A menos de 20 días para acudir a la cita con las urnas, el Partido Popular no ceja en su empeño de intentar desligarse de Vox, al menos en la retórica. Pese al reto lanzado por Génova de cara a los comicios generales del próximo 23 de julio para ahondar en que "no son iguales", tanto los acuerdos con los de Santiago Abascal en sendas localidades para formar gobiernos como el propio programa electoral de Alberto Núñez Feijóo denota menos distancia con la extrema derecha de la que pretenden publicitar. Y es que cerca de una treintena de medidas o líneas de actuación que han plasmado en el texto con el que pretenden conquistar a los españoles y la Moncloa que este martes ha presentado el propio dirigente de los populares van en la misma línea a lo que la ultraderecha defiende.

Junto a la economía, que ha acaparado gran parte del argumentario del Partido Popular en los últimos años, existe otro gran número de materias en las que la cúpula popular ha decidido poner el foco para intentar acortar la distancia con el PSOE pero también para ampliar su ventaja con respecto a Vox. Estas tienen que ver con reformar la justicia, la educación o la fiscalidad con grandes anuncios que pasan por el cese prioritario del presidente del CIS, José Félix Tezanos, la limitación del uso del Falcon o reglas para luchar contra la okupación. Todo ello asuntos candentes en la escena pública y que han movilizado tanto los populares como los ultras. Así, y tras analizar las 365 propuestas de los de Feijóo bajo el eslogan Es el momento, hay cerca de 30 medidas en las que coinciden ambas formaciones.

Las medidas del PP afines a Vox

El programa del PP ha presentado Feijóo este martes en el Palacio de Linares con un plante pretendidamente institucional comienza con el apartado Impulsar una economía basada en el talento, la innovación y el conocimiento, que da cuenta de la importancia que le dan los populares al ámbito económico. Sin embargo, -y en orden del propio redactado- destaca la propuesta número dos, que apela a una reducción de la regulación a nivel legislativo, algo que también defiende la ultraderecha. "Frenaremos el exceso de regulación. Nos comprometemos a implementar el principio de “una nueva norma, tres eliminadas”, asegurando que cada nueva ley o norma reemplace a varias existentes", aseguran.

Vox, por su parte, ha denunciado de forma pública la sobre regulación que dicen existe en nuestro país y ya en su último programa apunta en este sentido. Así, sostiene la necesidad de acometer una "simplificación de normativas, trámites y procedimientos" que pasan por "derogar cinco normativas por cada una promulgada para el comercio y la industria" así como "eliminar todo tipo de coste público (tasas e impuestos) para la constitución y puesta en marcha de una empresa sea cual sea la forma jurídica que adopte". Ambos ponen el foco en la creación de empresas grandes y PYMES y la flexibilización de los trámites para ello y el establecimiento de un marco más sencillo para poder hacerlo.

Inmigración

Una de las armas electorales de la ultraderecha se encuentra en la inmigración. Feijóo no se ha mostrado en sus declaraciones públicas tan agresivo con los de Vox, sin embargo ha incluido una polémica apuesta en su programa que denota un viraje. En el número seis aseguran que "priorizarán la atracción y retención del talento internacional" a través de "un nuevo programa de inmigración legal cualificada basado en un sistema de puntos que premiará la formación académica, las competencias lingüísticas y la capacidad innovadora. Este programa promoverá una inmigración basada en la igualdad de oportunidades y el mérito, y se orientaría a facilitar la admisión de talento". Todo con el objetivo de potenciar su "integración" y "aportar el mayor beneficio a España".

La opinión de los de Abascal al respecto es clara y desde el odio. En su propuesta piden "elevar la exigencia en nivel de idioma, tributación e integración para la adquisición de la nacionalidad" y abren la puerta a poder perder la nacionalidad adquirida "por actividades contra la soberanía, seguridad o independencia nacional". "La inmigración se afrontará atendiendo a las necesidades de la economía española y a la capacidad de integración del inmigrante. Se establecerán cuotas de origen privilegiando a las nacionalidades que comparten idioma e importantes lazos de amistad y cultura con España", en una línea que parece haber aceptado los populares en su programa para el próximo 23 de julio.

Pensiones privadas

Feijóo ha defendido en las últimas semanas a revalorizar las pensiones a través del Pacto de Toledo, pese a que votó en contra de la reforma llevada a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero no solo esto es contradictorio. Y es que también ha optado por un sistema para potenciar las retribuciones privadas. En el punto 26 prometen "dotar de nuevas herramientas de flexibilidad a los trabajadores" e "introducir cuentas individuales para los trabajadores, portables, que puedan usar ante diversas contingencias de su vida laboral para ganar en equidad, eficiencia y productividad. Estas cuentas acompañarán al trabajador durante su vida laboral, y se nutrirán a través de aportaciones mensuales de las empresas, con una parte de las cotizaciones sociales que ya abonan".

Es decir, serán los propios trabajadores los que se paguen parte de las bajas laborales así como los finiquitos. A su juicio, "este mecanismo mejorará la protección de los trabajadores y eliminará barreras a los cambios de empleo voluntarios de los trabajadores con mayor antigüedad". Vox apuesta directamente por "un nuevo modelo" mixto de capitalización y reparto con un sistema que se base en: "1. la solidaridad: garantizando una pensión mínima que se revalorice con el coste de la vida 2. la propiedad: asegurando el derecho de los ciudadanos a disponer de ahorros propios al finalizar su vida laboral que complementen las pensiones mínimas". 

Autónomos y reforma fiscal

En su defensa por la empresa, los populares apuestan por una cuota cero para los autónomos, al igual que los ultras. "Fomentaremos la flexibilidad y la sostenibilidad financiera para los trabajadores autónomos. Aprobaremos la tarifa 0 para nuevos autónomos durante el primer año. Estableceremos un sistema de aplazamiento automático de cuotas que permitirá a lo largo de cada ejercicio que el trabajador autónomo pueda no ingresar la cuota correspondiente a tres liquidaciones mensuales, sin efectos negativos sobre las prestaciones que se puedan generar, siempre que se satisfagan en la regularización correspondiente a cada ejercicio", aseguran en la propuesta número 27. Vox lo limita a cuando los ingresos no lleguen al SMI y apuesta por una bonificación total cuando el autónomo esté de baja.

Bajar los impuestos parece el objetivo número uno de la derecha. Las dos formaciones piden una reforma fiscal como método de "alivio inmediato a las familias". En las propuestas 41 y 42 populares apuestan por atajar el IRPF, reducir el IVA de productos básicos "con carácter temporal" así como eliminar el impuesto a las grandes fortunas o reducir el impuesto sobre sociedades, pero no dan cifras. Los ultras también marcan una "minimización de los trámites burocráticos" para estas PYMES mientras los populares ponen "especial atención" a aquellas empresas que tengan pérdidas o "aquellas que incrementen el promedio de su plantilla de trabajadores con contratos indefinidos".

Agua, energía y centrales nucleares

"Desarrollaremos un pacto nacional del agua, desde el diálogo y el consenso, con participación de todas las comunidades autónomas y los sectores afectados, y con vocación de aportar soluciones de gobernanza, inversión y gestión a los problemas del agua con un carácter integrador para todo nuestro territorio peninsular e insular. La nueva ley del plan hidrológico nacional recogerá aquellos aspectos del pacto que sea preciso para su adecuado desarrollo", esgrimen los populares en la medida 101 antes de anunciar un plan de acción, una red estratégica del agua y una autoridad nacional del agua en línea con lo proclamado en los últimos meses. Cabe destacar que ya hay un plan hidrológico nacional impulsado por el todavía Gobierno vigente. 

Por su parte, Vox pide "diseñar y aplicar un nuevo plan hidrológico nacional bajo el principio de la solidaridad y el bien común", un plan que "desde el respeto a la sostenibilidad de los recursos hídricos y de los ecosistemas, permita una gestión eficiente del agua". Pero no solo en esto se asemejan -desoyendo la realidad- sino que también apuestan por recuperar las centrales nucleares. El PP dice en el punto 114 que propondrá "con el visto bueno del consejo de seguridad, la extensión de la vida útil de las centrales nucleares existentes en nuestro país, en el marco de la normativa europea" mientras los de Abascal anuncian el "mantenimiento de las centrales económicamente rentables" ya que "ninguna extensión debería provocar inversiones importantes". Además ambos han llamado a derogar las medidas sobre el sistema eléctrico.

Aborto, Ley Trans y Eutanasia

El PP se compromete a trabajar “por esa españa diversa, por esa sociedad justa, a la vanguardia en la protección de los derechos y libertades, en la que se respeta y protege a todos los individuos” aunque ha comprado los argumentos ultras en sus pactos. El documento presentado por Feijóo no concreta si va a derogar o no la ley trans, la cual votó en contra, pero sí se habla de un "rechazo" a "la asunción de las posiciones más extremas ante la cuestión trans". Un argumento muy cercano a Vox, aunque sí apuesta directamente por su derogación. En lo que sí se acercan más es en el aborto, que uno defiende con condiciones mientras los otros siguen sin ceder ni medio centímetro.

Los populares también van a cambiar de forma puntual la ley del aborto en lo que tiene que ver con la garantía de su ejecución como el consentimiento. "Garantizaremos el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios" o "introduciremos en la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo el consentimiento de los titulares de la patria potestad previo a la realización del aborto en las jóvenes menores de edad", aseguran en los puntos 128 y 129 del programa. Los ultras piden "suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud", como el cambio de género o el aborto, así como el propio derecho. En cuanto a la eutanasia, que Vox quiere derogar, los populares ahora se abren a "revisarla" en el título 138 "tomando en consideración la opinión del comité de bioética".

Educación y Cataluña

Con la economía y lo social, la educación ha cobrado especial relevancia para el PP. Feijóo se ha comprometido a "reformar la LOMLOE -conocida como Ley Celaá- e impulsar un acuerdo social, basado en los principios del artículo 27 de la constitución, con las familias, la comunidad educativa, los alumnos y el resto de las fuerzas políticas por la mejora y estabilidad del sistema educativo español". Su objetivo con esta proposición 145 es volver a colocar en el centro "el esfuerzo y el mérito" frente a pasar de curso con suspensos como quiere Vox. Estos, sin embargo, anuncian su derogación y no su reforma. pero más en sintonía están con la defensa de "la libertad de los padres para elegir el centro y el tipo de educación que quieren para sus hijos: ya sean estos centros públicos, privados o concertados", como apuntan en el 149. 

"Garantizaremos que, en las comunidades autónomas con más de una lengua oficial, ambas tendrán la consideración de vehiculares de acuerdo con el patrón de equilibrio lingüístico, asegurando que todos los estudiantes escriban y se expresen correctamente en castellano y en la lengua cooficial correspondiente", señalan en el 151 en línea con Vox, que "exigen el debido reconocimiento de la lengua española a nivel internacional, conforme a su importancia como segunda lengua más hablada del mundo" así como "garantizar el derecho a ser educado en español en todo el territorio nacional". "El español debe ser legua vehicular obligatoria y las lenguas cooficiales como opcionales. Los padres deben tener derecho a elegir la lengua de escolarización de sus hijos", dicen los ultras en claro guiño a Cataluña.

Maternidad-familias numerosas

Asimismo la maternidad es clave para la derecha, especialmente en las grandes familias. Por eso, ahora el Partido Popular asegura que "promoverán la extensión del título de familia numerosa para los padres y madres hasta que el último de los hijos cumpla 26 años" y se "comprometen a recuperar la bonificación de hasta el 45% de las cuotas de la seguridad social para la contratación de trabajadores del hogar" en el 161. Esto es compartido por los ultraderechistas, que sostienen un "apoyo decidido a las familias numerosas y a la natalidad en general" con la "creación de cheques servicio que subvencionen parte de las necesidades familiares como los libros escolares, transporte público, etc. establecer bonificaciones proporcionales al número de miembros de las familias en todo tipo de suministros básicos como luz o gas o el acceso a bienes culturales".

En cuanto a prestaciones por hijo, Vox habla de 100 euros por descendiente mientras el PP no concreta pero promete “aumentar y ampliar el alcance” de estas ayudas. Los dos partidos han abogado en los últimos meses por fomentar la familia -con especial atención a la clásica- con ayudas directas a estas familias. Feijóo también ha prometido aumentar los permisos de maternidad y paternidad para todas aquellas familias monoparentales en pro de la "conciliación". Cabe señalar que el PSOE ya proponía incrementar los permisos de maternidad y paternidad de 16 a 20 semanas, aunque trabajando a tiempo parcial durante las últimas cuatro.

Prensa, religión, sedición, terrorismo

Los populares han optado por pedir lo mismo que la extrema derecha en lo que tiene que ver con la independencia de la prensa, que dicen está coartada por los poderes públicos y al servicio de la izquierda. "Promoveremos las actuaciones necesarias para asegurar la independencia y la objetividad en los medios de comunicación públicos", dicen en el 216 como también ha defendido en varias ocasiones los de Abascal. Ya en las propuestas del 220 a la 2023 hablan de derogar la Ley de Memoria Democrática, reforma del Código Penal, recuperar la malversación y sedición, así como que “trabajaran para garantizar el derecho fundamental de libertad religiosa” y extender los beneficios fiscales a las confesiones religiosas con notorio arraigo y se potenciará el papel y la autonomía de la comisión asesora de libertad religiosa.

En cuanto al terrorismo, los de Génova 13 aseguran que garantizarán "la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo y modificaremos el delito de homenaje y exaltación de los terroristas o sus organizaciones a fin de impedir actos de humillación a las víctimas", quieren vetar a EH Bildu bajo "su compromiso permanente con las víctimas del terrorismo y rechazamos cualquier tipo de negociación o acuerdo de gobierno con fuerzas políticas que, como Bildu, incluyan o hayan incluido a condenados por terrorismo en sus candidaturas o en sus estructuras orgánicas" así como modificar "la ley orgánica del régimen electoral general para impedir que quienes hayan sido condenados por terrorismo puedan ser elegibles sin acreditar arrepentimiento, perdón y resarcimiento a las víctimas". Todo tras mostrar un caos con ETA ante el 28 de mayo.

Por su parte, Vox busca impulsar una "ley de memoria dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo" que "impedirá de forma efectiva los homenajes a los asesinos, desterrando cualquier recuerdo de los criminales y honrando la memoria de todas las víctimas del terrorismo separatista e islamista. Estos insisten en la "desarticulación efectiva de ETA y sus satélites mediáticos y financieros" así como en la "investigación de todos los crímenes de la banda aún no resueltos" con la eliminación de la prescripción de los crímenes de terrorismo "separatista e islamista". Dan un paso más allá y apuestan por la inhabilitación "de por vida" para ocupar cargos públicos a "quienes hayan formado parte o apoyado a una organización terrorista o cualquier asociación mafiosa".

'Efecto llamada' y okupación

Otro punto sobre inmigración se encuentra en el 278, donde aseguran que "agilizar el cumplimiento de las órdenes de retorno de inmigrantes irregulares o expulsión de los que hayan cometido un delito a través de acuerdos mejorados con los países de origen o de tránsito para prevenir amenazas a la seguridad y evitar el efecto “llamada”", tal y como aseguran los ultras, que piden "acabar" con este fenómeno. "Cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España estará incapacitado, de por vida, a legalizar su situación y por lo tanto a recibir cualquier tipo de ayuda de la administración", afirman en este sentido. Pero la okupación también ha dado un golpe en la puerta de Génova, que se ha propuesto acabar con una lacra que consideran muy extendida pese a que han caído.

"Aprobaremos un paquete de medidas “anti-okupación” para permitir que los desalojos se produzcan en un plazo máximo de 24 horas; que las viviendas ocupadas ilegalmente no sean objeto de carga tributaria; o impedir que los ocupas ilegales puedan empadronarse y disfrutar de los derechos asociados (280)"; "crearemos unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado especializadas en la lucha contra la ocupación ilegal, así como unidades de actuación inmediata ante las ocupaciones inminentes con protocolos claros y efectivos (282)"; "reforzaremos las penas por delito de usurpación en el Código Penal con hasta tres años de cárcel y mejoraremos la protección legal frente a la actuación de las mafias (283)", indican.

Abascal indica en su texto de actuación que van a "promulgar leyes anti okupación y anti usura" en la que "los españoles podrán hacer uso de la fuerza proporcional para defender su hogar, para ello se ampliará el concepto de legítima defensa", lo que es más extremo, pero también aseguran que van a "tipificar la ocupación de viviendas como delito contra la propiedad privada" así como llevar a cabo una "reforma legislativa para que los okupas sean expulsados en cuestión de horas de las viviendas donde han entrado". Una idea que se asemeja a la de los de Feijóo. Tal y como añaden, "la participación en estas conductas ilegales excluirá de las ayudas sociales".

Europa y relaciones internacionales

En cuanto a las relaciones internacionales, también con lo que tiene que ver con Europa, los populares sí hacen un guiño al argumentario ultra apostando por que la Unión Europea "sea capaz de defender sus intereses y proyectar sus valores" ya que "se juega su futuro fuera de sus fronteras" con el foco en "la seguridad y la defensa". Así lo dicen en el 313 y 314 pero especialmente afín es el 315, en el que defienden "una política común europea para afrontar las crisis migratorias", como las del mediterráneo. Vox insiste en "impulsar en Bruselas un nuevo tratado europeo, en la línea que defienden los países del grupo de Visegrado en cuanto a fronteras, soberanía nacional y respeto por los valores de la cultura europea y que aumente considerablemente el peso de España en la toma de decisiones".

Asimismo hacen mención a la comunidad iberoamericana con foco en "Venezuela, Cuba y Nicaragua", también afirman que apoyarán "los esfuerzos de Naciones Unidas en el Sáhara occidental para alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para las partes" y aseguran que nuestro país "debe imprimir un impulso a su compromiso con Oriente Medio" y "construir marcos sólidos de relaciones con socios clave, como Israel y los países del Golfo". Estos argumentos -de los puntos 323, 328 y 329- se acercan a las políticas de la ultraderecha en zonas territoriales especialmente politizadas para la derecha en lo que tiene que ver con intereses económicos y batalla dialéctica contra la izquierda.

Gibraltar y defensa

El PP también quiere recuperar Gibraltar. "Reanudaremos un diálogo responsable con el gobierno británico para abordar el proceso de descolonización de Gibraltar y la recuperación de la soberanía, conforme a la doctrina establecida por naciones unidas. Abordaremos la situación surgida tras el brexit, defendiendo los intereses españoles en materia fiscal, financiera, medioambiental y de seguridad, y prestaremos especial atención a la circulación de personas", dicen en el 332. Vox apunta a la "intensidad y determinación en las acciones diplomáticas para la devolución de Gibraltar, y el desmantelamiento de las redes de piratería, narcotráfico, contrabando y blanqueo de capitales que se extienden desde la colonia".

La batalla por el peñón la ha liderado hasta este momento de forma casi exclusiva la ultraderecha, especialmente Javier Ortega Smith, que cuenta con una pena de cárcel en esa región, por lo que los populares buscan de forma clara conquistar este ámbito político en la retórica. De las propuestas 334 al 338 apuestan por "defender la integridad territorial, soberanía nacional y el ordenamiento constitucional” como “máxima prioridad” con una clara apuesta por la "defensa". Para ello proponen reforzar las Fuerzas Armadas, ampliar la inversión nacional en seguridad y defensa o un “nuevo modelo de reserva militar voluntaria". Algo compartido con la formación de ultraderecha.

Cultura y deporte

La cultura no se queda al margen, sobre todo en términos nacionales. En el 346 los de Feijóo aseguran que impulsarán "políticas culturales para poner en valor nuestro patrimonio histórico-artístico, fomentar la creación y apoyar el desarrollo de las industrias culturales". "Reforzaremos la proyección internacional de las grandes instituciones culturales españolas y de nuestros artistas, como factores esenciales de la construcción de la Marca España en el mundo", esgrimen desde el PP. En frente se encuentra la extrema derecha, que siempre ha cargado contra la producción de cine español por parte de figuras de la televisión aunque fomenta el patrimonio cultural.

Génova no habla abiertamente de la tauromaquia o la caza como sí hacen desde Vox, que apuestan por "impulsar una ley de protección de la tauromaquia, como parte del patrimonio cultural español" así como a "proteger la caza como actividad necesaria y tradicional del mundo rural" incluso con una licencia única a nivel nacional. Pero su defensa de estos dos asuntos es claro, lo que le acerca una vez más a su alter ego político, centrado en la tradición española en todas sus vertientes. Además, los populares también aseguran defender el deporte femenino, eso sí, "garantizando en las competiciones femeninas que el sexo biológico ordene las categorías deportivas, como el mejor mecanismo de garantía de la igualdad de oportunidades y la justicia competitiva", dicen en el 361. 

De esta forma, de los 365 mandatos como línea de actuación que se ha marcado el candidato a la presidencia y líder de la oposición cerca de una treintena comparte rasgos que le asemejan a los de la calle Bambú, pese a sus intentos por distanciarse en las últimas semanas.