Están muy pesarosos los pobres directivos de las empresas del sector energético y bancario con los nuevos impuestos temporales a sus beneficios extraordinarios. No les va a dar para caviar, ni langosta, ni viajes en jet privado, a costa de que la gente se muera de frío en invierno y de calor en verano, pobrecillos. Este gobierno social-comunista de Pedro Sánchez, ha tocado a los pobres trabajadores que, como escribió el genial Jardiel Poncela “ganan el pan con el sudor del de enfrente”.
La Asociación Española del Gas (Sedigas) ha manifestado este jueves su rechazo a la propuesta del Gobierno de crear este impuesto y ha lamentado la “retórica beligerante” que considera que ha adoptado el Ejecutivo en el anuncio de la medida. Incide en que se necesitan medidas de reactivación y protección de la economía y no de “castigo”. La asociación también ha subrayado su “preocupación” por una medida que considera que genera “inseguridad jurídica por su naturaleza retroactiva” y cuyos efectos “distan de estar claros”. También critica que la implantación del nuevo tributo al sector podría motivar conflictos con inversores y procedimientos arbitrales de larga duración que podrían terminar trasladándose a las finanzas públicas. “Todo ello sin perjuicio del efecto sobre la competitividad de nuestro sector derivada de una competencia fiscal desleal frente a terceros”, argumenta Sedigas. No estaban tan quejosos cuando, en plena nevada histórica, con temperaturas bajo cero en toda España por los efectos del temporal Filomena, en enero de 2021, subieron, arbitrariamente, las tarifas, para enriquecerse aún más, con la necesidad de los ciudadanos.
Lo mismo está sucediendo ahora cuando, en una de las olas de calor más duras desde que se tienen registros, encarecen el coste de la energía, mientras, según se ha computado, y son datos incompletos, han muerto más de 350 personas por los efectos del calor. Una cosa es que los bancos y el sector bancario no sean ONGS, y otra es que sean descarados carroñeros de la necesidad de las personas, y más en el sector energético, donde su usura cuesta vidas. El historial inhumano y de usura de las eléctricas no es nuevo. De hecho en estos días, hemos sabido que la Audiencia Nacional ha ordenado la apertura de juicio oral contra Iberdrola Generación España y cuatro de quienes fueran sus directivos por un supuesto delito contra el mercado y los consumidores tras el presunto encarecimiento ficticio del precio de la luz en 2013.
El titular del juzgado central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, ha impuesto una fianza sin precedentes de 192,3 millones de euros a la filial de la energética, y 107,5 millones a cada una de las personas físicas para garantizar una futura responsabilidad civil subsidiaria derivada del proceso. El caso se deriva de una petición de la Fiscalía Anticorrupción sobre una de las filiales de la compañía Iberdrola, que manipuló supuestamente el mercado en 2013 para disparar el precio de la energía eléctrica y obtener un beneficio millonario. Una operación irregular que, según los cálculos del ministerio público, provocó un perjuicio de más de 107 millones de euros, que fue “soportado” por los consumidores, empresas comercializadoras y aseguradoras. A tenor de su escrito de acusación y remitido al magistrado el pasado junio, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba una multa de casi 84,9 millones de euros para Iberdrola Generación España, así como dos años de prisión e inhabilitación y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros para los entonces cuatro directivos. Cabe sospechar, y debería investigarse, si hay connivencia con el resto de las empresas en estas operaciones de hinchazón de los precios, ahora con el pretexto de la Guerra de ruso-ucraniana.
Ya era hora que se levantara la alfombra de impunidad y desvergüenza de las compañías energéticas, caladero habitual de las puertas giratorias de la política. Si tuvieran una décima de vergüenza e inteligencia, atontada por décadas de impunidad, agacharían la cabeza y asumirían su parte proporcional del coste de esta crisis de la que no pueden seguir lucrándose a costa de la sangre de la ciudadanía. Sus beneficios extraordinarios se convierten en desahucios, colas de la vergüenza y el hambre, familias en peligro o realidad de exclusión social, y otras lacras vergonzosas en una sociedad que se dice avanzada.
La naturaleza de sector estratégico, y más de una situación de crisis energética y económica global, habilita al Ejecutivo a tomar medidas incluso más radicales, como ha hecho Macron en Francia, que no es precisamente sospechoso de ser un peligroso rojo, nacionalizando la eléctrica EDF. La necesidad de viabilidad energética debería hacernos recapacitar sobre la transición a energías renovables.
Ya lo hizo el presidente Zapatero, invirtiendo en este tipo de tecnología e infraestructuras, lo que su sucesor del PP, Mariano Rajoy llamó “ocurrencias”, vendiendo gran parte de lo construido a empresas extranjeras del sector en cuanto llegó al poder, y que debe ser el camino, y más en un país como España, rico en sol, viento y costas. El nuevo PP de Feijóo sigue defendiendo, como entonces, a los multimillonarios de la banca y las energéticas, sus amigos de siempre. Entre tanto, que paguen más las empresas del sector en este momento de crisis, y se sienten en el banquillo directivos que se enriquecen a costa de cometer delitos y empobrecer a la ciudadanía es una gran noticia. Que recuerden que, el bienestar general, el sostenimiento de la sociedad del bienestar, es también garante de la paz social. No hay nada más peligroso que aquellos que no tienen nada que perder.
