Una anomalía que no se sostiene siquiera con la omnipresente lógica de mercado consiguió adquirir hace décadas el carácter de normalidad y, desde entonces, propietarios e inmobiliarias han perpetrado un negocio cuestionable a costa de un inquilino indefenso. Una simbiosis perfecta en la que el casero decidía contratar los servicios de una empresa para arrendar su propiedad y, posteriormente, hacer pagar al inquilino las costas a pesar de que este no había establecido ninguna relación comercial con la inmobiliaria. Estas empresas, con tal de cobrar, han incentivado este negocio a sabiendas de que, de ser el casero el que tiene que abonar sus honorarios, sus contrataciones caerían.
El inquilino, hasta ahora desprotegido, cuenta desde hace casi una semana con un marco regulatorio que salvaguarda sus derechos: la ley de Vivienda. A pesar de los bulos interesados que se están esparciendo, aspectos como la asunción de los gastos de la inmobiliaria y la comunidad por parte del casero son obligatorios en todo el país, independientemente de lo que opinen los Gobiernos autonómicos. La ley es nacional e incumplir lo establecida en ella es ilegal. Introducir cualquiera de estos gastos bajo otra denominación es ilegal. Coaccionar a interesados en alquilar para pagarlos es ilegal.
Como cabía esperar, el cártel inmobiliario ya ha comenzado a revolverse contra lo establecido por la soberanía popular. Portales como idealistas lanzan las campanas al vuelo por la victoria electoral autonómica del Partido Popular, que evitará la delimitación de zonas tensionadas y el establecimiento de un porcentaje máximo de incremento anual de los alquileres (lo relativo a gastos inmobiliarios y de comunidad no), y claman al cielo para que el resultado se repita en las elecciones nacionales del 23 de julio y los de Alberto Núñez Feijóo deroguen por completo la norma, beneficiando a sus representados y cubriendo sus intereses.
No obstante, más allá de la algarabía empresarial, lo cierto es que la ley está en vigor y lo estará, por lo menos, durante dos meses más. Más tarde, de ganar los populares y poder conformar Gobierno, situación que sucedería allá por septiembre, Feijóo tendrá que explicar a la ciudadanía porque su Ejecutivo ha decidido volver a cargar a los asfixiados alquilados con los gastos de inmobiliaria y comunidad de vecinos. Esta pretensión, ni siquiera un futurible, tendrá que esperar. Mientras, las inmobiliarias, a través de los caseros, no podrán cobrar a los alquilados sus servicios y, de hacerlo, estarían incurriendo ambas partes en la comisión de un delito.
¿Cómo combatir y denunciar estas ilegalidades?
Horas llevaba en vigor la ley de Vivienda y las redes sociales, espacio que han encontrado los inquilinos al sentirse estafados, ya se habían llenado de mensajes de denuncia que, mostrando conversaciones, han puesto en evidencia las prácticas camorristas de las inmobiliarias. “Lo pactado con el propietario es que lo siga pagando el inquilino”, escribía la intermediaria a un interesado en alquilar un piso. La defensa del amo no se queda ahí, sino que, como si no se estuviese vulnerando la normativa vigente, aparece la chulería. “Si no estuvieras de acuerdo y quieres regirte por la ley de Vivienda, no podríamos alquilarte”, zanjan los delincuentes.
Vulnerar la ley a conciencia a sabiendas de la impunidad que rodea el mercado es quizás unos de los actos de mayor vulneración de la soberanía popular. ¿De qué sirve conseguir una mayoría parlamentaria tras ganar unas elecciones, legislar, conseguir los apoyos, atravesar todos los trámites parlamentarios y sacar una ley si luego las empresas van a seguir campando a sus anchas y abusando del ciudadano medio?, se preguntarán muchos españoles que ven que ni la legislación frena el ansia de la especulación inmobiliaria.
El poder legislativo y ejecutivo deberían actuar en consonancia y, además de supervisar estas irregularidades, quizás contempla severas penas por el incumplimiento frenaría a los infractores. Desde luego, pedirle al ciudadano de a pie, que ya suficientes problemas atraviesa para conseguir encontrar una vivienda cuyo coste no alcance el 80% de su salario, que denuncie la situación ante los tribunales y espere a la resolución, como si pudiese aplazar el encontrar un techo bajo el que refugiarse, es vivir desconectado de la realidad.
Dado que no parece que esta intervención por parte de los poderes públicos vaya a llegar, el Doctor en Antropología Económica e investigador de vivienda, Jaime Palomera, ha compartido a través de sus redes sociales una serie de parámetros a seguir para combatir y vencer a las inmobiliarias cuando se producen situaciones como las denunciadas en redes. El primer pasado recomendado, después de exponer la ilegalidad y aludir a la ley de vivienda, si la inmobiliaria no atiende a razones es pagar.
“Puedes pagar y luego reclamar, pero hazlo por transferencia y asegurándote de que hay factura y concepto claro”, señala Palomera. Una vez pagado y con contrato en curso, la coacción cambia de mano y, en este caso con legitimidad, el Doctor sugiere “mandar un burofax a la agencia y la propiedad donde les exiges el retorno de los honorarios y les avisas que de no hacerlo, emprenderás acciones legales”.
Muy probablemente se revuelvan, situación que nos llevará a los tribunales. “Si son piratas salvajes y se resisten a devolverte el dinero, hay que interponer una demanda de juicio verbal para la reclamación de cantidades. Cuando la cantidad es inferior a 2.000 euros se puede presentar la demanda fácilmente, sin abogado, ni procurador”, señala Palomera. No obstante, y como refleja en su propia exposición, lo más recomendable es acudir a los sindicatos de inquilinos para recibir asesoramiento, consejo y acompañamiento.
