Los gobiernos de España y Portugal han presentado una propuesta preliminar a la Comisión Europea que establece un precio de referencia para el gas de 30 euros el megavatio (MWh) con el fin de abaratar el precio de la electricidad.
Así lo ha confirmado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su visita a la comarca de El Bierzo (León), donde ha presentado el proyecto 'La Térmica Cultural' en las instalaciones de la central térmica de Compostilla I.
La poropuesta del Gobierno dista bastante de las declaraciones de Teresa Ribera el 21 de marzo, cuando daba marcha atrás en la propuesta de limitar el precio del gas en 180 euros. Finalmente, la ministra de Transición Ecolcogica y el Reto Demográfico ha dejado claro que se trata de una propuesta conjunta formulada por ambos gobiernos y sujeta a la negociación con las autoridades europeas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anunció el lunes que esta misma semana España y Portugal presentarían a Bruselas una medida "excepcional y temporal" para fijar un precio de referencia del gas. La decisión se habría tomado tras lograr en el Consejo Europeo del viernes una 'excepción ibérica' a través de la cual se puedan abaratar los precios de electricidad en ambos países.
Sánchez recalcó que esta medida "no supone subvencionar el gas, no rompe los incentivos para las renovables ni los flujos eléctricos entre países" y permitirá a España y Portugal "rebajar significativamente los precios de la electricidad de forma inmediata" y sin "distorsionar" el mercado de la electricidad de Europa. De esta forma, el precio de la electricidad podrá reducirse al intervenir la medida sobre el pool del mercado marginalista de la energía.
"Tengo el convencimiento de que la aprobación por parte de la Comisión Europea se va a producir en un muy breve plazo de tiempo y al día siguiente será aprobada en el Boletín Oficial del Estado con efectos inmediatos en las facturas de la luz de los ciudadanos", subrayó.
Sánchez también explicó este miércoles en el Congreso de los Diputados que los gastos derivados de esta medida serían asumidos por el propio sistema energético, es decir, que no conllevará ningún tipo de gasto público por parte de la administración.
