Así afectarán las medidas del Gobierno a la factura de la luz de los hogares

Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética y el Reto Demográfico, ha detallado las medidas aprobadas por el Gobierno en el Consejo de Ministros en lo relativo a energía. El Real Decreto ley contempla 18 nuevas medidas, que se unen a las 13 que ya se encuentran iniciadas o desplegadas, sumando ya 35 del total de 73 que componen el plan de contingencia, denominado por el Ejecutivo como plan de Más Seguridad Energética. Las medidas contempladas en la norma se reparten en tres grandes ámbitos de actuación: protección de los consumidores, transición ecológica y ahorro y eficiencia energética. 

Protección de los consumidores

La protección de los consumidores, tanto los más vulnerables como los que se encuentran clases medias y trabajadoras, es el grupo de medidas de mayor tamaño e importancia contemplado dentro del Real Decreto ley, según ha señalado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dentro de estas destacan la extensión de las tarifas reguladas y el nacimiento de una nueva Tarifa de Último Recurso (TUR) para las calderas comunitarias.

Así, se aprueba la cuarta TUR que cubrirá el 100% del equivalente al consumo de la comunidad de los últimos cinco años. No obstante, si el consumo es mayor a la media registrada en los cinco años anteriores, la tarifa también cubrirá el importe, pero se deberá abonar un 25% extra. Para poder acceder a esta nueva TUR, los consumidores deberán tener instalados contadores individuales antes del 30 de septiembre de 2023 y la revisión de las calderas al día. Esta medida se sufragará con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y entrará en vigor en el mismo momento que el Real Decreto Ley. Se estima que un total de 1,7 millones de hogares, según datos del INE, puedan ver reducida su factura un 50% si se acogen a esta tarifa.

En lo referido a las otras tres TUR ya existentes, se ha aprobado su prolongación hasta diciembre de 2023. En este sentido, se limita la posible penalización para rescindir contratos de gas natural, a la par que se rescinden también todos los servicios que pudiesen ir asociados, como por ejemplo un seguro de reparación de la caldera.

El Ejecutivo ha creado también una nueva figura contemplada dentro del bono social térmico: el bono de justicia energética. Así, los hogares trabajadores con rentas bajas podrán enfrentar el aumento de su vulnerabilidad causado por el incremento de la parte de la renta que las familias se ven obligadas a abonar recursos energéticos. Además, la ayuda mínima del bono social térmico se ha incrementado y la media asciende hasta los 375 euros, no puedo ser en ningún caso menor de 40.

De esta manera, se contempla la aplicación de un descuento del 40% en la factura eléctrica para las familias trabajadoras con bajos ingresos afectadas por la crisis. Para ser perceptor de este, será necesario situarse entre 1,5 y 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Con esta medida, el Gobierno aumenta en 1,5 millones las familias que podrán ser receptoras.

En lo relativo a bonos, los que ya se destinaba a la factura eléctrica han aumentado hasta el 65% en el caso de los consumidores vulnerables y al 80% en el de los vulnerables severos. También crece el volumen de energía anual sujeta al descuento en un 15%, hasta los 1.587 KWh en una unidad de convivencia de una o dos personas y hasta los 4.761 KWh en una de cinco o más.

Adicionalmente, la minoración de gas, que frena los precios de la electricidad por encima de los 67 euros/MWh se prorroga, igual que todas las medidas mencionadas, hasta diciembre de 2023. Por último en el ámbito de protección a los consumidores, se aportará también más transparencia e información en la factura, como ya había anunciado el Ejecutivo, dando información sobre el consumo medio de consumidores con las mismas características y en el mismo código postal. Se incluirán también recomendaciones de ahorro y mucha más información.

Transición ecológica

En lo referido a la transición energética, aspecto determinante para el Gobierno, se impulsa el autoconsumo. Para ello, se incrementa en un kilómetro el autoconsumo a través de red, en lo referudo a cubiertas situadas en tejados, se crea una nueva opción de líneas directas para comunidades energéticas y el gestor de autoconsumo compartido. Además, se asume una simplificación administrativa, hasta 500 KW/h, para favorecer este tipo de prácticas. Según datos de Transición Ecológica, gracias a la eliminación de las medidas contrarias a las renovables aprobadas por el Gobierno de Rajoy y a las nuevas implantadas por el actual, exite actualmente diez veces más potencia de autoconsumo instalada que en 2018.

Por otro lado, se busca fomentar los gases renovables como el biogas y el biometano, flexibilizando la normativa. Se declaran de utilidad pública las líneas directas de conexión de plantas de producción de gases renovables con la red de transporte y distribución de gas natural, facilitando su despliegue y constricción.

Ahorro y eficiencia energética

El Real Decreto incluye también una actualización del reglamento del alumbrado exterior, buscando aprovechar los avances técnicos. En concreto, recoge la realidad de la tecnología LED, duplicando los estándares de eficiencia energética y aumentando los requisitos mínimos de eficiencia para el alumbrado funcional en un 119% y en un 163% para el alumbrado ambiental.

Se actualiza la escala de clasificación buscando que solo las más eficientes reciban la letra A o B, lo que también mejorará la información energética recibida por el usuario final. Además, se incrementa la eficiencia mínima obligatoria, reduciendo consumo entre 29 y 67%. Esto, que afectará a la iluminación pública (carreteras y calles), será voluntario con la publicación de la norma, pero se convertirá en obligatorio para los proyectos que se inicien a partir del 1 de enero. Para los iniciados antes y que no se acojan a esto se dará un plazo de un año para su conclusión.

Lo último reflejado, en este ámbito y en el conjunto del Real Decreto ley, es el despliegue de contadores inteligentes de gas natural, que buscan sustituir contadores analógicos para consumo anuales inferiores a 50.000 KW/h. Con esto, fuentes del Ministerio aseguran que se reduce el consumo al tener información en tiempo real y aumenta la frecuencia de lecturas, eliminando estimaciones y mejorando la atención al cliente.