El proyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales sin reducción salarial, impulsado por la ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha sido aprobado en segunda ronda este martes por el Consejo de Ministros y enviado al Congreso para su tramitación. Esta medida, considerada una de las principales apuestas del Gobierno, ha generado una intensa resistencia por parte de las principales asociaciones empresariales y ciertos sectores académicos. Estas organizaciones pretenden trasladar su oposición al Parlamento, donde debe aprobarse una reforma del Estatuto de los Trabajadores para que este recorte de jornada laboral sea efectivo.
Costes laborales
Los detractores han explicado que el impacto económico será considerable, especialmente en términos de costes laborales. Algunos estudios han calculado el incremento de estos costes en unos 24.000 millones de euros para las empresas, sumando además un menor crecimiento del PIB y del empleo. Una de las primeras investigaciones fue realizada por BBVA Research, que estimó que el incremento para las empresas rondaría los 24.000 millones de euros, equivalente al 1,5% del PIB, si no se aplican medidas compensatorias. Este aumento podría frenar el crecimiento económico en seis o siete décimas anuales durante los dos primeros años de aplicación, además de reducir la creación de empleo en ocho décimas anuales.
Las pymes y el sector turístico, los más perjudicados
La patronal de pequeñas y medianas empresas, Cepyme, ha cifrado el coste total de la medida en 48.000 millones de euros. Esta suma incluye 13.900 millones por las horas que dejarán de trabajarse pero seguirán pagándose y 33.800 millones por el valor añadido bruto que se dejaría de generar. Cepyme subraya que las pymes serán las más afectadas, ya que muchas grandes empresas ya operan con jornadas inferiores a la legal gracias a sus convenios de empresa.
El catedrático Jesús Ferreiro Aparicio coincide en que el impacto será más duro en las empresas de menor tamaño, cuyos convenios suelen tener jornadas más largas, concretamente unas 47 horas más al año. Por ello, la recuperación durante el trámite parlamentario de ayudas específicas para pymes y autónomos se considera clave para lograr el apoyo de partidos como PNV o Junts. No obstante, estas ayudas como bonificaciones para las empresas con una plantilla menor de 10 trabajadores, solo cubrirían una pequeña parte del coste total.
Los sectores económicos también se verán afectados de manera desigual. Según el Ministerio de Trabajo, los más expuestos al cambio son la hostelería, información y comunicaciones, comercio y el sector agrario, ya que el 90% de sus trabajadores actualmente superan las 38,5 horas semanales.
Aunque el análisis ministerial no ha adjuntado una evaluación del impacto económico de dejar de trabajar estas horas, sí lo ha hecho Exceltur, que representa a empresas turísticas. Esta asociación calcula que la nueva jornada reducirá en 5,7 millones las horas de trabajo semanales en el sector, con un coste anual de más de 2.300 millones de euros. Además, advierte que más del 75% de las horas perdidas “se producen en posiciones en las que no se pueden compensar por un uso más eficiente del tiempo de trabajo” e incrementará en casi un 5% los costes laborales y reducirá los beneficios.
Horas extra
Finalmente, otro posible efecto secundario es el aumento de horas extra para compensar la pérdida de productividad, con el riesgo de que no se paguen, principalmente en pequeños negocios. La asociación de autónomos ATA ha advertido que estas horas extraordinarias podrían suponer un sobrecoste mensual de 200 euros por trabajador.
Un recorte laboral que mejora la salud de los empleados
Por su parte, los defensores de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin recorte salarial argumentan que esta medida puede mejorar la productividad y el bienestar sin afectar negativamente a la economía. Para ello, han señalado el ejemplo de países como Alemania, Dinamarca o Suecia, donde se trabajan menos horas que la media europea pero se alcanza una productividad superior. Investigadores de Fedea reconocen beneficios potenciales si la reducción va acompañada de mejoras previas en productividad, lo que permitiría mantener la producción con menos horas trabajadas y ofrecer más tiempo de ocio a los trabajadores.
Desde el ámbito sindical, economistas de CC OO como Natalia Arias y Luis Zarapuz explican que dicha medida ayuda a corregir el desequilibrio en el reparto de la renta. “En las últimas décadas, los aumentos reales del PIB y de la productividad del trabajo han sido muy superiores al de los salarios, abriendo una brecha provocada por el desigual reparto de la renta a favor del capital y en detrimento del trabajo”, aseguran.
Además, estudios como el llevado a cabo en el Reino Unido con casi 3.000 empleados en 60 empresas demuestran que la productividad y los ingresos se mantuvieron e incluso aumentaron, reduciendo a su vez el estrés y las bajas por enfermedad, destacando los beneficios sociales y de salud de trabajar menos horas sin perder salario.
