Se multiplican los debates sobre las diferentes orientaciones que mantienen los socios de gobierno sobre la política económica a seguir. Si bien en el reparto de responsabilidades el ministerio de economía -y la presidencia de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos- recaía sobre el Partido Socialista, nada es perfectamente delimitable y aspectos clave para la orientación social de la política económica, en asuntos como el precio de la energía, el acceso a la vivienda, la protección social o la política de empleo caen del lado del socio menor de la coalición, esto es, de Unidas Podemos.

Diferentes proyectos que tienen que cuajar en vivo un sentido y un significado a un acuerdo de gobierno que se precipitó en noviembre de 2020 sin apenas tiempo para madurar exactamente qué es lo que se quería decir cuando se firmaba. Ahora cada uno de los socios interpreta aquél texto desde puntos de vista diferentes y, aunque hasta el momento no se ha llegado a ningún bloqueo determinante, no ha sido un camino fácil. Para más complejidad, España ha tenido que pactar una serie de reformas que son condición indispensable para la ejecución del Fondo de Recuperación y Resiliencia, de manera que además de las dos fuerzas del gobierno, aparece un tercer actor, en absoluto neutral, como es la Comisión Europea.

Estamos a mitad de legislatura y algunos temas nucleares parecen enquistarse, en particular la reforma laboral. Hay que unir a ello el debate que ya se produjo sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional, en el que fue la vicepresidenta segunda quien ganó la pequeña batalla, frente a la vicepresidencia primera, que se mostraba mucho menos entusiasta de apoyar la subida. Si cada una de las fuerzas intenta imponer su proyecto sin madurar adecuadamente la interrelación con el otro socio de gobierno, la legislatura se va a hacer muy larga, y España no puede permitirse muchos retrasos en materia de implementación de las reformas acordadas: si nos retrasamos en el diseño y aprobación de las mismas, no solo no accederemos a los fondos, sino que la credibilidad de España en el conjunto de la Unión Europea se resentirá, y será muy difícil apostar por una continuidad del Next Generation si los países no cumplen. Así que no queda más remedio que desbloquear la situación y avanzar.

Pero, ¿cómo avanzar cuando no tenemos una base compartida para hacerlo, o cuando esa base es tan estrecha? Si las posiciones se enquistan en los principios ideológicos, no habrá mucha solución. Pero si el gobierno acuerda un método compartido para elaborar las reformas y los socios se comprometen a respetar las conclusiones de ese método, habremos dado un paso de gigante. ¿Y cómo podría ser ese método? Debería al menos tener tres componentes: mantenimiento del diálogo social y la consulta pública, diseño basado en las evidencias existentes, y búsqueda del mayor consenso parlamentario posible. Estos tres principios, correctamente adecuados, podrían marcar un recorrido muy fructífero no sólo para esta legislatura, sino para el método de gobierno en nuestro país. Porque sorprende el escaso uso que se hace en España de la evidencia acumulada para tomar referencias en el diseño de las políticas públicas, y los procesos de participación y diálogo social se circunscriben a negociaciones que en pocos casos terminan en una propuesta pactada.

Sería interesante que el gobierno pensase en estructurar este procedimiento a través de una unidad de implementación de las reformas, no para sustituir a los ministerios, o para concentrar poder en la presidencia del gobierno, sino para asistir metodológicamente a los diferentes departamentos en la preparación de las propuestas legislativas. La desventaja de esta método es que es un formato en el que los debates ideologizados tienen una cabida menor, y la evidencia acumulada puede no favorecer a unos u otros actores políticos, dependiendo de sus ideas en cada caso concreto. Estructurar un método basado en las evaluaciones de políticas públicas, la revisión sistemática de casos de estudio y el recurso a la experimentación pública, podrían ayudar en gran manera a mejorar la gobernanza de las reformas que quedan por hacer. Lamentablemente el clima necesario para establecer este método de trabajo está lejos de ser común en nuestro país, pero no debemos resignarnos a ver este espectáculo mediático sin intentar mejorar la calidad de nuestras políticas públicas.