Galopante crisis económica y mayoría absoluta conservadora, del PP, en el Gobierno central y en la Comunidad de Madrid. Combinación perfecta para hacer lo que el Partido Popular siempre soñó y toda la vida negó públicamente: privatizarlo todo, especialmente la sanidad. Para el Partido Popular, y especialmente para el Gobierno madrileño, la sanidad no es un derecho, es un negocio y algunos se van a hacer muy, pero que muy ricos.
Una tarta de 500 millones anuales
La derecha española siempre ha querido hincarle el diente a la sanidad. Ignacio González, nuevo Presidente de la Comunidad de Madrid por el método de la "herencia", ni ha perdido el tiempo ni tiene complejo alguno. Las grandes empresas que ya han entrado en la gestión de hospitales en Madrid y en Castilla La Mancha preparan su asalto, aunque públicamente dicen no tener mucho interés. Es una estrategia de relaciones públicas: si los ciudadanos les ven deseosos de lanzarse sobre la pieza, Ignacio González podría tener problemas. Y las empresas no quieren complicarle la vida a su 'benefactor'.
El negocio es redondo: los hospitales son un inversión muy cara, se han hecho con dinero de todos los ciudadanos (vía impuestos), las empresas que se quedarán con ellos reciben la obra gratis sin invertir un euro y encima el Gobierno regional, es decir con los impuestos de todos los madrileños, les pagará unos 500 millones de euros al año solo por la privatización de seis hospitales. Y no olvidemos que tiene clientela asegurada porque enfermos nos ponemos todos alguna vez en nuestra vida. Podemos imaginar muchos ejemplos muy básicos para explicar lo que va a hacer el PP en Madrid. Imaginense, por ejemplo, que a usted le dan una casa gratis pagada con dinero de todos su vecinos y encima usted no solo no paga alquiler, sino que el gobierno le paga todos los meses por ocupar la vivienda y manteneral en funcionamiento. Habrá que vigilar muy de cerca los pliegos de condiciones con los que la Comunidad de Madrid sacará a concurso los hospitales. Al menos la oposición debería hacerlo.
Hay tres grandes empresas, algunas con fondos de inversión cuya sede está en paraísos fiscales, que se disponen a hacer un negocio redondo: Ribera Salud, Capio y HM Hospitales. Por cierto, los 500 millones al año que el gobierno del PP en Madrid pagará a los adjudicatarios de los 6 hospitales salen de las cuentas que ha facilitado el propio gobierno madrileño y probablemente se queden cortos.
Movilizaciones espontáneas mientras la policía rodea el Hospital de La Princesa
Los trabajadores de la sanidad pública madrileña han comenzado a movilizarse espontanemente en todos los frentes. Llevan años soportando recortes continúos, supresión de derechos laborales en los hospitales cuya gestión ya ha privatizado el PP y ahora ya no solo temen nuevos recortes de derechos y despidos, sino que saben que se enfrentan al final de la sanidad pública en Madrid.
El Hospital de La Princesa está liderando las protestas, hasta el punto de que la Policía Nacional ha rodead el centro sanitario al menos con seis furgones sanitarios, simplemente porque los trabajadores protagonizan una concentración de protesta ante la intención del gobierno madrileño de convertir este hospital en un geriátrico, dicho con el lenguaje del PP se transformará en un centro "especializado en la atención a mayores de 75 años". El gobierno del PP, tanto estatal como madrileño, está dispuesto a intimidar a cualquiera que se manifieste.
Pero tendrán que emplearse a fondo, porque la marea de protestas se extiende también a los hospitales de gestión mixta público privada (gestión pública en las áreas médicas y privada en el resto de servicios como administración, limpieza, seguridad o comedor). Hospitales como el Infanta Sofía, Infanta Cristina, Tajo y Sureste preparan movilizaciones.
