Varios meses han transcurrido desde que comenzó la negociación entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones y los agentes sociales para sacar adelante la tan esperada reforma de las pensiones. La intención de José Luis Escrivá, titular de la cartera, es garantizar la sostenibilidad del sistema, superando el baby boom, y evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. La primera parte de la reforma, que incluye la revalorización de las prestaciones con respecto al IPC (8,5% este año), ya ha pasado todos los trámites parlamentarios y entrará en vigor en enero, pero ahora el problema lo plantea la tan polémica segunda parte. Además, la aprobación de la totalidad de la reforma es un compromiso adquirido con Bruselas para percibir el tercer desembolso de los fondos europeos y su límite temporal finaliza con la llegada del nuevo año.
El consenso y los acuerdos en el pacto de Toledo habían marcado hasta este momento las líneas a seguir por Escrivá, dándole la salvaguarda para aprobar las modificaciones y contando con el apoyo de los agentes sociales. Así transcurrían las negociaciones hasta que el ministro, de forma inesperada, puso sobre la mesa la modificación del periodo de cómputo para calcular las pensiones, pasando de los 25 a los 30 años y pudiendo elegir los 28 mejores. Este es el único aspecto de la reforma no mandatado por el citado pacto de Toledo que, además, no gusta ni a los sindicatos ni a los socios de Gobierno de Unidas Podemos. No obstante, a pesar de no contar con apoyo en el seno del Ejecutivo ni entre los agentes sociales, Escrivá no ceja en su intento de incluir esta modificación, que considera esencial para garantizar la sostenibilidad del sistema, en la norma.
“La ampliación del cálculo de la base reguladora a 30 años es un endurecimiento en el acceso a la jubilación que nosotros no podemos compartir”, trasladaba Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, al conocer la propuesta de Seguridad Social, dejando claro que la parte morada del Gobierno no está por la labor de apoyar esta reforma. “Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos. En este sentido, nuestra posición es bien conocida y no la compartimos", sentenciaba. De esta manera, parece que si la parte socialista quiere sacar adelante el nuevo periodo de cálculo tendrá que hacerlo sin el apoyo de Unidas Podemos.
En la misma línea, los sindicatos (CCOO y UGT) se muestran muy críticos con la nueva propuesta de Seguridad Social y rechazan lo que consideran una “equivocación del ministro”. “El sindicato no va a negociar, ninguna medida que no vaya avalada por un consenso suficiente en materia de pensiones”, aseguraba Unai Sordo, secretario general de CCOO, haciendo hincapié en la no inclusión de la modificación en el pacto de Toledo. Desde el sector empresarial, representado por la CEOE y Cepyme, aseguran que el sentimiento transmitido por el Ministerio es de no querer negociar y de buscar su apoyo sin dar lugar a la negociación.
En consecuencia, parece que el líder de la cartera de Seguridad Social no conseguirá acumular ningún apoyo externo antes de finalizar el año, lo que imposibilitará el cumplimiento del hito prometido a Bruselas. Así lo confirmaba Sordo el pasado jueves, señalando que lo más probable es que la negociación perdure durante el próximo 2023, aunque fuentes de Seguridad Social recuerdan que aún queda un Consejo de Ministros antes de que finalice el año en curso. No obstante, a pesar de que se demore su aprobación, esto no parece un problema de calado para la percepción del tercer desembolso de los next generation, aseguran fuentes conocedoras, ya que, tanto en otras ocasiones como en otros países se han producido en alguna ocasión retrasos. La aprobación de la Comisión Europea de esta partida está planeada para febrero, por lo que Escrivá todavía atesora algo de tiempo, aunque no mucho, para convencer al resto de contendientes, ceder o sacar adelante la reforma sin apoyos.
Propuesta de Escrivá
La intención del Ministerio es ampliar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, pero a partir de 2027 y de forma progresiva, cinco meses por año, hasta 2038. De esta manera, se confirma que la pretensión de Escrivá es esperar al despliegue total de la anterior subida de la edad aprobada, 25 años en 2027, para comenzar este nuevo incremento. Además, de los cinco meses que se ampliarán por año a partir de esa fecha, el trabajador podrá escoger los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos. Fórmula similar a la que se pretende implantar una vez se alcanzase los 30 años en 2038, que el trabajador pueda descartar los 24 peores meses del periodo y quedarse con los 28 mejores años.
Además, el ministro pretende aumentar los ingresos a la Seguridad Social haciendo que los empresarios paguen más por los trabajadores con mayores salarios aumentando las bases máximas de cotización. El primer planteamiento pasa por aumentar el 28,85% las bases máximas entre 2025 y 2050, a tenor de 1,154 puntos por año, además de lo que cada año suba la base máxima según el IPC. También se pretende modificar el incremento de las pensiones máximas, que cada año suben según el IPC. La idea de Seguridad Social es que aumenten entre un 15 y un 25% las prestaciones máximas, además de lo que suba según la inflación cada año.
