El Gobierno, encabezado por Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética y el Reto Demográfico, ha detallado a lo largo de esta semana las medidas sociales en materia de energía aprobadas por el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado martes. El Real Decreto-ley 18/2022, que contempla 18 nuevas medidas de las 73 que componen el plan de Más Seguridad Energética y se unen a las 13 que ya se encuentran iniciadas o desplegadas (35 de 73), está dotado de 3.000 millones de euros para contener el impacto de la factura de la luz en los hogares. Sin embargo, el coste de este no será asumido por el Estado, sino por las empresas que componen el proceso productivo.
En este punto es donde surge el problema, no porque grandes conglomerados empresariales que declaran miles de millones de beneficios anuales asuman el gasto, sino porque el Gobierno no puede evitar que estas empresas repercutan estos costes en los consumidores. Y es que el Ejecutivo está atado de pies y manos por el mismísimo Tribunal Supremo (TS), que decretó en varias Sentencias, la primera de ellas del 31 de enero, que “las cantidades soportadas por las comercializadoras de referencia en concepto de financiación del bono social […] serán asumidas por los sujetos obligados a financiar el bono social y coste de suministro de los consumidores”, tal y como refleja Real Decreto-ley 6/2022 publicado en el BOE el 29 de marzo.
En definitivas cuentas, esto significa que los costes de estas medidas aprobadas por el Gobierno se repercutirán en todos los procesos productivos (producción, distribución y comercialización) de la cadena de generación de energía y asumidos por las empresas participantes de esta, como confirman fuentes del Ministerio de Transición Ecológica a ElPlural.com. Sin embargo, como apuntan, el Ejecutivo no puede establecer ningún mecanismo que evite que las comercializadoras repercutan una cuantía en las facturas de los consumidores bajo el concepto de ‘bono social eléctrico’, como ya están haciendo. Así, lamentan desde el Ministerio, todo depende de ellas y su buen hacer: “Lo pueden hacer o no”.
¿Qué medidas pueden cargar las empresas a los hogares?
Una de las medidas estrella aprobadas por el Gobierno es la aplicación de un descuento del 40% en la factura eléctrica para las familias trabajadoras con bajos ingresos afectadas por la crisis. Con esta medida, el Gobierno aumenta en 1,5 millones las familias que podrán ser receptoras de bonos y ayudas para poder responder al aumento de la factura. Este descuento o bono social eléctrico ya podía solicitarlo muchas familias, pero el aumento de la renta máxima establecida para su petición ha permitido que un millón y medio más pueda acogerse a la medida.
Concretamente, para ser perceptor será necesario situarse entre 1,5 y 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Esto establece que los ingresos máximos de las familias o unidades de convivencia que quieran acceder a esta medida no podrán superar los casi 28.000 euros anuales, lo que supone aumentar en algo más de 5.000 euros (de 22.697 del IPREM de 2022 a los 27.720 de 2023) la renta máxima, para el ejemplo de una familia compuesta por dos adultos y dos menores.
No obstante, al estar al cargo de las empresas esta bonificación, los 3.000 millones de euros tasados podrían acabar abonándolos los casi 30 millones de consumidores, perceptores o no de el bono social térmico. Esto se debe a que, el nuevo Real Decreto-ley mantiene la normativa del anterior bono, la modificada por el TS.
Actualmente, según refleja la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el reparto de los costes entre las empresas se produce en proporción al peso en el mercado de cada una de ellas, por lo que, sobre todo recae en productoras y comercializadoras. Las primeras tienen más complicado repercutir costes, al ser las primeras de la cadena, algo que en el caso de las comercializadoras no sucede, ya que, el siguiente paso ya es el consumidor. Además, hay que destacar que los grandes grupos eléctricos aúnan gran parte del proceso productivo, normalmente a través de filiales, por lo que podrían repercutir el precio de las medidas de todas las partes de la cadena en la factura final.
En consecuencia, si se suman a los 1,3 millones de perceptores del bono social eléctrico los 1,5 millones extra que prevé el Gobierno, la cuantía reflejada en la factura podría aumentar. En estos momentos, teniendo en cuenta solo al primer grupo, el incremento de alrededor de un euro por factura, lo que aumentará con la suma del segundo grupo. No obstante, el crecimiento será menor porque el descuento percibido por los nuevos hogares incluidos es del 40%, mientras que el de los vulnerables y vulnerables severos es del 65% y el 80%, respectivamente.
