El Gobierno anunció en el último Consejo de Ministros un paquete de medidas destinado a aliviar el coste de la factura de la luz de lo hogares. Así, el martes pasado quedaba aprobada la nueva Tarifa de Último Recurso (TUR) o tarifa regulada destinada a las comunidades de vecinos con calderas comunitarias. Esta cuarta TUR, con un alcance de 1,7 millones de hogares, que verían su factura reducida en un 50%, se sumaba a las otras tres que habían sido aprobadas en anteriores decretos, ampliadas hasta diciembre de 2023 en este.
Una vez cumplidos los requisitos por parte de los consumidores para transitar hacia las tarifas reguladas, las encargadas de gestionar este cambio son las comercializadoras, es decir, las eléctricas, lo que podría estar suponiendo un problema. “Nos llegan cada vez más voces de complicaciones para pasarse a la TUR. Todas las comercializadoras tienen obligación da facilitar esto”, ha revelado la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, en una entrevista concedida a RNE. Ante esto, no ha duda en asegurar que el Ministerio “trabajará con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para ver si es necesario abrir expedientes sancionadores a las comercializadoras”.
Más allá del papel de las eléctricas como intermediario necesario para realizar la transición de tarifas, Aagesen ha destacado la buena acogida de las TUR. “Lo que estamos viendo es que ya está creciendo, está habiendo una avalancha de solicitudes por parte de comunidades de propietarios, pero también está habiendo un efecto contagio a las otras TUR que ya existían. Esperamos que una parte alta de los consumidores, porque es una tarifa más estable y menos volátil, pasen a estas tarifas”, ha señalado.
En materia económica, la asunción del coste de estas medidas, como contemplan varias sentencias del Tribunal Supremo (TS), corresponde a la cadena de generación de energía (producción, distribución y comercialización). No obstante, la secretaria de Estado ha reconocido la limitación, también contemplada por el TS, del Ejecutivo de cara a evitar que las comercializadoras trasladen el coste de estas medidas sociales a la factura de los consumidores. “Estas pueden repercutirlos en los consumidores o no”, ha reconocido, aunque ha pedido a las eléctricas que “hicieran un esfuerzo por poner las mejores ofertas a disposición de los consumidores y que fuesen eficaces a la hora de tramitar las solicitudes para pasarse a las Tarifas Reguladas”.
Contexto internacional
Con respecto a la política europea en materia de energía, aprovechando que este martes Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, acude al Consejo de Ministros de Energía; Aagesen ha apuntado que “es necesarios seguir avanzando en el contexto europeo”, pero que “será necesario nuevas reuniones de ministros de Energía antes de firmar el acuerdo definitivo”.
Sobre la posición de los países que se resisten a las políticas comunes ibéricas, que marcan el paso de Europa en estos momentos, la secretaria de Estado ha recordado que “Alemania ha ido cambiando su posición a lo largo de los meses, cada vez vemos una posición más flexible de la comisión y Alemania”, motivo por el que se ha mostrado optimista de cara a futuro. Además, ha despejado las dudas que giran entorno a la excepción ibérica y que la acusas de fomentar el consumo de gas. “No aumenta por el tope al precio del gas. Los problemas de Francia y la sequía son las causas que han motivado un aumento de consumo de gas, no el mecanismo ibérico, que lo que evita es el efecto contagio del gas en el mercado mayorista”, ha concluido.
