Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, se reunirá este martes con Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia. El motivo de este encuentro es abordar la propuesta que presentaron conjuntamente España y Portugal para limitar el precio máximo del gas para la generación de electricidad a 30 euros el megavatio hora (MWh). El objetivo de esta excepción ibérica es abaratar el precio de la factura de la luz que se disparó hace ya unos meses, situación que se agudizó con la guerra de Ucrania.
A esta reunión, Ribera acudirá acompañada del ministro de Medio Ambiente y Acción Climática portugués, José Duarte. La intención de los dos representantes ibéricos es cerrar positivamente la propuesta que ambos países remitieron a Bruselas para frenar la escalada del precio de la luz. La Comisión Europea, que había aceptado en primera instancia esta excepción, pretende ahora elevar el tope de 30 euros/MWh para evitar una gran diferencia con el resto de países europeos. Por su parte, los dos países de la península justifican esta excepción apoyándose en su escasa interconexión en esta materia con el resto de países europeos.
Bruselas no está por la labor de aceptar la propuesta porque teme distorsiones en el mercado. Las empresas del sector eléctrico, que están recibiendo beneficios extraordinarios fruto de la crisis devenida de la guerra de Ucrania, han mostrado un fuerte rechazo. Los operadores de los mercados eléctricos de España y Portugal, de hecho, han señalado que esta regulación puede general “importantes y relevantes impactos”.
En esta línea se sitúan también OMI, formada por los principales grupos energéticos (Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol o EDP) y financieros (Santander o BBVA), OMPI, BMEClearing y MEFF que han remitido una carta a las secretarias de Estado de Energía de España y Portugal y a las supervisiones bursátiles de cada país. En dicha misiva, el conjunto de grupos se muestra preocupado porque "la potencial intervención del mercado no alineada con el resto de la UE originará un fuerte riesgo regulatorio, comprometiendo la necesaria credibilidad del proceso de formación de precios".
El Gobierno sigue adelante
A pesar de la negativa de los grandes grupos energéticos de ambos países, beneficiados por los elevados precios, el Gobierno pretende seguir adelante con la propuesta. La propia ministra Ribera señaló en un acto en Cáceres que se está trabajando para que “a principios de mayo” la medida pueda estar “aprobada y aplicada ya”.
"Nuestra intención, nuestra expectativa, nuestra convicción es que, porque además así lo entiende también la Comisión Europea, a principios de mayo podamos tener esto aprobado y aplicado ya en nuestro país y en Portugal", aseguró la vicepresidenta, aunque Bruselas no parece estar ahora tan de acuerdo. Añadió, eso sí, que "hay algunos aspectos técnicos que todavía no están resueltos", pero que se está “trabajando” para conseguir zanjar todos los aspectos.
