Semana fantástica en el Congreso de los Diputados que tendrá como plato principal la comparecencia de Pedro Sánchez el miércoles para abordar el plan de aumento del gasto en defensa, aunque estará eclipsado por la crisis del apagón del lunes pasado. Sin embargo, a colación del corte masivo de suministro, coge fuerza la derivada sobre el debate entre energía renovable y nuclear que ha colocado la derecha. Aunque no sólo el espectro diestro del arco parlamentario se decanta por la segunda. Al parecer, tanto Junts como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se muestran cercanos a esta arista o, como poco, optan por no poner el candado a la discusión mientras defienden la importancia de las centrales nucleares desde el prisma económico.
El Partido Popular registró el pasado mes de octubre una proposición no de ley (PNL) para reclamar al Gobierno un Plan Nacional de Seguridad de Suministro Energético que, entre otras cuestiones, reabra el debate del cierre de las centrales nucleares. Los conservadores defienden que estas contribuirían en la rebaja del coste de la electricidad, además de apuntalar la estabilidad de la red y la producción energética. Tras el apagón, el principal partido de la oposición decidió adelantar la iniciativa para forzar al resto de grupos parlamentarios a descubrir su posición.
Una postura que, a la postre, se va consolidando. Y es que por el momento, el debate nuclear lo tiene perdido el Gobierno de coalición. Al menos en lo que se refiere a escala parlamentaria, pues el sumatorio de votos en el Congreso se decanta para los pronucleares, donde se encuentran el propio Partido Popular y Vox, pero también Junts Per Catalunya y ahora Esquerra Republicana. Las dos fuerzas independentistas, incrustadas en el bloque de la investidura de Sánchez, se despegan de la cerrazón del ala socialista de la coalición a abrir un debate que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no vería con malos ojos. Si bien la ministra que encabeza la facción de Sumar en Moncloa defiende que la energía nuclear no es la solución a la crisis, el resto de los grupos de izquierdas (Podemos y Bildu), además del PNV, no están por la labor.
Problemas en Cataluña
La piedra en el zapato del Gobierno está, como casi siempre en esta legislatura de calculadoras, en las formaciones catalanas. Para ello habría que retrotraerse al 12 de febrero, cuando -de nuevo- el Partido Popular forzó una votación en la que se reclamaba prolongar la vida de los reactores nucleares de España. La iniciativa vio la luz, gracias en buena medida por la abstención tanto de republicanos como de juntaires. A este caldo de cultivo se le añade la batería de preguntas registrada por los de Carles Puigdemont en el Congreso, focalizando en las causas del apagó y las posibles responsabilidades en el Gobierno. Pero sobre todo enfatizan en si Moncloa tiene previsto estudiar “la posible necesidad de prorrogar la vida de las centrales nucleares para garantizar el suministro eléctrico” y, en tal caso, retocar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para cosechar a tiempo las autorizaciones de ampliación de licencias pertinentes.
La diputada neoconvergente Pilar Calvo se mostró contundente en el debate del pasado mes de febrero, justificaba que nadie estaba en posición de garantizar que los catalanes pudiesen prescindir de la nuclear en pocos años; habida cuenta de que uno de cada dos ciudadanos con tres reactores activos en dicho territorio. También son tajantes en Esquerra Republicana, cuyo portavoz en la materia, Jordi Salvador, aferrado al “realismo” y al “pragmatismo”. A modo de desligarse ligeramente de PP y sobre todo de Junts, ERC trata de justificar que su respaldo a la nuclear se cimienta sobre la falta de “alternativa energética, económica y de empleo para las zonas afectadas”.
La iniciativa popular
Así las cosas, la PNL del Partido Popular coge fuera de cara a la primera semana de actividad parlamentaria tras el apagón. Una iniciativa que recoge la propuesta de un Plan Nacional para el despliegue de energías renovables que se oriente a la mejora de eficiencia tecnológica, pero que resuelva la congestión de la red y fomente el almacenamiento, la hibridación y la repotenciación de instalaciones existentes. Además, incluye un calendario de subastas y la identificación de zonas de acceso acelerado.
Diseñan un segundo eje sobre el que se asienta un Plan Nacional de Seguridad de Suministro Energético que reconsidere el cierre de las centrales nucleares y, en paralelo, fomente la apuesta por el refuerzo de las redes de transporte y distribución, con el impulso del biometano, la biomasa y los ecocombustibles y el hidrógeno bajo en carbono. La tercera pata, por su parte, contemplaría el desarrollo e implementación de un Código Nacional de Neutralidad Tecnológica que esquive amagos intervencionistas, reduzca la burocracia y suponga un imán para la inversión en I+D+i, así como revisar la fiscalidad energética.
