El Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo, finalmente ha presentado su programa electoral de cara a las elecciones generales del 23 de julio. Un total de 365 medidas completan un texto divido en diferentes áreas temáticas vertebradas por las bajadas de impuestos y los beneficios fiscales a las empresas. Un trabajador que quiera consultar el documento de más de 100 páginas encontrará propuestas inconexas, brindis al sol y plagios a otras formaciones, desde el PSOE hasta Vox. Un empresario, por el contrario, no tardará en encontrar políticas concretas, detalladas y preparadas para aplicarse desde el primer día de legislatura.
Aupar a las empresas, abandonar al trabajador
“Eliminaremos barreras injustificadas a las empresas”, recoge el primer punto del programa de Feijóo, que considera que “garantizar la competitividad” y “frenar el exceso de regulación” son los principales problemas del país, o por lo menos los que merecen aparecer en los primeros puestos de su plan para los próximos cuatro años. A partir de ahí, 19 puntos garantizan corregir las “limitaciones del impuesto de sociedades” o convertir el cumplimiento de las “obligaciones fiscales y laborales” en algo que se puede realizar de “manera diferida o a través de moratorias”.
Para empresas que quieran crecer, aminoramiento de “los escalones regulatorios al adquirir la condición de gran empresa a efectos fiscales” y una modificación en “la periodicidad en las liquidaciones de IVA y los pagos de las retenciones de IRPF”. Para las pequeñas y medianas empresas (pymes), el groso del tejido empresarial español, la propuesta es “hacer más atractivos los mercados de capitales”. Además, aquella persona que pueda permitirse emprender contará con “un sistema de insolvencia, reestructuración y exoneración de deudas” a cargo de las cuentas públicas.
En lo que respecta a los trabajadores, nueve puntos componen el segundo objetivo del programa. Sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que el actual Gobierno ha subido un 47% y el de Rajoy congeló en los 735 euros, tan solo la promesa de actualizarlo “en el marco del diálogo social” (los empresarios se mostraron en contra de los anteriores aumentos), a pesar de ser una competencia del Gobierno. En lo referido a las pensiones, cuya revalorización conforme al IPC el PP votó en contra en dos ocasiones (PGE 2023 y ley 20/2021), se remite al Pacto de Toledo y augura un estudio para incorporar “mutualistas alternativos” privados.
No obstante, quizá la medida más perjudicial para los trabajadores contemplada en el programa de los populares sea la mochila austriaca. Abaratar el despido para las empresas, eliminando en su totalidad o en parte la indemnización, es su principal factor. “Introduciremos cuentas individuales para los trabajadores, portables, que puedan usar ante diversas contingencias de su vida laboral”, recoge el documento de Feijóo. Esta cuenta se nutrirá “a través de aportaciones mensuales de las empresas, con una parte de las cotizaciones sociales que ya abonan”; es decir, las arcas del Estado pierden ingresos por cotizaciones, las empresas tienen mayor libertad de despido al reducirse la indemnización y los trabajadores quedan desprotegidos.
Bajadas de impuestos a los ricos a cuenta de las clases populares
“Eliminaremos el impuesto a las grandes fortunas”, garantiza el PP. La política fiscal del PP, tomando como referencia a la Gran Bretaña de Liz Truss o la Italia de Giorgia Meloni, es la bajada de impuestos generalizada sin atender a renta. Esta política acabó con el Gobierno de la británica y ha disparado el déficit del italiano, pero Feijóo insiste. El programa contempla bajadas generales del IRPF, que benefician en mayor medida a las rentas más altas, como puede comprobarse en el caso de Madrid, que dispone de una calculadora que lo evidencia.
Reducción de la recaudación y, por consiguiente, del dinero para destinar a servicios públicos, a cambio de un ahorro que no supera los quince euros mensuales para un trabajador con dos hijos a cargo y un salario de 21.000 euros (cantidad que la mitad de la población no supera según el INE). Si cobras 200.000 euros el ahorro sería de 3.281 euros al año (274 al mes), según el cálculo de la Comunidad de Madrid. La situación es aún más peliaguda para los inmigrantes legales, salvo para los ricos.
Para el groso de inmigrantes que quieran llegar a España legalmente para trabajar, se promete la creación de “un nuevo programa de inmigración legal cualificada basado en un sistema de puntos”. Para aquellos que vengan a invertir, “revisión del marco fiscal y de deducciones”. Para los más ricos, además, plantean mejorar “el régimen fiscal para nuevos residentes, ofreciendo incentivos fiscales atractivos y competitivos”.
Planteamientos clasistas y alineados con el visado oro (golden visa) que permite a grandes fortunas obtener el permiso de residencia a cambio de realizar una gran inversión en el mercado. Para los inmigrantes ilegales, medida plagiada de Vox: “agilizaremos el cumplimiento de las órdenes de retorno de inmigrantes irregulares o expulsión de los que hayan cometido un delito […] para prevenir amenazas a la seguridad y evitar el efecto llamada”.
Ni alquileres ni hipotecas, el problema de vivienda es la okupación
El acceso a nuevos préstamos hipotecarios, tanto fijos como variables, se torna imposible para las familias con el Euríbor por encima del 4%, castigo que sufren en mayor medida las variables ya suscritas. Ante la imposibilidad de comprar, alquilar tampoco es una opción en la mayoría de ciudades españolas. Sin embargo, el PP tiene claro que el principal problema de la vivienda para los españoles es la okupación. Sobre el resto, intenciones de promover vivienda, llamada a un pacto de Estado al que el PP ha renunciado esta legislatura y continuar con la política de movilización de vivienda pública del Gobierno.
Al margen, las principales medidas (tan solo contempla cinco) sin una línea de avales para garantizar que los bancos cobrarán la hipoteca, mientras el usuario mantiene la deuda con el Estado, y la derogación de la ley de Vivienda que, entre otras cosas, topa los alquileres en las zonas más tensionadas (no lo aplican las CCAA del PP), un índice para la revalorización anual alejado del IPC (3% en 2024) prohíbe cargar los gastos de inmobiliaria y comunidad al inquilino. No obstante, el artículo 33 de la Constitución ha vuelto ha ganarle la partida al artículo 47.
La propiedad privada, a poder ser acumulada, vuelve a imponerse al derecho a una vivienda digna en la derecha española. Para garantizar la continuidad de la especulación, Feijóo propone endurecer el delito de usurpación y prohibir a aquellos que okupan una vivienda vacía, que no es ni primera ni segunda vivienda, empadronarse. “Reforzaremos las penas por delito de usurpación en el Código Penal con hasta tres años de cárcel”, refleja el programa. En este punto, es importante destacar que en el último año los delitos por allanamiento de morada y usurpación han descendido y, sobre todo, las diferencias entre ambos actos delictivos.
En primer lugar, se considera morada la vivienda habitual, la segunda vivienda o las residencias vacacionales, entre otras, según la jurisprudencia. En consecuencia, toda entrada o permanencia en cualquier inmueble de estas características se considera allanamiento de morada, delito puede conllevar penas de cárcel y contempla el desalojo cautelar inmediato. Es decir, en caso de que un propietario sufriese el allanamiento de su primera o segunda vivienda, también se incluye en la jurisprudencia hasta una tienda de campaña, las autoridades pueden proceder a un desahucio cautelar (inmediato) una vez quede demostrada la consideración de morada de las múltiples maneras posibles (contrato de alquiler, empadronamiento, domicilio fiscal, contratos de suministros, correspondencia bancaria, etc.).
Por otro lado, el delito de usurpación también supone la ocupación sin autorización del titular de un bien inmueble, con la gran diferencia de que, en este caso, el inmueble no puede constituir morada. Es decir, no puede tener un uso, habitual o no, individual o familiar, privado. En consecuencia, el delito que propone endurecer Feijóo con hasta tres años de cárcel protegería a viviendas vacías e inutilizadas, en manos de grandes propietarios, fondos buitres, bancos y grandes tenedores que especulan con la vivienda. Según el último informe de Fotocasa, el 77% de españoles son propietarios y, de estos, tan solo el 2% tiene más de dos casas y el 0,5% tiene alguna vacía.
Cabe destacar que un alquilado que deja de abonar la mensualidad, problema mucho más común que la okupación debido al encarecimiento y los bajos salarios, nunca podrá incurrir en ninguno de los dos delitos anteriores al no operar la mala fe, que según el Código Civil se presume siempre. En este caso actuaría el ordenamiento civil y de nada valdría la propuesta de Feijóo. En definitiva, el programa del PP pretende castigar a aquellas personas que okupan una vivienda vacía de un gran propietario, ni la primera ni la segunda ni la vivienda vacacional que tiene parte de la ciudadanía, cercenando aspectos importantes.
“Aprobaremos un paquete de medidas anti-okupación para permitir que los desalojos se produzcan en un plazo máximo de 24 horas”. Esto ya está contemplado en el caso de allanamiento y, en el caso de usurpación, donde el gran propietario suele no ser consciente ni intenta mediar con el inquilino, este proceder es inasumible al vulnerar del derecho. Para estas personas vulnerables, sin alternativa habitacional, Feijóo propone “hasta 3 años de cárcel” y la prohibición de inscribirse en el padrón municipal. El empadronamiento es una obligación, no un derecho, de igual manera que pagar impuestos. En consecuencia, es imperativa y los poderes públicos deben de colaborar y asegurar que se produzca.
Por último en esta materia, Feijóo plasma una de las medidas estrella de Vox: impulsaremos la creación de oficinas técnicas municipales para la lucha contra la ocupación ilegal. Este experimento, pagado con dinero público, ya existe en todas las provincias de Castilla y León (Gobierno PP-Vox). Durante su primer mes de funcionamiento, sumando los datos de las nueve provincias, se han recibido siete consultas presenciales. Ninguna propuesta de creación de una oficina que asesore y defienda al alquilado o al hipotecado frente a los bancos y fondos buitre. De desahucios, 109 diarios, ni rastro.
Muerte de la excepción ibérica y tasas a las renovables
El programa de Feijóo recoge también una propuesta que, de cumplirse, castigaría a los hogares. El líder popular pretende eliminar la excepción ibérica, que ha permitido ahorra 5.000 millones a los españoles y tener la luz más barata de Europa durante el último año, cuatro veces por debajo de Alemania, Francia, Italia, etc. La muerte del tope al gas volvería a dejar a merced de este combustible y de las posibles crisis futuras la factura de los hogares españoles. A cambio, “una amplia oferta de productos en el mercado libre” y la extensión de la vida de las centrales nucleares son la propuesta energética del PP.
El bono social térmico y eléctrico también acabarán, y con ellos la Tarifa Eléctrica de último Recurso (TUR), y serán sustituidos por un Bono Social Único (BSU). Las renovables, a golpe de tasa, también reciben un golpe en el programa del PP, donde se recoge una cláusula para introducir una "tasa por hito" que, con cargo al promotor del proyecto, financie el incremento de los medios necesarios para que la Administración agilice la gestión de los expedientes. Según el PP, el objetivo de esta promesa sería evitar el "colapso burocrático", pero realmente desincentiva la inversión renovable.
