de Deuda y freno de la expansión de la demanda agregada.
¿Por qué se toma la decisión de aplicar una política fiscal restrictiva? Varios son los argumentos. En primer lugar el deseo del policy maker de disminuir el peso del Estado a favor del sector privado. En segundo lugar, sin ánimo de ser exhaustivo, cuando se presenta una fuerte tensión en precios (inflación) presionados por una demanda agregada desbocada. O, en tercer lugar, por la imposibilidad de endeudarse por cierre o encarecimiento de los mercados de crédito, con objeto de cubrir un déficit que representa gastos por encima de los ingresos. Estamos en el tercer escenario: ni el primero es aconsejable, ni el segundo real.
Los mercados internacionales, los acreedores, no nos prestan, ni a nosotros, ni a nadie. En ese caso no podemos pedir prestado para cubrir gastos por encima de los ingresos (déficit), motivo por el cual debemos reducir los gastos o aumentar los ingresos. En definitiva, se trata de una situación inevitable (si no nos quieren prestar no podemos obligarles), que se soluciona emitiendo moneda por parte del Banco Central Europeo (descartado ya que este dormita en el limbo germánico) o aplicando una política fiscal restrictiva (nuestro caso).
Entonces, ¿qué hacemos?, ¿disminuimos los gastos o aumentamos los impuestos? Un estudio muy interesante del FMI muestra que si disminuimos el Gasto Público Corriente en un 1% del PIB el efecto sobre el crecimiento será una pérdida de tres décimas (-0,3%); si reducimos el Gasto Público de Inversión en ese 1% del PIB la disminución del crecimiento será de aproximadamente cinco décimas (-0,5%); y, si por contra, aumentamos los impuestos o los ingresos públicos un 1% del PIB el efecto de reducción del crecimiento será de casi punto y medio (-1,4%). La opción es evidente: es mejor recortar los gastos que elevar los impuestos en relación al crecimiento económico.
En un país con cinco millones de parados, problemas de crecimiento, un consumo estancado, una inversión atemorizada y una deuda privada inmensa, no parece lógico dañar el crecimiento de la nación. Ante la inevitable decisión de no poder pedir prestado y ante la inactividad palmaria del BCE, tenemos que elegir entre subir impuestos dañando un -1,4% por cada punto a nuestro crecimiento, o reducir el gasto público afectando al crecimiento entre un -0,3% y un -0,4%.
La decisión del Gobierno de Rajoy, además de un fraude electoral, ha pasado por elevar los impuestos a las rentas menos favorecidas y a las medias -que por cierto son las que proporcionalmente más consumen-, condenando nuestro crecimiento y gravando además el ahorro para no dejarles salida.
Sé lo que están pensando: el daño a la equidad del sistema. Esta cuestión, muy importante pero a corto plazo ajena al problema del crecimiento, se soluciona reduciendo los gastos que no afecten a los menos favorecidos, así como elevando los impuestos a los más favorecidos, no con objeto de recaudar mucho más (la elusión es evidente), sino para lograr una mayor equidad vertical y horizontal.
Subir los impuestos, sobre todo a las bases liquidables menores y medias, es un ataque directo al crecimiento, al consumo, al ahorro y al empleo. Un error de primera magnitud que pagará la economía española a partir del establecimiento de un nuevo gabinete, poco solvente, con una política económica profundamente inadecuada.
Antonio Miguel Carmona es profesor de Economía, Portavoz de Hacienda del PSOE de la Asamblea de Madrid y Secretario de Economía del PSM-PSOE
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