El Gobierno ha anunciado la aprobación de un nuevo Real Decreto, dotado de 3.000 millones de euros destinados a la contención del impacto de la factura de la luz en los hogares españoles. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha destacado que el 40% de los hogares ya cuentan con la cobertura que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado jueves en el Congreso de los Diputados. Los cálculos de Moncloa estiman que se han movilizado un total de 35.000 millones de euros en ayudas orientadas a paliar los efectos de la guerra en Ucrania y, por ende, de la inflación.

La portavoz gubernamental ha presentado los acuerdos emanados del Consejo de Ministros, cristalizados en la activación de un nuevo paquete de medidas que movilizarán 3.000 millones de euros. Este montante mutará en medidas dirigidas a la “mayoría” con el fin de abordar la llegada del invierno y la situación climatológica derivada, así como amortiguar el golpe que este propinará a la factura de la luz de los hogares españoles.

Rodríguez ha explicado que el Ejecutivo se ha puesto manos a la obra para anticiparse a la llegada del frío a la Península y lo que esto conlleva; el aumento del consumo doméstico de energía ya sea a través de la calefacción o la propia luz. El acuerdo del Consejo de Ministros aporta “coherencia” a la acción de Gobierno, que atiende la emergencia emanada de la “crisis” mientras se circunscribe a la “hoja de ruta” marcada.

El Ejecutivo trabaja de “forma anticipada” para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Por este motivo, en palabras de la ministra portavoz, se han adoptado medidas que han amortiguado el golpe en las familias “antes de la guerra de Ucrania”. Así, la coalición “atiende” a las demandas de la “mayoría”, mediante rebajas fiscales o el alivio en la factura de la luz.

En definitiva, el despliegue de este nuevo escudo eleva hasta los 35.000 millones de euros (un 3% del PIB) la cantidad movilizada por el Gobierno, que a su vez cuenta con una orientación clara: “Reformas, protección y reparto justo de las cargas”. En torno a estas tres aristas orbita la línea de acción del Ejecutivo con este nuevo Real Decreto.

Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha resaltado la orientación de este Real Decreto a beneficiar directamente a los consumidores. “Hemos estado pendientes de la transformación y del modo en el que se puedan beneficiar”, ha resaltado la socialista, al tiempo que desmenuzaba las interioridades del escudo social desplegado.

En este sentido, el Ejecutivo ha resaltado las “medidas” adoptadas ante las amenazas de Putin a Occidente, como la reducción del IVA de la electricidad o la limitación de la tarifa del gas.  De las 73 medidas que contempla el plan, se han habilitado un total de 29. Ribera establece una subdivisión en tres grandes grupos.

Beneficios a consumidores

Por un lado, Ribera ubica las medidas de protección a los consumidores, entre las que se sitúa la nueva tarifa para propietarios de calderas de las comunidades de vecinos y la prórroga de las mismas de cara a los pequeños consumidores. En esta senda, el Ejecutivo ha estirado el bono social térmico y eléctrico, favoreciendo también la transparencia en las facturas.

Este subapartado pivota hacia la edificación de una nueva tarifa especial para calderas comunitarias, que afectará directamente a 1,7 millones de familias. A ella se podrán acoger comunidades de propietarios siempre y cuenten con la instalación de sistemas de contador individualizados antes de septiembre de 2023 y quede patente en cada revisión que el aparato funciona de manera “eficiente”.

Los primeros cálculos del Ejecutivo arrojan un ahorro estimado de en torno al 40%. Para la implantación de esta nueva tarifa se tienen en cuentan el consumo medio de la comunidad en cuestión durante los últimos 5 años. De esta manera, al 70% de este consumo se le deduce un 40%. El 30% restante se pagaría al precio de mercado. No obstante, si se incrementara el consumo, sobrepasando sus valores medios, la comunidad se enfrentaría  a una “penalización”.

En segundo lugar, la vicepresidenta ha establecido las medidas de ahorro y eficiencia, con la prórroga del límite al crecimiento del gas natural de las tarifas de familias y pymes hasta el 31 de diciembre de 2023. Según el Ejecutivo, este articulado permite a la industria la modificación de sus contratos para que puedan decidir “en qué momento cambian las decisiones estructurales”.

Ahorro energético

El Real Decreto contempla también una actualización del reglamento del alumbrado exterior, explotando todos los avances técnicos. Las medidas se dirigen a la realidad de la tecnología LED, que duplica los estándares de eficiencia energética y favorece el aumento de requisitos mínimos para el alumbrado funcional en un 119%, mientras que para el ambiental se incrementa hasta el 163%. De este modo, se restaura la clasificación para fuscar que sólo los más eficientes perciban la calificación de A o B, facilitando al usuario la recepción de la información energética. 

La eficiencia mínima obligatoria sufre también una variación, reduciendo el consumo entre el 29 y el 67%, lo que afectará a la iluminación pública. Eso sí, el Gobierno subraya el carácter de voluntariedad en los primeros meses desde la aplicación del articulado, advirtiendo su obligatoriedad en aquellos proyectos que se inicien a partir del 1 de enero de 2023. En cambio, aquellos que arranquen antes de la fecha límite y que no se acojan al plan, se les concederá un año de plazo para su conclusión. 

El nuevo Real Decreto recoge el despliegue de contadores de gas natural inteligentes. Un elemento que sustituirá a los analógicos para consumos anuales inferiores a 50.000 KW/h. Según han explicado desde el Ministerio de Transición Ecológica, esta alternativa permite la reducción del consumo al allanar el acceso a la información en tiempo real, con un aumento en la frecuencia de lecturas y una supresión de las estimaciones, así como una sustancial mejoría en la atención al cliente. 

Puerta abierta a nuevas medidas

Desgranado el nuevo Real Decreto del Ejecutivo, la vicepresidenta tercera no ha descartado la adopción de nuevas medidas de cara al futuro, abriendo la puerta al análisis y el estudio de nuevas vías que permitan afrontar la realidad de la crisis energética "en función de su evolución". Ribera ha manifestado su plena confianza en que el conjunto de vías que se adopten a nivel europeo faciliten "normalizar la situación en estos meses". No obstante, todo queda supeditado a que la incertidumbre derivada de la guerra "se alargue lo menos posible". 

La volatilidad del escenario actual obliga a los gobiernos a "permanecer muy atentos" a cualquier atisbo de cambio para anticiparse, como, según Ribera, ha hecho España tanto en la pandemia como tras la invasión de Ucrania. Esa capacidad de adelantarse a los acontecimientos ha facilitado el despliegue del escudo social para hacer frente al invierno y, en defenitiva, extenderlo durante el "ejercicio presupuestario de 2023". 

 

Por su parte, en lo que atañe al Consejo de Europa de esta misma semana, la vicepresidenta sugirió que no se está actuando con la premura y la "intensidad" que el momento precisan. "Seguimos avanzando muy por debajo de las expectivas", ha deslizado la responsable de Transición Ecológica. En paralelo, ha recordado que tanto España como Portugal están protegido del impacto de los precios del gas natural gracias al mecanismo ibérico, siendo los dos únicos países de los Veintisiete con capacidad para sortearlo. En este sentido, ha destacado el "gran número" de estados que reclaman más medidas y que Bruselas regule la solución. 

 

"Estamos lejos de poder identificar las soluciones que pueden mantenerse a lo largo del tiempo", resaltó la vicepresidenta tercera, que advirtió de las dificultades que supondrían la "imposición de obligaciones" que, a la postre, "no benefician a nadie".