El mundo financiero no parece estar muy contento con varias decisiones que ha tomado el Ejecutivo en sus dos años largos de gestión. Sin embargo, resulta curioso que apenas se oigan voces críticas que expliquen el malestar que provocan medidas que afectan a grandes y pequeños inversores, a ahorradores para la jubilación, incluso a los mercados donde se negocian los títulos.  No quiero entrar en valorar las decisiones gubernamentales que, a mi entender, algunas están cargadas de razón y otras se me antojan especialmente drásticas y que en poco o nada benefician al conjunto de la economía.

Únicamente, y a través del periódico Cinco Días, el organismo independiente –dependiente del Ministerio de Economía que nombra sus cabezas más visibles como el presidente y el vicepresidente- , la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lanzaba a través de este diario económico un globo sonda en el que mostraba un cierto malestar por la prolongación de la ley anti Opas por perjudicar la inversión extranjera en nuestro mercado. Dos días después, la ministra de Economía, Nadia Calviño, respondía negando este efecto negativo sobre el mercado y manteniéndose en la necesidad de esta normativa, nacida entre las medidas de la pandemia del Covid-19, para evitar que capitales foráneos comprasen a precio de saldo cuando el derrumbe de las cotizaciones.

Otra de esas medidas que poco ayudan a la negociación en los mercados es la Tasa Tobin que graba las compraventas de valores en compañías con un valor bursátil superior a los mil millones de euros. Los datos conocidos muestran una recaudación fiscal muy por debajo de lo esperado, mientras afecta tanto a los inversores (grandes o pequeños) que las deben pagar y limita el número de operaciones. A mar, agua. Los volúmenes de negocio en la Bolsa española caen año tras año y están muy lejos de los máximos de 2007. Pero las quejas y críticas lanzadas desde Bolsas y Mercados Españoles (BME) han sido moderadas, mientras nada se ha escuchado de las asociaciones de inversores y afines.

Asimismo, en este mes de enero asistimos a la desaparición de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav), un instrumento de las grandes fortunas para pagar menos por el impuesto de Sociedades, aunque eso no los exime de retratarse en las ganancias cuando consiguen plusvalías con sus compraventas. Un instrumento de inversión muy utilizado en los países de nuestro entorno y que en España está desapareciendo. Habría que ver cómo se sortea esta huida de las Sicavs del mercado español y si, finalmente, acaba beneficiando a otras economías que mantienen esa ventaja fiscal de tributar como sociedades solo al 1%.

Y, sin lugar a dudas, la medida más drástica ha sido la continua rebaja de la desgravación de los planes de pensión individuales que ha llevado a estos  instrumentos a ver reducidas drásticamente la entrada de dinero nuevo: si antes se desgravaba por 9.000 euros y ahora solo por 1.500 euros, el producto pierde todo su atractivo. En compensación, el ministerio de José Luis Escrivá, prepara unos planes de empleo con mejores ventajas fiscales (especialmente para pymes y autónomos). El argumento utilizado ha sido el de las excesivas comisiones que cobran estos fondos individuales, frente a los promocionados por el Gobierno que aún no han visto la luz, aunque se espera que estén en marcha en este primer trimestre del año.

El varapalo para las gestoras de estos planes de pensiones individuales ha sido muy importante y tampoco se ha planteado una batalla de argumentos con voces de diferentes procedencias para reivindicar, sobre todo, la capacidad de libre elección de aquellos que quieren ahorrar para la vejez.

Han sido cuatro medidas exigentes para el sector financiero que no han tenido una réplica seria, generosa y documentada sobre los efectos positivos y negativos de estas decisiones. Eso es lo que más he echado a faltar.