En el cementerio de Barbate, Cádiz, se suceden los nichos de inmigrantes anónimos, que suponen simples números y nadie reclama ni se preocupa por ellos. El Ayuntamiento asegura a Canal Sur que los naufragios le sobrepasan y endosarán al Gobierno la factura que ello supone, ya que se lleva la mayor parte de los presupuestos que el ayuntamiento cuenta en los Servicios Sociales. Pero no todos estos nichos etiquetados con simples números han quedado en el olvido.

Se trata de la historia del pequeño Samuel, niño congoleño de seis años que murió ahogado en el Estrecho hace un año. Su nicho no fue uno más de estos olvidados, ya que en su camino se topó con la solidaridad de una viuda barbateña que cuenta con una pensión de 600 euros. Rosario es el nombre de la mujer que cada mañana a las ocho en punto acude a la tumba del pequeño Samuel para limpiarla. La labor solidaria de Rosario no se queda en mantener limpio su nicho, sino que también fue la encargada de pagar el nicho, mientras que de la lápida se encargó el Ayuntamiento. Para hacer frente a este pago extra tuvo que escatimar en los gastos para comida y, como ella asegura: “Me quité de comer para comprar el nicho al niño. Yo lo cuido de que muerto, me dio muchísima lástima que no estuvieran sus padres ahí, ni su madre ni nadie”.

Los casos de naufragios en el Estrecho son pan de cada día y el Gobierno andaluz formado por el Partido Popular y Ciudadanos y apoyado por Vox no ha tomado las medidas oportunas para remitirlos. En octubre del año pasado fueron 125 las organizaciones que se pusieron de acuerdo para emitir un comunicado y advertir a la Junta de Andalucía que emprenderían “todas las vías administrativas y judiciales a nuestro alcance” si sigue adelante el acuerdo entre los tres partidos de la derecha por el que se comprometen a ceder los datos a la Policía y Guardia Civil de las personas migrantes en situación irregular. Estas organizaciones aseguran que todas las personas, independientemente de su situación administrativa, tienen derechos fundamentales y que “el acuerdo anunciado vulnera el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el reglamento UE de Protección de Datos de 2016 y la Ley Orgánica de Protección de Datos”.