Este lunes tendrá lugar una reunión clave del Eurogrupo en la que se debatirá sobre la evolución de los mercados de energía, la evolución y los retos de los mercados de trabajo y la coordinación marcoeconómica y financiera. Se prevé que el encuentro entre mandatarios, al que por parte de España acude la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; sea tenso y enfrente las diferentes posiciones contempladas. Por un lado, los gobiernos de los frugales, liderados por Países Bajos, reticentes a regular el mercado. Por el otro, la alianza ibérica presenta una reforma ambiciosa y centrada en abaratar las facturas de los hogares.
Desde la Comisión Europea, conscientes de las posiciones contrarias asumidas por algunos países, se preparan para iniciar otras vías. Así lo reflejan en el plan para incentivar la industria verde (A Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age) publicado recientemente y en el que se reservan la posibilidad de iniciar una acción legislativa que “asegure que los Estados miembros desarrollen las infraestructuras energéticas transfronterizas necesarias” y evite posibles retrasos en la construcción de las conexiones que afectan a todo el continente. No obstante, desde Bruselas intentarán antes convencer a aquellos países contrarios a la construcción de un mercado energético único.
Es la falta de conexiones, precisamente, lo que obligó a la Comisión a aceptar el pasado 8 de junio la excepción ibérica planteada por España y Portugal para reducir el precio de la factura de la luz. En 2022 las redes eléctricas entre España y Francia alcanzaban un bajo 3% de interconexión, lo que convierte a la península ibérica en una isla energética. Esta independencia energética es la que ahora el Gobierno de Úrsula von der Leyen quiere alcanzar para el conjunto de la Unión, alejándose de la dependencia del gas rusa y fomentando la independencia energética europea.
“El primer objetivo, cuando comenzó el debate, era desacoplar el precio de los fósiles del precio de la electricidad. Hay un informe del Tribunal de Cuentas Europeo donde decía que el regulador europeo ACER (Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía) no había sido capaz de ver las anomalías que había en el mercado y tener subidas de precios que parecía especulativas. Lo que subyace es la ortodoxia de algunos actores por defender las anteriores reglas y otros que estamos defendiendo que eso tiene que cambiar porque no se adaptan a la realidad”, transmitía Nicolas González, eurodiputado socialista y miembro de la Comisión de Energía, en una entrevista concedida a este periódico.
Propuesta española
Nuevamente, el Gobierno de España el encargado de asumir la responsabilidad de transformar el mercado energético europeo, tal como demuestra la propuesta de reforma que remitió hace ahora un mes a Bruselas. En una clara apuesta por incentivar las renovables y alejarlas del elevado precio que las tecnologías marginales (gas o carbón) introducen en el mercado, Transición Ecológica sugiere a la Comisión Europea desarrollar un mercado a plazo (largo) y con capacidad que, complementado con un mercado a corto plazo muy líquido y transparente, aporte estabilidad en los precios para los consumidores, seguridad de suministro e ingresos estables para los generadores y almacenadores.
Esta propuesta detallada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico será debatida en el seno de los Veintisiete la próxima primavera, motivo por el que no cabe esperar que se tome una decisión con celeridad. Por ello, la cartera liderada por Teresa Ribera ha solicitado simultáneamente a Bruselas la ampliación del periodo de la excepción ibérica hasta finales de 2024 para evitar la contaminación del mercado ibérico por el elevado precio del gas y conseguir mantener el coste de la energía más bajo de Europa.
Los estudios teóricos en los sustenta el Gobierno su propuesta, sobradamente contrastados con la inesperada guerra de Ucrania y la crisis energética devenida de esta, ponen de relevancia que el actual diseño del mercado eléctrico se encuentra ya caducado. Así, es evidente su incapacidad para hacer frente a situaciones de elevada volatilidad (stress proof) y a la incursión en él de energías renovables y recursos a largo plazo (future proof). El problema, más concretamente, es que la composición actual sujeta al sistema de fijación marginalista a corto plazo determina que el precio lo marque la última tecnología en entrar en el mercado marginal.
Esto provoca que el precio que luego tienen que afrontar los consumidores no refleja el coste medio real del mix energético, genera beneficios extraordinarios para aquellos generadores cuyos costes de producción está muy por debajo de los marcados por las tecnologías marginales, no atrae a la inversión de renovables y, además, no garantiza la seguridad de suministro al tener una naturaleza cortoplacista. Todo ello, en suma, dispara la factura de los hogares y engrosa las cuentas de resultados de parte del sector energético. Con respecto a la solución, otro de los problemas es el entramado tedioso diseñado por la Unión Europea. Las políticas de competencia, los innumerables pasos a seguir y la exigencia de que algunas medidas sean la última alternativa y de carácter temporal impide desarrollarse dentro del mercado eléctrico actual. Es aquí donde entra el juego la propuesta española.
Los instrumentos a largo plazo son el pilar fundamental, articulado en dos patas: contratos a plazo de energía y de capacidad. En el primer caso, se articularían a través de la fórmula de los contratos por diferencias (CfD) con un precio fijo y orientado a cubrir los costes de los generadores, añadiendo en el caso de las energías inframarginales (nuclear e hidráulica) incentivos para la disponibilidad, es decir, para producir en los momentos de mayor escasez de energía y precio más elevado. En el caso de la capacidad la idea es, también a través de incentivos, propiciar la disponibilidad y el almacenamiento para, de esta manera, garantizar la seguridad de suministro. Esto puede realizarse a través de diferentes instrumentos, a elegir por los Estados miembros, como las reservas estratégicas, las subasts de capacidad o las obligaciones descentralizadas.
