Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha reconocido la dificultad que puede suponer para la ciudadanía comprender y acceder al conjunto de nuevas medidas sociales energéticas aprobadas por el Gobierno. “Lo que aparece en el BOE” -que tiene que contar con especificaciones y detalles técnicos para que pueda ser aplicado por los especialistas- no se comprende, igual que pasa con la factura eléctrica o de telefonía móvil”, ha señalado Ribera en relación con el nuevo Real Decreto aprobado este martes en Consejo de Ministros.
Es por ello que, ha reconocido en El programa de Ana Rosa que es responsabilidad del Ejecutivo “realizar una campaña, junto con las administraciones locales y autonómicos y organizaciones de consumidores, para que todas aquellas personas que pueden acceder a estas ayudas tengan conocimiento de ello”. No obstante, también ha depositado responsabilidad en las espaldas de las comercializadoras, que deben informar a los consumidores y facilitar el acceso de estos a las nuevas tarifas.
“Una de las cosas más importantes es que aquellas familias que se puedan beneficiar del bono social acudan a las comercializadoras, que son las que tienen la obligación de explicar bien y facilitar esto. El Gobierno estará supervisando”, ha señalado la principal responsable del plan de contingencia, denominado ahora de Más Seguridad Energética. Así, ha asegurado que desde las autoridades gubernamentales se vigilará la implantación y aplicación de todas las medidas para evitar malos funcionamientos o una actitud de entorpecimiento por parte de las compañías.
“Hemos querido aumentar está ayuda a la clase media”
La protección de los consumidores, tanto los más vulnerables como los que se encuentran clases medias y trabajadoras, es el grupo de medidas de mayor tamaño e importancia contemplado dentro del Real Decreto ley, según señaló el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dentro de estas destacan la extensión de las tarifas reguladas y el nacimiento de una nueva Tarifa de Último Recurso (TUR) para las calderas comunitarias.
“Uno de los esfuerzos que estamos haciendo es ampliar la base de familias que puede beneficiarse de las ayudas. Hasta ahora, eran las personas más vulnerables las que podían acceder a estos bonos, pero ahora se ha aumentado la cantidad de energía bonificada. Por eso hemos querido aumentarlo a familias de clase media, que tengan una renta de 28.000 euros, y puedan ver reducida un 40% su factura”, ha destacado.
En este sentido, la ministra ha defendido la implantación de contadores individuales en las comunidades con calderas comunes, requisito obligatorio para acceder a la nueva TUR, para “ayudar a comprender dónde se puede ahorrar y mejorar el comportamiento”.
La vicepresidenta ha detallado que, con esta nueva medida, el 70% del consumo medio de los últimos cinco años se bonifica al 40% y el 30% restante se establece al precio del mercado mayorista de gas. Además, ha garantizado que “este descuento se aplica desde ya mismo, por lo que podrían computarse los descuentos en las facturas desde el 1 de octubre”, resaltando que al ser facturas de carácter trimestral no supondrá un problema.
