El presidente y máximo accionista de Ferrovial, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, ha acudido en calidad de invitado al encuentro empresarial entre España y Colombia organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en la mañana de este jueves. Todo cuando la empresa anunció hace menos de un mes su cambio de sede a Países Bajos tras salir por mayoría en su junta de accionistas.

Este evento ha tenido como objetivo analizar las prioridades y oportunidades de negocio e inversión en el país, todo ello con motivo de la visita de Estado del presidente Gustavo Petro, que se ha extendido desde este miércoles, con su presencia en el Congreso de los Diputados, hasta este jueves, que ha comparecido junto a su homólogo español, Pedro Sánchez, desde el Palacio de La Moncloa.

Petro ha participado en el encuentro junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez; el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet; el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez; y la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, entre otras autoridades del país.

Del Pino y la ‘fugo’ de Ferrovial

La intención del empresario de querer trasladar la sede de Ferrovial fuera de España provocó un profundo terremoto a nivel político y económico en el país. Finalmente, el pasado 13 de abril, la Junta de Accionistas de la empresa dio luz verde a la propuesta del traslado hacia Países Bajos, aunque se espera que se materialice este 13 de mayo.

Uno de los ejes más complejos al abordarse esta cuestión fue el derecho de separación, es decir, la compensación económica que la compañía se está viendo obligada a retribuir a los accionistas que votaron en contra de esta decisión de fusionarse con su filial neerlandesa FISE.

Es así como Ferrovial marcó un límite de hasta 500 millones de euros para pagar a los accionistas contrarios a dar este paso y que, por ende, deben desprenderse de sus acciones correspondientes (las cuales tienen un valor de 26 euros por unidad). La entidad encargada para gestionar este proceso de separación es el Banco Santander.

Después de anunciar su ‘salida’ de España, Del Pino aumentó su participación en la compañía hasta alcanzar un máximo histórico: 20,448%, tras recibir así acciones vinculadas al cumplimiento de una serie de objetivos definidos por la empresa. Estos datos fueron señalados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y responde al traslado de su sede social a Países Bajos, que tiene como finalidad a la par pedir su cotización en Estados Unidos antes de que finalice el año.

En números totales, Del Pino cuenta con 148.572.311 acciones de Ferrovial de forma directa e indirecta (es decir, a través de sus sociedades), a las que cabe sumar otras 174.580 acciones más materializadas en instrumentos financieros.

El resto de accionistas

Pese a que el poder de Rafael del Pino es el mayor de la empresa, lo cierto es que hay otros agentes que adoptan un papel igual de relevante en lo referente a las acciones. Destaca así, en segundo lugar, María del Pino, presidenta de la Fundación Ferrovial, que cuenta con un 4,25% del total de las acciones.

En tercer lugar, el fondo de inversión británico The Children’s Investment Fund Management (TCI) con un 7% del capital. Por último, y el único que se desmarcó de la decisión del cambio de sede fuera del territorio español, es Leopoldo del Pino Calvo-Sotelo, que cuenta con un 4,25% de las acciones.

Es necesario dar énfasis en que Ferrovial, pese a esta decisión, no puede confirmar en su totalidad la marcha de España, puesto que el 13 de mayo es la fecha límite en la que se agota el plazo para ejercer el derecho de separación. Si la propuesta de mudanza, incluida en el décimo punto en el orden del día de la junta, cuenta con un 2,57% de noes, la marcha de Ferrovial estaría en peligro si estos deciden vender sus acciones y desvincularse totalmente de la compañía.

La visita de Petro y el eje laboral

Si se puede extraer una clave indiscutible de la reunión y comparecencia posterior de Pedro Sánchez y Gustavo Petro en La Moncloa, y todo ello referente al ámbito de trabajo, es que ambos han puesto de relieve las necesidades del mercado laboral, tanto en España como en Colombia.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo de coalición ha celebrado los últimos datos conocidos del paro: la ocupación ha alcanzado los 420.000 afiliados en el primer cuatrimestre de 2023, todo ello cuando los cotizantes han ascendido a 20,6 millones de personas. Asimismo, el paro ha bajado en 73.890 personas durante abril, dejando así una cifra de desempleados menor a la del 2008, en plena crisis financiera.

En la misma dirección, Petro ha ensalzado el modelo de la reforma laboral española: “La riquezas de las sociedades es cada vez más el tiempo de vida libre que el trabajo quita”, ha defendido. Es así como también ha subrayado que la jornada laboral no debe medirse por su extensión, sino por “cuánto tiempo libre queda” para el trabajador, es decir, el tiempo de conciliación. “Coincidimos en el mismo objetivo, que el pueblo tenga jornadas menos extensas y más estables”, ha apostillado como punto en común.