El Partido Popular (PP) y Vox han votado en contra de una directiva europea que busca acabar con la explotación laboral y el trabajo infantil en el espacio europeo, así como reducir el impacto de la actividad empresarial en el medioambiente. Se trata de un proyecto sobre la Directiva de Diligencia Debida de Sostenibilidad Corporativa de la Unión Europea que, finalmente, ha salido adelante con 366 votos a favor, 225 en contra y 38 abstenciones.

La legislación busca evitar el trabajo infantil, la explotación laboral, la contaminación o la degradación medioambiental, exigiendo a las empresas vigilar, prevenir y mitigar no solo su impacto, sino también el de sus socios dentro del proceso de la cadena de valor. Así, esta directiva pretende que las empresas que venden productos en la Unión Europea controlen a sus proveedores y tomen medidas si encuentran este tipo de abusos laborales o daños medioambientales.

Un ejemplo de esta medida sería comprobar que la fruta y la verdura que se vende en la Unión Europea no ha sido recolectada por personas que trabajan en condiciones de precariedad en trabajo forzoso o por mano de obra infantil. Del mismo modo ocurriría con el tema textil y en el contexto de la moda. Esta nueva directiva se destina a las empresas con sede en la UE con más de 250 empleados y una facturación superior a 40 millones de euros. También se suman las matrices con más de 500 empleados y 150 millones de euros de facturación global.

En concreto, aborda empresas no europeas con una facturación que supere los 150 millones de euros, de los cuales al menos 40 millones de las ganancias que se hayan generado en la UE también quedarán cubiertas.

PP y Vox votan en contra

En esta ocasión, los populares europeos han mostrado divisiones en el Parlamento Europeo con 12 de los 13 parlamentarios del PP que se pronunciaron en contra de la directiva. El eurodiputado Juan Ignacio Zoido se abstuvo. También lo hicieron cuatro representantes de Vox. “No se les puede hacer responsables de todo lo que hacen sus proveedores”, dijo en el debate Ivan Stefanec, miembro del Partido Popular Europeo (PPE).

De hecho, la delegación española del PP defiende su voto en contra porque considera que los compromisos eran “demasiado gravosos para la empresa de la UE, especialmente, pymes”, según indican fuentes a medios de comunicación como elDiario.es. Por su parte, el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, afirmó durante el debate que “las violaciones de derechos humanos se persiguen con policía, jueces, cárcel o dejando de financiar a sátrapas extranjeros, pero no imponiendo más cargas, obligaciones, gastos e ideología en las empresas". 

La directiva tendrá que negociarse entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión antes de ser aprobada definitivamente. También se contempla un régimen de sanciones para las sociedades que incumplan estas directrices como la retirada de los productos del mercado o multas de hasta el 5% de sus ingresos. Se trata de una directiva que busca paliar una preocupante situación que se alarga en todo el globo terráqueo.

Aproximadamente hay 160 millones de niños en todo el mundo que se encuentran en situación de trabajo infantil. En el caso del trabajo forzoso u obligatorio, los registros apuntan que hay 25 millones de personas de casos en el contexto internacional.

Votar en contra de los derechos humanos

Por su parte, el eurodiputado del PSOE en el Parlamento, Ibán García del Blanco, cuenta a ElPlural.com lo “sorprendente” que es que estas formaciones políticas hayan votado en contra de cuestiones básicas recogidas tanto en el derecho internacional como en los principales ejes de la Unión Europea. “Nos sorprende que el PP y Vox hayan votado a favor del tráfico infantil, el trabajo esclavo o delitos contra el medio ambiente y avergüenza porque son cuestiones recogidas en los ejes fundaciones de la Unión Europea o en convenios internacionales”, agrega.

Tendrían que pedir perdón o rectificar o explicar que no conocían bien el contenido

Asimismo, también lamenta que las declaraciones en la motivación de su voto se hayan centrado en el punto de las pymes, pues ello supone que “ni siquiera se han molestado ni en por supuesto no han trabajado la ley, sino en leer un resumen ejecutivo de la ley o la directiva”, pues explica que justamente la directiva “excluye a las pymes”. "La directiva en este caso remite o excepciona su aplicación de las empresas que tienen menos de 250 empleados. Es más, hay normas concretas que se aplican con compromisos medioambientales, que son los que se aplican a empresas que tengan más de 1.000 empleados, es decir, que las pymes están expresamente excluidas del funcionamiento de la ley", aclara García. 

“Nadie puede entender que esta directiva haya tenido rechazo por parte del PP”, explica Ibán. “Tendrían que pedir perdón o rectificar o explicar que no conocían bien el contenido”, dice tajantemente el eurodiputado. Algo sobre lo que también el presidente del Gobierno se ha pronunciado al respecto a través de un tuit en la plataforma social. 

Ibán también se pronuncia con respecto a las declaraciones de Buxadé y Vox en su voto en contra. “Todo esto nos retrotrae a los tiempos del absolutismo antes de la Revolución francesa”, a lo que añade que es “moral y ético que los europeos y europeas nos aseguremos de que nuestras empresas y nuestras compañías en el exterior estén cumpliendo unos estándares mínimos de respeto a los derechos humanos, esa es la gran idea que hay detrás de la Unión Europea y no entiendo que haya propuestas políticas que no le den importancia a esto, es lamentable”, ultima.