La fecha de las elecciones generales se acerca y Alberto Núñez Feijóo, el derogador, ya ha anunciado que, de salir triunfador, arrojará sal a la mayoría de campos plantados por el Gobierno de coalición. Podría ser tan solo un brindis al sol, una promesa electoral que luego no llega a materializarse, de igual manera que pasó cuando Mariano Rajoy llegó a la Moncloa y se olvidó de derogar todas aquellas leyes del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que había prometido. Este sería el escenario más optimista que podría darse si los populares salen victoriosos de los comicios de julio; el resto tan solo traería problemas.

La derogación de la ley de Memoria Democrática, la ley Trans, la ley de Educación o la ley de Eutanasia, todas ellas confirmadas por Feijóo como objetivos a abatir, tan solo busca retroceder en avances sociales y damnificar a los colectivos más vulnerables. La desmembración de la Reforma Laboral, que ha propiciado el récord de afiliados de toda la historia y ha situado el paro en niveles de 2008; la caída de la reforma de las pensiones, contra la que el PP cargó con virulencia; y el fusilamiento de la ley de Vivienda, que ya ha comenzado en las autonomías gobernadas por los populares, son las consecuencias que sufrirán los trabajadores.

Hay miedo en Europa

No obstante, más allá del fuerte retroceso que un Gobierno bicolor de PP y Vox traería al tablero nacional y beneficiaría a los mismo pocos que en 2012, lo cierto es que todas estas derogaciones y particiones traerían problemas a España a nivel europeo. Reformas que el PP se ha propuesto tirar por tierra, como la del mercado laboral, la que revaloriza las pensiones o la ley de Vivienda, son compromisos adquiridos con Bruselas para la percepción de fondos europeos. Estas leyes dan cumplimiento a hitos y objetivos que han posibilitado la llegada a España de 37.000 millones de euros y su posible eliminación, con el dinero ya en las arcas nacionales y repartido entre CCAA, no gusta nada en la Unión Europea.

“Hay miedo en Europa”, ha confirmado a ElPlural.com Lina Gálvez, vicepresidenta de la Comisión Europea de Industria, Investigación y Energía. “Llegar a unos compromisos y decir abiertamente que se van a incumplir es un problema”, ha añadido. Un problema que va mucho más allá de luchas electorales y que pagaríamos todos los españoles. Por un lado, España podría dejar de percibir los fondos europeos o, incluso, tener que hacer frente a devoluciones de los ya percibidos al retroceder e incumplir objetivos que ya se habían superado con las reformas desarrolladas en el último año.

Además de perder los tan valiosos next generation, que han posibilitado el crecimiento dinámico y resiliente de la economía española, el prestigio evidente que ha adquirido España a nivel europeo se vería vilipendiado en apenas días. “Dejaríamos de ser un socio fiable en las negociaciones y perderíamos el prestigio que tanto nos has costado ganarnos”, ha lamentado la eurodiputada socialista. Sin fondos europeos, sin prestigio y despojados de relevancia, la situación podría ir aún peor. España también está amenazada con sanciones por políticas autonómicas como las desarrolladas por Juanma Moreno Bonilla en Doñana o la crisis sanitaria del Gobierno de Castilla y León (PP y Vox) derivada de la rebaja de controles a la tuberculosis bovina.

Están alentando a la población en una espiral populista

“Se está normalizando el negacionismo de la evidencia científica y el incumplimiento de la normativa europea”, ha apuntado a este periódico la parlamentaria europea. Bruselas ya ha advertido a la Junta de Andalucía de que su ley de regadíos ilegales vulnera la legislación europea y de Castilla y León no pueden salir cabezas de ganado por el miedo a que el liviano control del Ejecutivo de Mañueco y García-Gallardo termine por extender la tuberculosis bovina por todo el territorio nacional y europeo. “Si incumples la normativa y las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE hay sanciones”, relata Gálvez, que pagaríamos todos los españoles.

La amenaza de la extrema derecha

“Cuesta mucho trabajo alcanzar acuerdos”, ha detallado la parlamentaria. El avance de la extrema derecha en todos los territorios es uno de los aspectos que la catedrática de Historia señala como detonantes para el viraje de la derecha conservadora a posiciones reaccionarias. “Están alentando a la población en una espiral populista”, ha denunciado, ejemplificando que en el caso de la polémica por la visita de diputados alemanes a Doñana ha primado el argumento “trumpista” de “son de fuera y no conocen esto”.

“La normalización de la extrema derecha está produciendo que el Partido Popular Europeo esté virando mucho a la derecha y alcanzado acuerdos con los dos grupos de extrema derecha”, ha asegurado. El último consenso entre el PP europeo y la fuerzas de ultraderecha fue votar en contra de una ley para evitar la explotación laboral y el trabajo infantil. Esta deriva, advierte Lino, se está reproduciendo cada vez más a nivel nacional, pero “su objetivo último es la Unión Europea”, para la que se celebran elecciones en 2024. “Estas elecciones son muy importantes”, ha concluido la europarlamentaria, que presencia en primera fila y con resignación el avance de la extrema derecha a todos los niveles.