Otro martes más se ha celebrado en el seno de la Moncloa otro Consejo de Ministros, esta vez marcado por la crisis energética y los 3.000 millones de euros destinados a aliviar las abultadas facturas de la luz de los españoles. No obstante, más allá de las ayudas a la energía aprobadas por el Ejecutivo, se han adoptado otros acuerdos relevantes para mitigar el impacto de la inflación en el grueso de la población española.

En concreto, en el seno del Gobierno se ha aprobado el reglamento de los planes de pensiones de empleo, una compensación salarial adicional del 1,5% a los empleados públicos para mitigar la subida de los precios y la prórroga de las deducciones aplicadas en el IRPF por obras para mejorar la eficiencia energética de las viviendas.

La regulación de las pensiones de empleo

En primer lugar, siguiendo con la política expansionista en materia de pensiones, el Consejo de Ministros ha aprobado -a propuesta del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones- un Real Decreto que modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, un reglamento que se desarrolla a través del Real Decreto 304/2004.

De esta forma, la nueva norma aprobada este martes desarrolla la arquitectura institucional de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP), que se regulan mediante la reciente Ley 12/2022.

Este nuevo Real Decreto resulta de vital importancia para la Ley anteriormente mencionada, que tiene como objetivo facilitar el acceso de los trabajadores de las PYMES, los empleados públicos y de los trabajadores autónomos a los planes de pensiones colectivos. Se planea que esta nueva normativa pueda hacerse completamente efectiva durante los próximos meses.

La norma aprobada este martes regula técnicamente la Comisión Promotora y de Seguimiento, que se define como un órgano colectivo de carácter público con potestad para monitorizar y actuar en el caso de que se produzcan anomalías en la gestión de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública, velando así por el adecuado funcionamiento de estas pensiones.

El Real Decreto también recoge la creación de la Comisión de Control Especial, un órgano de vigilancia de los fondos y planes de pensiones de empleo, así como estipular las condiciones de retribución de sus integrantes.

El reglamento detalla las comisiones que podrán aplicar las entidades que se ocupen de la gestión de los planes incluidos en los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. Concretamente se establece una comisión máxima del 0,30% en concepto de gestión. Se contempla también las entidades gestoras puedan repercutir estos costes durante un plazo máximo de cinco años en caso excepcional. Se establece asimismo un régimen de máxima transparencia en los gastos directos e indirectos incurridos por las entidades gestora y depositaria en los informes trimestrales y semestrales.

Con la norma aprobada este martes se podrá proceder a la selección de los miembros de la Comisión Promotora y de Seguimiento, al diseño e implementación de la Plataforma Digital Común y abrir el proceso de selección de entidades gestoras y depositarias.

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La compensación salarial al funcionariado

Otra de las medidas estrella aprobadas en este último Consejo de Ministros ha aprobado hoy la compensación del 1,5% en los salarios de los empleados públicos para este 2022, en línea con lo acordado en la Mesa General de Negociación de la Función Pública. Un 1,5% que tiene un carácter retroactivo y que será efectiva durante este ejercicio. A efectos prácticos este incremento se suma al del 2% que entró en vigor el 1 de enero. De esta forma los salarios del funcionariado se habrán incrementado en un 3,5% durante este año.

La medida fue fruto del acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública con los sindicatos CCOO y UGT, mayoritarios en las Administraciones Públicas (AAPP), con el fin de dar respuesta al agravamiento de la situación económica por el estallido de la invasión de Ucrania, la crisis energética derivada de esta y el consiguiente aumento. La medida fue fruto del acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública con los sindicatos CCOO y UGT, mayoritarios en las Administraciones Públicas (AAPP), pero con el desacuerdo de CSIF, con el fin de dar respuesta al agravamiento de la situación económica por el estallido de la invasión de Ucrania, la crisis energética derivada de esta y el consiguiente aumento.

En lo que respecta al periodo 2022-2024, la mejora salarial alcanzará un porcentaje fijo del 8%, pudiendo incrementarse el mismo al 9,5%, con respecto a la evolución del IPC. Si se hacen cálculos en términos reales, la revalorización salarial puede alcanzar un 9,8%. El motivo es que el incremento salarial de cada ejercicio se consolida, es decir; el porcentaje se aplica sobre la última cuantía, que a su vez ya ha experimentado subidas.

La subida salarial se hará efectiva a partir del mes de noviembre abonándose como atrasos el incremento correspondiente de enero a octubre de este 2022. El carácter retroactivo de la medida obliga a que sea así, ya que la subida inicial del 2% recogida en los Presupuestos Generales del Estado 2022 lleva en vigor desde el 1 de enero de este año. Una subida que se estima que beneficiará a 2.717.570 empleados al servicio de las Administraciones Publicas.

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Las deducciones fiscales por mejorar la eficiencia energética de las viviendas

En línea con la apuesta del Ejecutivo con la transición y el ahorro energético, El Ministerio de Hacienda y Función Pública prorrogará un año más las deducciones existentes que se aplican en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas.

Un nuevo Real Decreto que supondrá una movilización de 3.000 millones de euros adicionales, destinados a aliviar la subida de los precios de la energía. La semana pasada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Congreso de los Diputados un nuevo paquete de medidas económicas y sociales para hacer frente a la crisis energética, que se recogen en la norma aprobada este martes.

Una de estas medidas se centra especialmente en ampliar hasta finales de 2023 la deducción prevista en el IRPF por obras para mejorar la eficiencia energética de la vivienda habitual de manera individual. Dicha ampliación se extiende por tanto hasta 2024 en el caso de obras de rehabilitación energética realizadas en edificios de uso residencial.

Asimismo, merced a este nuevo Real Decreto-ley se introducirá en el Impuesto sobre Sociedades una medida por la que los contribuyentes podrán amortizar libremente las inversiones que se efectúen en instalaciones destinadas al autoconsumo de energía eléctrica, así como aquellas instalaciones para uso térmico de consumo propio, siempre que utilicen energía procedente de fuentes renovables y sustituyan a instalaciones que utilicen energía procedente de fuentes no renovables de origen fósil.

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