¿Se pueden enseñar competencias de ciudadanía inclusiva en el marco de la construcción de universidades más sociales? Esa es  la pregunta que se hacían José Luis Álvarez Castillo, Hugo González González, Gemma Fernández Caminero, Luis del Espino Díaz y Carmen María Hernández Lloret, de la Universidad de Córdoba. El equipo de investigación ha llevado a cabo un estudio cuyas conclusiones han sido publicadas recientemente en El Observatorio Social de la Fundación “laCaixa”.

“Como parte de su responsabilidad social, las universidades están empezando a dar una respuesta inclusiva, aún tímida, a la diversidad, en su filosofía y en sus prácticas”, señalan.

La universidad no solo tiene que profesionalizar, tiene que formar en ciudadanía

Responsabilidad social

“Las universidades tienen una responsabilidad social”, nos explica Álvarez. “Y, por tanto, deben prestar atención a la diversidad de condiciones y necesidades de estudiantes y personal. Y la respuesta que debe darse a esa diversidad debe ser inclusiva”, detalla.

La inclusión es “como una gran principio democrático que se está potenciando desde principios de siglo y actualmente forma parte de la agenda 2030, del objetivo 4 de desarrollo sostenible: la educación inclusiva”, añade.

Su planteamiento de partida es que “la universidad no solo tiene que profesionalizar, tiene que formar en ciudadanía. Lo tienen que hacer los colegios de educación primaria y los institutos de secundaria, pero también las instituciones de educación superior”.

De ahí surgió la idea de diseñar un proyecto de investigación “para ver qué metodologías podían ser más adecuadas para enseñar dos competencias ciudadanas que son inclusivas: la competencia ética, que nuestros estudiantes vayan desarrollando su autonomía moral o ética; y la competencia empática, la toma de perspectiva del otro y sintonizar afectivamente con el otro, preocuparse por el otro”.

Las instituciones de educación superior deben formar en ciudadanía democrática e inclusiva

Formación en ciudadanía

Desde su punto de vista, “son competencias ciudadanas que tendrían que enseñarse transversalmente en todas las asignaturas de todos los planes de estudio de todas las titulaciones”.

Álvarez asegura “creer firmemente” que las instituciones de educación superior “deben formar en ciudadanía democrática e inclusiva”. Y, para conseguirlo, es imprescindible “demostrar qué metodologías pueden ser las mejores. Y hacerlo en diseños experimentales, con cierto rigor científico”.

Apunta hacia la falta de conocimiento sobre el tema en “la mayor parte del profesorado” de educación superior.  Por eso, es preciso concienciar también a este colectivo “de la importancia de esta transversalidad de la formación en ciudadanía. Junto a la profesionalización, que también es muy importante y tiene un impacto sobre la sociedad indudable; pero hay que convivir, en una cultura de paz, democrática; hay que saber respetar, asumir derechos y deberes. Todas estas cosas que forman parte de la ciudadanía y que también nos competen en la universidad”.

Actualmente, hay más de 1,6 millones de estudiantes en las universidades españolas. Uno de cada tres jóvenes entre 18 y 24 años estudia en la universidad. “Eso hace que el impacto social pueda ser muy importante si todo el profesorado nos creemos de verdad que tenemos que formar ciudadanos y ciudadanas, aparte de profesionales”.

Visión optimista

Álvarez asegura ser “optimista”: “El espacio europeo de educación superior ha ido asumiendo esta responsabilidad social de dar una respuesta inclusiva a la diversidad. En la conferencia de rectores de las universidades españolas también, a través -por ejemplo- de un comunicado de noviembre de 2020 en el que se establece este compromiso de responder a la diversidad de condiciones y necesidades de los estudiantes”.

Recuerda, además, que en esas mismas fechas, “todos los ministros competentes de los 48 países del espacio europeo de educación superior se pusieron de acuerdo para aprobar unas directrices y unas orientaciones básicas para hacer de nuestras universidades espacios más inclusivos. Se están dando pasos decididos a nivel político que hasta ahora no se habían dado”.

Camino por recorrer

Sin embargo, reconoce que queda mucho por hacer: “Ahora mismo, en las universidades se atiende la discapacidad y las cuestiones de género, pero con unos recursos limitados”.

Es verdad que la retórica va por delante de la práctica. Con investigaciones de este tipo, "lo que queremos es que avancen las prácticas y se pongan al nivel de la retórica en cuanto a las expectativas que se formulan en materia de atención a la diversidad e inclusión”.

Álvarez explica que se ha desarrollado normativa sobre género y discapacidad, “pero no más allá. Se necesitan políticas para atender otros tipos de diversidad. Y hacen falta más recursos para atender esas necesidades de los estudiantes”.

Y no se trata solo del alumnado, “también del personal, que cuenta con un sector minoritario con necesidades diversas. Pero hay que empezar por los estudiantes, que son el colectivo más débil”.

Por eso, es rotundo cuando afirma que “la inclusión en el ámbito de la educación significa educación para todos y todas, con la misma calidad, sin excepción”.

Asegura que es fundamental comprender esa especificidad en toda su amplitud: “Hay muchas diferencias entre los distintos colectivos. Hay diversidad de género, por razón de funcionalidad o discapacidad, étnica o por origen migratorio, por orientación sexual, nacionalidad, edad… Hay múltiples criterios de diversidad”.

Eso significa que “no todo el mundo tiene las mismas necesidades de aprendizaje, de profesionalización, de formación ciudadana. Hay que responder a las diferentes necesidades con medidas, si no individualizadas para cada persona -que eso es muy complicado cuando tienes en un aula 70 o 100 estudiantes en una clase teórica- sí en forma de respuestas adaptadas a los diferentes colectivos, para que tengan exactamente las mismas oportunidades”.

Pasar a la acción

Álvarez considera que “debe haber una política y un liderazgo en relación con este tema. Tiene cierta lógica  que los discursos vayan por delante de las prácticas. Aunque por otra parte, uno podría pensar que la demanda social tiene que mover estos temas desde abajo. No podemos esperar que desde la política y el liderazgo universitario se haga todo lo que se tiene que hacer en materia de inclusión”.

Por eso, “lo ideal sería un proceso convergente. Por un lado, unos discursos del liderazgo universitario que hagan avanzar el tema y se vaya desarrollando una normativa que impacte sobre la práctica; y, por  otra parte, la demanda y las exigencias democráticas que se puedan plantear desde los diferentes colectivos universitarios precisamente al liderazgo para que acelere estas cuestiones”.

Todo, en defensa de los segmentos de la sociedad menos numerosos: “Las mayorías no pueden imponer nada, tienen que respetar la identidad de las minorías. Es un criterio democrático e inclusivo. Y es una responsabilidad de todos: de quienes lideran las universidades, de los profesionales de la política. Quizá haya que hacer leyes inclusivas más generales o relacionadas con otros criterios de diversidad, ampliarlas a otros colectivos que están presentes en la universidad y en la sociedad”, apunta.