La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, arranca este jueves una ronda de encuentros con los responsables de las principales compañías eléctricas, entre las que se encuentran el consejero delegado de Endesa, José Bogas; el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el presidente de Naturgy, Francisco Reynés. El objetivo está claro: estudiar la subida de los precios de la luz y buscar soluciones, precisamente en un día en el que la luz toca nuevos máximos históricos en el mercado mayorista, en los 288,53 euros/MWh, muy lejos de los últimos récords.
El Gobierno ha aprobado una serie de medidas dentro de su plan de choque para frenar la escalada de los precios de la luz, a través de un Real Decreto Ley, en vigor desde el pasado 14 de septiembre. Pendiente de su convalidación en el Congreso, el Real Decreto incluía un recorte a los sobrebeneficios de las tres grandes eléctricas del panorama nacional: Endesa, Iberdrola y Naturgy.
Esto sembró una guerra entre la ministra y las eléctricas, con amenazas de cerrar las plantas nucleares por parte de las últimas. Algo a lo que Teresa Ribera no tardó en responder tajantemente: “No podrían hacerlo por sí solas”. Ahora, parece que acercan posturas con esta ronda de encuentros y, según avanza Cinco Días, se estaría planteando suspender o modificar la minoración de ingresos de las energías hidráulica, nuclear o de algunas renovables.
ElPlural.com se ha puesto en contacto con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que no entra a valorar estas previsiones. Desde el departamento de Ribera aseguran que "el Gobierno sigue trabajando para superar una coyuntura extraordinaria" y corroboran que se ha iniciado una ronda de contactos con la industria, los consumidores y también con las eléctricas, "con las que siempre hemos mantenido los canales de interlocución", recalcan.
El objetivo del Real Decreto aprobado por el Gobierno es que las eléctricas contribuyeran a hacer frente a la subida de la luz, y especialmente al impacto que esta está teniendo sobre el recibo final de los consumidores. Así, pedía hacer una aportación de 2.600 millones, de los que 2.000 millones los pagarían los tres grandes gigantes del sector. Una aportación que iría destinada a rebajar los cargos de los peajes del recibo.
¿Aplazamiento o cambios en la norma?
El objetivo del Gobierno sigue siendo el mismo aunque, según explica el medio, podría estar debatiendo otras medidas, a través de un aplazamiento o una modulación de la norma, que no suponga “una expropiación tan grave” de los ingresos, explican fuentes empresariales al medio de comunicación económico.
De hecho, el Ejecutivo ya rectificó días después de su entrada en vigor para aclarar que la limitación de beneficios afectaba solo a los contratos entre generadoras y comercializadoras de un mismo grupo empresarial, es decir, las grandes eléctricas. Dejaba fuera así a los contratos bilaterales firmados entre productor y cliente final.
Con este panorama, y los precios de las materias primas disparadas, la situación podría complicarse para las eléctricas, que podrían incluso pasar a vender a pérdidas, tal y como alertan fuentes del sector. Es por esto que alertan que, de mantenerse vigente el Real Decreto Ley, el Gobierno tendría que continuar haciendo rectificaciones.
Más allá de esta ronda de contactos, tanto Teresa Ribera como Nadia Calviño mantienen reuniones durante esta semana con el Eurogrupo y la Comisión Europea para buscar una solución conjunta al encarecimiento de la electricidad en el mercado mayorista. "Seguimos trabajando en Europa porque siempre hemos dicho que preferimos una solución de ámbito europeo y esperamos al paquete que la Comisión ha anunciado que presentará la semana que viene", reconocen fuentes de Transición Ecológica a ElPlural.com.
Tal y como hemos explicado en sucesivas ocasiones, la subida de la luz en el mercado mayorista está provocada por el aumento de precio de las materias primas -consecuencia directa de las tensiones internacionales entre oferta y demanda- y por el coste de emisión de CO2, del que el presidente de Repsol culpó directamente a los especuladores financieros.
