La ley de Vivienda, que se encuentra actualmente en trámite parlamentario, está generando tensiones entre los socios de Gobierno, situación que podría retrasar su aprobación. Es por eso que las organizaciones sindicales, CCOO y UGT, se han pronunciado exigiendo que se apruebe esta medida “primero en el Congreso de los Diputados y luego en el Senado durante este periodo de sesiones”, es decir, antes de que comience 2023. Los sindicatos han solicitado que la tramitación de la norma “no sea objeto de más demoras”, destacando la importancia de su ámbito de actuación.
“Se trata de un derecho fundamental recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, que señala que ‘todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, han compartido CCOO y UGT a través de un comunicado conjunto. Además, reclaman que la ley incorpore las enmiendas propuestas por los sindicatos y las organizaciones sociales.
Enmiendas de los sindicatos
El proyecto de ley, actualmente en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, recibió en su momento varias enmiendas procedentes de las organizaciones sindicales. Una de está destinada a combatir los efectos para la salud del amianto, que actualmente todavía se encuentra en multitud de infraestructuras españolas, entre ellas viviendas. Destacan que es necesario “asegurar la funcionalidad, la seguridad y la habitabilidad de las viviendas, garantizando así la dignidad y la salud de las personas que las habitan”, por lo que piden que tanto propietarios como inquilinos sean conocedores de la existencia del material cancerígeno.
Otra de las enmiendas de CCOO y UGT es relativa a los incentivos fiscales a los arrendamientos de inmuebles, que son aplicables en el IRPF. “Las bonificaciones fiscales en el IRPF deben ser transformadas para que protejan derechos de alto interés público y social que justifiquen la concesión dicha ventaja fiscal”, trasladan desde los sindicatos, que no consideran que el mero hecho de firmar un contrato de alquiler sea motivo suficiente para que el propietario obtenga una subvención fiscal.
“La función social de la vivienda implica reservar dicha bonificación para aquellas viviendas cuyo coste de alquiler se sitúe dentro de unos niveles económicos razonables y asumibles por la población que reside de alquiler en las zonas residenciales de mercado tensionado”, zanjan en lo relativo a este aspecto.
Las últimas enmiendas presentadas por los sindicatos se centran en los parques públicos de vivienda y en los grandes tenedores. Así, proponen medidas más restrictivas que las que se contemplan actualmente, como la suspensión temporal de los lanzamientos, para evitar el desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, “que vulnera la carta de Derechos Humanos”.
Asimismo, demandan la “cesión de todas las viviendas propiedad de entidades con participación y/o control público, entre ellas la SAREB, medida que también propone Unidas Podemos y que está generando tensión con PSOE. Además, CCOO y UGT también exigen la construcción de nuevas viviendas de protección oficial.
