En Cataluña sigue, aparentemente al menos ya sin remedio alguna, la incesante escalada de despropósitos a cargo sobre todo del Gobierno de la Generalitat presidido por Carles Puigdemont, cuya hoja de ruta secesionista cada vez se aleja más de su propio partido, la ya extinta CDC reconvertida ahora en PDeCat, para asumir los dictados tanto de su socio de coalición, ERC, como de la CUP.

Ya no hay ni habrá ninguna vuelta atrás. Lo demuestran los recientes ces de hasta cuatro de los consejeros -Jordi Baiget, Jordi Jané, Neus Munté y Meritxell Ruiz-, del secretario del gobierno –Joan Vidal de Ciurana- y de otros cargos más o menos relevantes –en especial de Albert Batlle, el director general de la Policía, esto es de los Mossos d’Esquadra, que en todo momento ha dejado claro que todos los agentes a sus órdenes deberían cumplir siempre la legalidad vigente, algo tan obvio como cuestionado e incluso abiertamente negado por sus detractores.

La imposibilidad de cualquier vuelta atrás queda más que confirmada con la elección de sus sucesores entre secesionistas hiperventilados, todos ellos con unas concepciones políticas basadas en la simple y pura patrimonialización sectaria de la Generalitat al servicio exclusivo de la causa separatista.

Todos los cesados estos últimos días por el presidente Puigdemont, no tanto por iniciativa propia como bajo la presión asfixiante a la que lo someten ERC, la CUP y las organizaciones independentistas como la autodenominada Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural,  lo han sido simplemente por atreverse a dudar -en un solo caso en público, en el de Jordi Baiget, en todas las otras ocasiones tan solo en privado- sobre el acierto y la viabilidad del planteamiento y el calendario previsto para el proyecto secesionista. Entre la Patria y el Patrimonio, como pasa muy a menudo, han optado por proteger y defender su patrimonio.

Algunos de los recientemente cesados quizá estaban dispuestos a ser judicialmente inhabilitados durante algunos años para el ejercicio de cualquier cargo público, o incluso asumían la posibilidad de ser condenados con penas de cárcel, pero ninguno de ellos ha querido poner en riesgo su patrimonio personal y familiar. Porque eso es, sin duda alguna, lo que va a ocurrirles a todos aquellos que incurran en el delito de malversación de caudales públicos en el mismo instante en que asuman con sus firmas cualquier disposición de partidas presupuestarias para la organización del referéndum unilateral e ilegal previsto para el próximo día 1 de octubre. Y es que, en definitiva, “la pela es la pela”…