Este jueves el Tribunal Supremo ha decidido condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por delito de revelación de secretos a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros, así como a indemnizar con 10.000 euros a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. Con la resolución, que todavía carece de forma legal y deberá ser notificada en los próximos días, el Alto Tribunal ignora la declaraciones de los diferentes periodistas que han declarado en el juicio y que aseguraban que la autoría de la filtración del correo electrónico no recaía en el fiscal general.

Con este telón de fondo, y este fallo judicial que ha acaparado la totalidad de la actualidad mediática, política y judicial, en el programa de RTVE ‘Mañaneros 360’, presentado por Javier Ruiz, han dado paso a la intervención de José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Tribunal Supremo. Después de ser preguntado por su postura sobre la sentencia del Supremo, el magistrado emérito se ha mostrado breve y contundente: "Lo más parecido a un golpe de Estado". “Vamos a ver una preocupación grande. Pero quiero hacer algunas matizaciones...El fallo es lo más parecido a un golpe de Estado tipo Lula, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Evo Morales, Rafael Correa, en Latinoamérica”, ha sostenido. 

Al hilo de todo ello, Martín Pallín ha proseguido: "Los magistrados son activistas políticos, no conservadores. A mí era el único argumento que pueden utilizar, que no es propio de la meca del derecho penal, que es Friburgo de Brisgovia, es uno muy sencillo que yo he oído varias veces. No vamos a dejar con el culo al aire a nuestro compañero Hurtado. No encuentro otra razón para justificar la sentencia". 

Y ahora, ¿qué?

Con el fallo y la sentencia pendiente de rubricar -tarea que le compete al presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Manuel Marchena, Antonio del Moral y Carmen Lamela-, ¿cuáles son los próximos pasos a dar por parte del fiscal general?

Una vez que la sentencia quede notificada, García Ortiz podrá presentar un incidente de nulidad ante el propio Supremo, una vía que no suele salir adelante en la mayoría de los casos, pero que resulta necesaria antes de recurrir al Tribunal Constitucional (TC). En ese caso, el fiscal general podría solicitar a la corte de garantías que suspenda de forma cautelar la condena hasta que se resolviera el recurso contra el fallo del Supremo exponiendo como motivos lo que considere necesario una vez se conozcan todos los puntos que desglosen los magistrados en la sentencia final. Cabe destacar en este punto que, no obstante, este recurso de amparo no es suspensivo, es decir, García Ortiz deberá seguir cumpliendo con la condena siempre y cuando los tribunales no le concedan algún tipo de medida cautelar. 

Pese a que ahora el fiscal general deberá cumplir condena al margen de los recursos que pueda presentar, lo cierto es que esta sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no se ha emitido de forma unánime. Cinco de los siete magistrados del tribunal han votado por la condena pero dos de los miembros de este han rechazado firmar la condena de García Ortiz. Son las dos juezas progresistas Susana Polo García y Ana María Ferrer García las que han anunciado votos particulares con los que se oponen a la decisión de sus compañeros. 

Cabe señalar que Polo era, en un primer momento, la magistrada ponente pero al hacer pública su postura, ha cedido su cargo a Andrés Martínez Arrieta, presidenta de la Sala. Tanto esta última como Ferrer han sido conocidas en los últimos años por emitir votos particulares en contra de casos de amplio recorrido judicial y mediático como la causa contra Alberto Rodríguez por agredir a un antidisturbios, los ERE en Andalucía u otras causas vinculadas a la amnistía.

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