Con el rabillo del ojo puesto en la evolución de la pandemia, arranca el curso económico con una confirmación de las principales tendencias identificadas antes del verano: fuerte dinamismo económico, con un crecimiento interanual por encima del 8% y un crecimiento intertrimestral del segundo trimestre de más del 2%, con un índice PMI en fase expansiva para los servicios y la industria, y una previsión de crecimiento del tercer trimestre que corrobora el fuerte dinamismo, con una previsión de la AIReF de alcanzar el 2,4% en intertrimestral.

En materia de empleo, las buenas noticias se han extendido hasta el mes de agosto, un mes donde tradicionalmente se ha destruido empleo, para ofrecernos unas cifras en las que el paro baja por quinto mes consecutivo, al tiempo que sube la afiliación a la seguridad social y el número de personas en ERTE se reduce. Datos todos ellos que anticipan un buen resultado de la Encuesta de Población Activa en el tercer trimestre.

Solo un dato oscurece el fuerte crecimiento de la economía española y es el repunte de la inflación, que ha alcanzado cotas inéditas desde hace una década, con un 3,3% interanual, que seguramente se moderará en los próximos meses, a expensas de la evolución del mercado de la energía, que está poniendo en apuros no sólo a muchas familias, sino también a una parte de la industria.

En materia de política económica, la agenda gubernamental se centrará en la rápida ejecución del primer tramo de financiación europea recibido, por valor de 9.000 millones de euros, dentro ya del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía, que ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad. Acompañará a esta puesta en marcha la intención de mantener la senda de crecimiento del Salario Mínimo Interprofesional, que se pretende aproximar al 60% del salario mediano allá por 2023, alimentando una nueva polémica sobre su conveniencia. La subida del SMI ha supuesto más de un 25% de incremento en diferentes tramos, desde el año 2017, un incremento particularmente fuerte, y donde todavía faltan evaluaciones rigurosas sobre sus efectos en el empleo, particularmente entre los más jóvenes y las personas con menor cualificación.

Tendrá también el gobierno que abrir el melón de la reforma laboral, y avanzar bajo los principios establecidos en el inicio de la reforma del sistema de pensiones, dos piedras angulares que utilizarán propios y extraños para evaluar su compromiso reformista. No son mi mucho menos las únicas reformas pendientes, pues, aunque de menor calado, la Ley de emprendedores y la reforma del régimen concursal, si se desarrollan con acierto, pueden establecer un escenario capaz de dinamizar el tejido empresarial español y hacerlo crecer, uno de nuestros principales retos.

No se acaban aquí los desafíos, sino que quizá el más importante tenga que ver con la reforma del sistema energético. Con el precio de la electricidad disparado, por motivos coyunturales y estructurales, es ineludible abordar una reestructuración del sector que lo reoriente hacia el cumplimiento de los objetivos climáticos. No será fácil y tendrá todos los ojos de la opinión pública escudriñando cada gesto. Eliminar los impuestos asociados a la producción eléctrica no ha servido para atemperar el alza de los precios, y proponer la creación de una empresa pública en nada solucionará un problema que no depende de la titularidad de las empresas: ahí tienen a Italia o Francia, con compañías públicas, donde el precio de la electricidad no es muy diferente del de España. Tampoco parece factible regular el precio de determinadas tecnologías, algo que, hoy por hoy, es contrario al derecho de la Unión Europea. Tendrá el gobierno de hilar muy fino y buscar soluciones estructurales, al tiempo que intenta resolver las emergencias sociales vinculadas a la pobreza energética (es decir, a la pobreza) en muchos hogares. El invierno se acerca peligrosamente y si esta tendencia al alza del precio de la energía se consolida, puede convertirse en un grave problema económico y social, y, también, político.

Por último, el gobierno deberá presentar unos nuevos Presupuestos Generales para 2022. Será otra prueba de fuego en un contexto en el que los halcones fiscales ya están enseñando sus garras y apostando por una aceleración de la necesaria consolidación fiscal. Unos presupuestos constreñidos por la necesidad de acelerar la reducción de nuestra ratio de deuda pública pueden ser contraproducentes, aunque ahí tendríamos que valorar qué posición va a mantener el Banco Central Europeo en cuanto a la extensión temporal de su QE, ahora que la FED está comenzando a retirar los estímulos. Si la inflación se consolida, algo poco probable, no sería descartable una retirada paulatina de los estímulos monetarios, lo cual a su vez aumentaría la presión para una indeseable consolidación fiscal acelerada. 

En definitiva, comienza un curso político en el que los buenos datos de coyuntura no deben hacernos olvidar los importantes retos económicos que tenemos por delante. De todos ellos, iremos dando cuenta en esta columna. Feliz curso.